Greenpeace denunció que la familia Canido, dueña de las gaseosas Manaos, continúa con el desmonte en Santiago del Estero. Ya avanzaron sobre más de 12 mil hectáreas de bosques nativos, una superficie equivalente a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires. La historia se repite.
Bandas armadas. Topadoras. Alambres cortados. Avasallamiento. Amenazas. Denuncias y contra denuncias. Empresarios ávidos de usurpar las tierras ocupadas ancestralmente por comunidades originarias. Campesinos hartos de las embestidas, nucleados en movimientos que pelean por sus derechos.
La descripción se ajusta, en pocas palabras, al panorama que se vive en muchas localidades del interior de la provincia. Un complicado horizonte que, cada día, pareciera contar con nuevos ingredientes, que sólo vienen a enredar aún más la situación. Sin embargo, todo se podría reducir en un solo término: Tierra.
La lucha de los campesinos por el derecho a la tierra no es tema nuevo. Los avasallamientos de sus derechos sobre el suelo que habitan desde tiempos inmemoriales se convirtieron, en moneda corriente. Sus reclamos por los atropellos sufridos se acumulan junto con las denuncias contra aquellos empresarios desaprensivos que no dudan en utilizar topadoras para arrasar el campo junto con bandas armadas para expulsar a los legítimos poseedores ancestrales.
Tal es así que, Santiago del Estero encabeza la lista de provincias con más desmontes del país de las últimas décadas. Según datos oficiales del “Monitoreo de Bosques Nativos”, desde 1998 en la provincia se deforestaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos.
En ese complicado horizonte, aparece una vez más, como figurita repetida, el nombre de Orlando Canido, propietario de la empresa de gaseosa “Manaos”.
El empresario aparece ligado reiteradamente a la problemática de la tierra. Tal es así que en la edición 1094 de LA COLUMNA, del 27 de noviembre de 2014, hace casi una década, en un amplísimo informe, se denunciaba el accionar del empresario, haciendo hincapié que habría contratado la presencia de grupos paramilitares con el propósito de ocupar las tierras de la comunidad originario guaycurú, según las denuncias del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Era la primera acusación que esta editorial presentaba en contra de Canido, la que fue ampliada, en virtud de diferentes hechos que lo implicaban, en distintas ediciones a lo largo de estos años.
HECHOS REITERADOS
Más allá de sus actividades empresariales ligadas al mercado de las gaseosas, Canido es reconocido entre los campesinos, no sólo de Santiago del Estero, sino también de Jujuy, Salta y Formosa, quienes lo tildan como “empresario cañero” o “productor de soja”.
Tal es así que, en octubre de 2013, en “Bajo Hondo”, en el departamento Juan Felipe Ibarra, a 15 km de Pozo del Toba y a 80 km. al sudeste de la ciudad de Quimilí, donde habita una comunidad indígena del pueblo Guaycurú, Canido llegó ofreciendo viviendas, tendido eléctrico y reubicación de las más de 65 familias que habitan el lugar. Sin embargo, “al no poder negociar por 4 mil hectáreas, avanzó bajo amenazas y amedrentamiento permanente, alambrando con custodia de paramilitares, parte del territorio comunitario. Actualmente el conflicto sigue tenso porque el sicario "Lachi" Letonai y su banda armada disparan contra los vehículos y las familias”, explicaron desde Comunidades Campesinas Indígenas, una entidad con personería jurídica que se encargó de realizar el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Ley 26.160) con participación del Estado Provincial y Estado Nacional.
Mientras que en la Comunidad “El Tunal”, del pueblo originario “Vilela”, ubicada a 16 km. al norte de Quimilí, “Orlando Canido viene comprando "posesiones" a ex pobladores de la zona afectando el territorio y negando el acceso al agua de un pozo comunitario”, agregaron.
Más al norte de la provincia, en el departamento Alberdi, desde el 2008, la Comunidad “Sacha Sumaj” del pueblo indígena “Lule Vilela”, que nuclea varios parajes, “las familias vienen resistiendo a situaciones complejas que amenazan su producción, la reproducción y sustento familiar debido a los intentos de apropiación de 5 mil hectáreas por parte de Orlando Canido, quien dice haber comprado las tierras en un remate a Banco Nación”, objetaron los campesinos.
“En 2011, 2012 y finales del 2013, la comunidad nuevamente ha frenado el asentamiento de Manaos, que vinieron con gente armada, casilla, alambre, topadora para instalarse y, la última vez, alambraron, cerraron caminos vecinales, huellas y encerraron animales que se han muerto de sed. La comunidad sigue alerta y dispuesta a defender el territorio que es pastoreo de los animales”, denunciaron desde Comunidades Campesinas Indígenas.
| “Manaos sigue amargando la vida campesina indígena” |
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Así se titula el comunicado que el Mocase emitió a fines de agosto de 2016, y que sirve como un ejemplo más de la situación que atraviesan los pobladores ancestrales.
BANDAS ARMADAS
En noviembre de 2014, LA COLUMNA explicó que, según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Orlando Canido “aparece nuevamente con sus amenazas y paramilitares para acaparar tierras comunales en los departamentos Moreno, Juan Felipe Ibarra y Alberdi”.
Se trata de la comunidad indígena guaycurú que habita el llamado “Lote 5- El Colorado”, ubicado a 45 kilómetros al este de Quimilí. “Hace un mes recuperamos parte de nuestro territorio para impedir el ingreso de máquinas topadoras y rolos del empresario Orlando Canido, quien habría comprado la propiedad a Morel Bullez empresario del agro-negocio oriundo de Monte Maíz, provincia de Santa Fe, a raíz de fracasados intentos de expulsión de las familias desde el 2004”.
Miguel Pérez, miembro de la comunidad indicó que “la gente armada puesta por el empresario sigue aquí, dan vueltas, pegan tiros para asustarnos. Es difícil vivir. Esta gente contrata otra gente que van mostrando armas por las casas, matando animales de las familias, robando. Ahora se ha hecho un relevamiento, tenemos personería jurídica... pero como hay plata en el medio nunca se sabe cómo será el resultado. Nosotros hemos entregado todos los papeles a la justicia".
La organización campesina aseguró que el 15 de octubre de 2014, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 y disparó ante los integrantes del MOCASE que habían instalado una carpa de resistencia. A punta de pistola, los violentos desalojaron la carpa, e intentaron apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú.
“Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR (Grupo Especial de Tareas y Operaciones de Alto Riesgo) de policía provincial se llegara al lugar”, señaló el MOCASE.
Sin embargo, denunciaron que “antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del MOCASE que se encontraban defendiendo la posición”.
De modo tal que, cuando llegaron los 60 efectivos del GETOAR, se detuvo a Ladislao “Lachi” Letonai y Pablo Letonai, líderes de la banda, y se secuestraron armas, mientras el resto de los miembros del grupo paramilitar, entre los cuales habría varios ex policías, se escaparon hacia un campo vecino.
“La banda armada está liderada por los Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la empresa de gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou”, explicaron desde el MOCASE.
Por este hecho, en la tarde del 9 de octubre de 2016, Orlando Canido se presentó ante la jueza Rosa Falco, a cargo del entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación, quien le tomó declaración indagatoria. El empresario había presentado un pedido de eximición de prisión, que le fue concedido por la magistrada.
TOPADORAS AL ACECHO
El 18 de diciembre de 2015, las familias de Bajo Hondo habían decido frenar los desmontes. “La comunidad se puso firme ante las topadoras que pretendían arrasar miles de hectáreas de monte nativo, donde viven 60 familias”, destacó Gustavo Vasallo, uno de los integrantes de la entidad campesina.
“El 21 de diciembre exigimos la presencia de la Dirección de Bosque y Fauna y del Comité de Emergencia de la provincia, que vinieron para constatar la presencia de las topadoras, de los hornos y de la gente armada que tiene Orlando Canido, tanto en la salida que las familias utilizan como en diferentes ‘puestos’ distribuidos en las 4000 Ha. de la comunidad. La policía se encuentra presente en el lugar custodiando que no haya enfrenamientos; sin embargo, las amenazas siguen cuando las familias salen del campo por mercadería o por distintas necesidades”, precisaron desde la organización campesina.
“Hoy somos más de 100 compañeros del MOCASE –Vía Campesina-, hombres, mujeres y niños que permanecemos en el lugar acompañando esta lucha. Decimos basta a las amenazas, a los desalojos, a la matanza de animales, a las topadoras porque no vamos a permitir que ni una planta más caiga, este monte es nuestra vida...”, indicaron desde el MOCASE.
A la vez, precisaron que “a pesar de la vigilancia policial y lo ya constatado por la Dirección de Bosque y Fauna, en los últimos días, gente contratada por Orlando Canido, entró al territorio y se llevaron la leña y el carbón de manera ilegal. Por lo tanto, exigimos que esa carga aparezca y sea decomisada”, señalaron a fines de febrero pasado.
“Lo que él hizo es seguir desmontando, seguir haciendo carbón, una vez que el plan fue paralizado. A raíz de eso, la Dirección de Bosques fue, hizo la respectiva constatación y mandó el secuestro de las maquinarias, que están paradas en este momento”, agregó Vasallo.
FUEGO, TIROS Y PERSECUSIÓN
El 24 de septiembre de 2016, la comunidad guaycurú de Bajo Hondo, sufrió en carne propia todo el peso del grupo armado que habría sido enviado por el empresario Canido, según la denuncia del Mocase.
“La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían cómo prendían fuego a las viviendas y a los vehículos”, aseguraron desde la organización campesina.
En ese momento, el poblador Pedro Campos, de 46 años, nacido y criado en Bajo Hondo, al igual que sus padres y abuelos, recibió un balazo en una de sus piernas.
Después del fuego vino el ataque a los animales. “Mataron a 6 e hirieron a más de 14?, contaron los vecinos. “Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. E incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo”, añadió el Mocase en un comunicado.
A la vez, señalaron que “había policía en el lugar, pero el ataque los sobrepasó, incluso les incendiaron a ellos la casilla que tenían para vigilancia”.
Este hecho fue investigado por el juez de Crimen de 3º Nominación, Dr. Darío Alarcón.
LOS EX JUECES
Por otro lado, los campesinos denunciaron que “tenemos innumerables causas como imputados”, las que recayeron en los exjueces Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Moreno. Los mismos magistrados que, el 3 de mayo de 2021, fueron condenados a 5 años de prisión por los delitos de defraudación calificada, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Eran los 3 jueces que perseguían con mayor vehemencia al Mocase - Vía campesina y que solían trabar todas nuestras denuncias cuando los compañeros las realizaban”, explicaron desde el MOCASE:
“Gran parte de la trama burocrática era responsabilidad de estos jueces y sus instructores, quienes respondían directamente a los intereses de los empresarios”, señalaron.
A la vez, indicaron que “estos jueces -funcionales al agronegocio- han perseguido a los poseedores de la tierra y productores de alimentos y no han hecho caso a las innumerables presentaciones de pronto despacho y avocamientos urgentes para agilizar la inactividad de estos jueces y sus instructores en las causas donde los campesinos son víctimas querellantes”.
Previo a su condena, luego de su renuncia como magistrados, desde el movimiento campesino insistieron que su accionar “deja a las claras que no podemos seguir con una política criminal inquisitiva en la provincia”.
DENUNCIA DEL FISCAL DE ESTADO
En septiembre de 2017, el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, constató la apropiación y el desmonte ilegal de 19 mil hectáreas y 32 lotes que pertenecen a la provincia en los departamentos Moreno y Alberdi. Dicha usurpación y adquisición ilegítima le fue adjudicada a Orlando Canido.
El fiscal Abate indicó que “estamos verificando denuncias que nos han llegado de que un empresario estaría tomando, usurpando, adquiriendo de forma ilegítima lotes que son de la Provincia de Santiago del Estero. Hasta el momento, hemos logrado constatar prácticamente 12 lotes. Falta todavía seguir constatando, creemos que en total deben ser 32 lotes que ha tomado este empresario”.
Durante los operativos, realizados en las localidades Colonia “Árbol Blanco”, en el departamento Moreno, y Colonia “Lote 19”, en el departamento Alberdi, el fiscal estuvo a acompañado por la directora de Tierras, Bosques y Medio Ambiente de Fiscalía de Estado, Dra. Andrea Olmedo; la directora de Tierras del Ministerio de Producción, Dra. Mónica González Bernal y el director general de Bosques, Ing. Víctor Rosales.
El titular de Fiscalía de Estado precisó que “lo que se ha podido comprobar, hasta el momento, son alrededor de 19.000 hectáreas, casi 32 lotes que la provincia tenía adjudicados a colonos y estos lotes ahora -en forma ilegítima- habían ido a parar en manos del empresario”.
A la vez, el fiscal fue contundente al señalar que fueron “levantadas actas notariales” indicando que “se trataría de una firma denominada Manaos y cuyo propietario sería Orlando Canido, quien estaría asociado a la empresa Lipsa (Chaco) y que les hace servicios de siembra”.
Asimismo, contó que “se han constatado desmontes, se han secuestrado dos topadoras, se han levantado imágenes fotográficas, también se han tomado videos, en todas estas circunstancias hay una producción de soja ensilada, una producción importante. De todo esto va a tomar cartas la Justicia”.
Sin embargo, Orlando Canido aseguró que el fiscal de Estado estaba en un error al acusarlo de usurpar más de 19.000 hectáreas.
EVASIÓN DE IMPUESTOS
En otro orden, el 7 de febrero de 2018, a pedido de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP), el juez Néstor Barral, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, ordenó los14 allanamientos a domicilios administrativos y la planta comercial de la comercializadora de gaseosas Manaos, como así también los domicilios relacionados con las personas vinculadas a la firma. Según la AFIP, la empresa habría evadido, sólo en 2016 -el mismo año de la inauguración de la planta- unos $ 900 millones, a partir de la creación de empresas fantasmas con facturaciones marginales.
Una de compañías investigadas sería “The Ultimate Gaseous SA”, una empresa sin estructura, que habría facturado unos $500 millones y, a través de la cual, según los investigadores, se derivaron ventas no declaradas en la empresa madre Refres Now.
Según la AFIP, se habría confirmado sospechas sobre los desvío de fondos entre las compañías reales y fantasmas, además de otras inconsistencias impositivas, constatadas en el cruzamiento de datos.
Desde la Administración de Ingresos Públicos se informó que “los hechos que dieran lugar a la intervención judicial resultaron de la verificación de importantes desvíos financieros e inconsistencias impositivas que hacen presumir la comisión del delito de evasión de la empresa referente, el cual se perfeccionaría así también con la utilización de una firma paralela, sin estructura y capacidad económica y financiera, a través de la cual canalizaría ventas marginales". Los operativos se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires y zona oeste y norte del conurbano bonaerense, con la participación de unos 110 agentes de la Dirección Regional Norte y la Dirección Regional Oeste de la AFIP, y Gendarmería Nacional.
| El Premio Nobel de la Paz repudió a Canido |
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En octubre de 2016, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunció el nuevo ataque sufrido por los campesinos de la comunidad guaycurú de la localidad de Bajo Hondo, en el departamento Juan Felipe Ibarra, por parte del empresario Orlando Canido. “Resulta indignante advertir la impunidad que tienen las bandas armadas que persiguen y atacan al pueblo campesino e indígena cada vez con más violencia en esta provincia”, señala.
INCONSISTENCIAS EVIDENTES
El organismo recaudador informó que “The ultimate gaseous” desarrollaría la misma actividad y operaba con las mismas marcas que Refres Now, pero tenía inconsistencias evidentes, como por ejemplo no tenía bienes registrables. Y aparecen como directivos personas sin solvencia económica.
Para la AFIP, la facturación de The Ultimate Gaseous movió, durante 2016, unos 500 millones en operaciones que debería haber facturado Refres Now, aunque sus movimientos bancarios eran mínimos, de no más de $10 millones, insostenibles con el volumen declarado ante el organismo recaudador.
Dicha inconsistencia se observó a partir del cruzamiento de datos, lo que luego derivó en una investigación general sobre la situación contable de todas las sociedades vinculadas con la actividad productora de Manaos. Al avanzar la fiscalización, también se comprobó que el propio Orlando Canido no figuraba en ninguna de las sociedades, pese a ejercer el rol de líder de toda la actividad, según los datos que obtuvo el organismo recaudador.
Durante los allanamientos se secuestraron elementos relevantes para la investigación, tales como libros contables, escrituras, documentación relacionada a la hipótesis delictiva denunciada y soportes informáticos.
| El conflicto con Canido llegó al Congreso |
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En octubre de 2016, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) se reunió con diputados nacionales del Movimiento Evita, del Frente de Izquierda y del Frente para la Victoria, para explicarles sobre el conflicto que atraviesan los pobladores originarios con Orlando Canido, dueño de la empresa “Manaos”. Los campesinos denunciaron una violación de sus derechos en el territorio y amenazas con armas, realizadas a las familias por parte de grupos de tareas. Los diputados se solidarizaron con la comunidad indígena “Iaku Cachi” de Santiago del Estero, víctima de un ataque a tiros por el que responsabilizaron al empresario Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos e investigado por estos y otros hechos de violencia. En nombre del Mocase hablaron integrantes de los pueblos indígenas guaycurú, entre ellos, miembros de familias de la comunidad Iaku Cachi, atacada a tiros en un intento de desalojo violento el 24 de septiembre de 2016, y lule vilela, del este y el norte, respectivamente. Fabián Orellana relató los ataques perpetrados por “bandas armadas al servicio de Canido” contra unas 12 familias de la comunidad Iaku Cachi el 6 de julio pasado, y el más reciente del 24 se septiembre, cuando “hirieron al compañero Pedro Campos, destruyeron viviendas, el galpón comunitario, los dos vehículos que teníamos, envenenaron el agua y mataron ganado”, entre otras consecuencias de la agresión. “No es vida lo que estamos pasando”, expresó Valeria, de la misma comunidad, quien contó que los chicos llevan “tres meses sin ir a la escuela por temor a que se lleven a uno o los lastimen” y agregó que “sólo muertos nos van a sacar de ahí”. También Pablo Aranda, guaycurú y titular del Consejo de Participación Indígena, señaló que no renunciarán a la lucha por la tierra y rechazó declaraciones de Canido, en el sentido de que sólo tiene conflicto con la comunidad Iaku Cachi. En el caso del pueblo guaycurú, señaló que, en poco más de una década, intentó desalojos violentos en Campo del Cielo, Laguna Baya, El Carretel, Campo San Martín y Lote 5, entre otros parajes del este santiagueño. “También en El Tobita, de donde yo estoy, a 15 kilómetros de Bajo Hondo. Tenemos la carpeta relevada (de posesión comunitaria de tierras), firmada y cuando le hemos dicho que no compre, él compra. Cree que, de alguna manera va arreglar, con la metodología de meter miedo”, explicó. Según Aranda, el dueño de Manaos actuó igual con familias del pueblo lule vilela, como en los casos de las comunidades El Tunal y Ashca Cayku. “Ahí hay un relevamiento (de tierras de comunidades indígenas) de unos 113 parajes, que es un territorio muy amplio, con muchas familias”, dijo y aludió a conflictos similares de Canido en otras provincias, como en Palma Sola en Jujuy y en tierras de comunidades wichi en Chaco. “Nosotros demostramos posesión y tenemos leyes y convenios internacionales que respaldan nuestros derechos, pero no se respetan”, declaró a los medios de prensa nacionales Ricardo, del puelo lule vilela, y afirmó que “hay complicidad policial y judicial” con empresarios que buscan usurpar sus tierras. |
LA NUEVA COMPRA SUBVALUADA
A comienzos de marzo de 2018, LA COLUMNA tuvo acceso en forma exclusiva a la que sería la última compra de campos que habría realizado Orlando Canido a través testaferros. Según la información, se trataría de su adquisición número 51, más de 40 de los cuales fueron relevados por el Movimiento de Campesinos Santiagueños (MOCASE). O sea, que este empresario ya sumaría en su haber 51 terrenos, de distintas dimensiones, ubicados en diferentes lugares del país, sobre todo en Santiago del Estero.
Específicamente, Canido habría comprado un campo de 4591 hectáreas, ubicado en la ruta 34, de localidad de Pozo Hondo, departamento Jiménez, a un precio subvaluado. El adquirente de este campo es Refres Now SA.
Se trata del llamado campo “El Fisco de Fátima” o “Estancia El Uturungo”, con 3 kilómetros de frente sobre la ruta. Cuenta con 2900 hectáreas desmontadas de las cuales hay 1500 de pasturas. El resto de 1600 hectáreas son de monte. El valor solicitado para la venta de este campo era de 10 millones de dólares. El valor de venta real habría sido de 8 millones de dólares. Mientras que el valor escritura por Refres Now SA sería de 4 millones de dólares.
TESTAFERROS
Si bien este campo habría sido adquirido por Refres Now, se supo que, en otros casos, Orlando Canido adquirió campos a través de terceras personas –testaferros-, algunos de los cuales serían sus familiares directos, y, en otros, personas que aparecerían como directivos e incluso empleados de distintas empresas investigadas por la justicia. Ellos serían su hija Celsa Omara Canido, su sobrino Walter Omar Canido, Javier Alejandro Franco, Gabriela Judith Canido de Erriquez y Alejandra Carolina Trujillo.
Es más, algunos de ellos habrían abonado las compras de campos con cheques de Refres Now SA.
En la venta de dicho campo actuaron 3 escribanías, 2 de notarios locales, y la restante es una ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Registro Nº 1096), a cargo de la escribana Aída Raquel López Vergara de Scroggie.
A decir de los investigadores, en la mayoría de las 51 adquisiciones, el modus operandi fue vender maquinaria, hacienda, vehículos, etc., despedir al personal y cerrar los campos, dejando un cuidado. Esta sería una metodología habitual de las personas involucradas en el lavado de dinero.
DENUNCIA DE GREENPEACE
Con todo este contexto, no resulta extraña la denuncia de Greenpeace, que afirma que “desde hace una década, la familia Canido, dueños de la marca Manaos, viene deforestando en varias fincas en la provincia de Santiago del Estero, para desarrollo agropecuario, manteniendo conflictos con familias campesinas e indígenas”.
En julio pasado, Greenpeace bloqueó topadoras en un desmonte de más de 10.000 hectáreas realizado por la empresa cerca de Nueva Esperanza, y en 2016 la organización los denunció por otro desmonte en otra finca.
“Ante la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, resulta fundamental proteger nuestros últimos bosques nativos. Es inaceptable que se siga avanzando con este gigantesco desmonte. Las topadoras de los dueños de Manaos ya arrasaron bosques en una superficie equivalente a media ciudad de Buenos Aires. Es un ecocidio que no debe continuar”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En tal sentido, indicaron que las dos topadoras estaban arrasando los bosques de la estancia “Algarrobal Viejo”, ubicada a 45 kilómetros de Nueva Esperanza, al noroeste de la provincia. Frente a ello, los activistas de la organización ecologista se interpusieron entre las topadoras y el bosque; y luego bloquearon su funcionamiento mediante la instalación de cepos en las palancas de manejo.
“Más desmonte implica más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal”, precisó Giardini.
| HOMBRE DE NEGOCIOS |
 Orlando Canido se presenta a sí mismo como un empresario exitoso, un hombre de negocios ligado al ex vicepresidente Amado Boudou. Por lo menos, es lo que decía durante el esplendor del kirchnerismo, aunque muchos otros lo consideraban su testaferro. Si bien en un principio su principal actividad estaba relacionada con la distribución de la Coca Cola en el conurbano bonaerense. En 2004 impulsó la creación de “Refres Now”, la embotelladora de Manaos, que opera en Virrey del Pino, partido de La Matanza, y representa su apuesta más ambiciosa.Aunque Canido intenta mantener un bajo perfil, sí se hizo popular uno de los productos que ofrece: “Manaos”, una gaseosa que, en sus inicios, fue publicitada por artistas como Martín Palermo, Enzo Francescoli, El Chaqueño Palavecino, Adolfo Cambiasso y Rodolfo Ranni, entre otros importantes referentes de trayectoria nacional. Las bebidas de Manaos lograron ingresar al top de las marcas más vendidas del país. Es más, su planta de producción, ubicada en La Matanza, es considerada la embotelladora más grande de América y la tercera a nivel mundial. |
“ESTÁN ARRASANDO LOS BOSQUES”
A mediados de agosto pasado, merced a la información obtenida a través de imágenes satelitales, Greenpeace nuevamente logró detectar el desmonte “al servicio de la familia Canido”. En tal sentido señalaron que “están arrasando los bosques de una finca ubicada a 10 kilómetros de Quimilí, Santiago del Estero”.
Frente a ello, activistas de la organización ecologista se movilizaron hasta el lugar y desplegaron un cartel con la leyenda: “Exceso de desmontes”, junto al área recientemente deforestada.
“Es inaceptable la impunidad con la que se manejan los dueños de las gaseosas Manaos, y la complicidad de quienes autorizan desmontes por toda la provincia, violando la Ley Nacional de Bosques”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. En tal sentido, indicó que “ante la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, es clave proteger nuestros últimos bosques nativos”.
Desde la entidad informaron que, según datos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre 1990 y 2015, se deforestaron 96,9 millones de hectáreas en América Latina. Lo que implica la pérdida del hábitat de millones de especies que no pueden sobrevivir fuera de los bosques y selvas. Como la deforestación suele realizarse por el avance de la agricultura y la ganadería, esos cambios en el uso de suelo convierten esas tierras en áridas, sobre todo porque los árboles albergan dióxido de carbono que transforman en oxígeno, y su tala implica la liberación de grandes cantidades de este gas de efecto invernadero que contribuye a la crisis climática
Greenpeace asegura que “la situación es alarmante”, pues “en los últimos 25 años, más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos fueron arrasadas en la provincia”. En tal sentido, precisaron que “la familia Canido, dueños de Manaos, ya ha destruido más de 12.000 hectáreas de bosque con permisos irregulares, afectando la biodiversidad y las comunidades campesinas e indígenas que habitan el territorio”.
Por lo cual, Noemí Cruz enfatiza que “es urgente que estas acciones tengan condena y a la vez reforzar la conciencia en la sociedad sobre este crimen. Cada porción de bosque que se destruye es un daño irreversible en el Gran Chaco”.
Mientras los activistas de Greenpeace y MOCASE no tienen reparos a la hora de pararse frente a las topadoras para detener la destrucción de los bosques nativos, los campesinos y pueblos originarios continúan en su lucha para evitar que empresarios y terratenientes ocupen y los despojen de los territorios que habitan ancestralmente.
Asimismo, señalan al dueño de Manaos como el culpable de arrasar y usurpar sus tierras, hechos que son investigados por la justicia de Crimen de Santiago del Estero.
Por su parte, Manaos, con sus diversos productos –gaseosas, sodas y agua mineral-, continúa ganando adhesiones y preferencias entre los consumidores. Si bien los productos que ofrece la marca no tienen relación directa con el supuesto accionar delictivo de Canido, entre ambos hay una inocultable dependencia.
“Tomá lo mejor de tu país”, dice la publicidad de Manaos. Mientras que los campesinos dicen: “Tomá lo mejor de tu país, no nuestras tierras”.
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