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El caso de la mujer de Villa Gesell vinculada a la muerte de sus hijas conmueve a todo el país. Santiago del Estero tiene su propia historia de espanto. Las víctimas fueron dos hermanitas de 1 y 3 años, asesinadas por su mamá, quien aseguró que las niñas estaban enfermas. Dos casos diferentes, un mismo final de horror.

Hay historias que estremecen por una muerte. Otras, porque esa muerte se repite. Hay delitos que desafían cualquier intento de explicación. No sólo por la violencia del hecho, sino porque obligan a cuestionar aquello que socialmente se considera inquebrantable: el vínculo entre una madre y sus hijos.

Es natural pensar que toda madre es incondicional con sus hijos, que es natural sacrificarse por ellos, priorizarlos, entregarles todo: tiempo, gustos, esfuerzos, dinero. Se piensa que ella es sinónimo de perpetua abnegación, de vivir para sus hijos, de hacer de ellos el centro de sus vidas, de todas las alegrías y recompensas. Es un mandato cultural que viene escrito desde el momento en que la mujer se gradúa como madre. Sin embargo, no todas las mamás poseen esa capacidad ilimitada de amar a sus hijos.

La noticia que llegó desde Villa Gesell volvió a instalar uno de los interrogantes más perturbadores que puede enfrentar la Justicia: ¿puede una madre estar detrás de la muerte de más de uno de sus hijos? La detención de Lucía Sosa, acusada de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo tras el fallecimiento de su hija Isabella, de apenas dos años, no sólo reabrió una investigación reciente. También obligó a revisar un pasado que parecía archivado.

No era la primera vez que el nombre de la mujer aparecía asociado a una tragedia familiar. Antes de Isabella habían muerto Candela, de seis meses, en 2013, y Yazmín, de once meses, en 2016.

Las tres pequeñas fallecieron en circunstancias similares, con cuadros de asfixia, que hoy vuelven a ser analizados bajo una nueva luz. La diferencia es que esta vez la justicia decidió actuar con rapidez y ordenar la detención de la madre mientras intenta determinar si existe un patrón criminal detrás de una sucesión de muertes que durante años fueron consideradas episodios aislados.

El expediente todavía está lejos de una sentencia. Restan pericias toxicológicas, estudios histopatológicos, declaraciones testimoniales y la reconstrucción de los últimos minutos de vida de Isabella. Sin embargo, el caso ya provocó un fuerte impacto social porque revive una pregunta tan incómoda como infrecuente: cuando las tragedias familiares comienzan a repetirse, ¿cuándo deja de hablarse de fatalidad para empezar a investigar la posibilidad de un delito?

La noticia reabrió, inevitablemente, un recuerdo doloroso para Santiago del Estero. En junio de 2014, la provincia quedó conmocionada por la muerte de Ana Laura y Camila Sández, dos hermanitas de un año y medio y tres años que fallecieron con apenas doce días de diferencia. Lo que inicialmente parecía una tragedia familiar terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más impactantes de la historia reciente santiagueña.

La Justicia determinó, años después, que ambas niñas habían sido víctimas de su propia madre, Celsa Sández, quien finalmente fue condenada a prisión perpetua por el doble homicidio calificado por el vínculo.

Sin embargo, más allá de las diferencias jurídicas entre ambos expedientes -uno con sentencia firme y otro recién iniciado-, existe un elemento que une ambas historias y que obliga a mirar mucho más allá de la escena del crimen. En los dos casos aparecieron señales de alerta mucho antes de las muertes.

En Santiago del Estero, los investigadores comenzaron a reconstruir un contexto de abandono y vulnerabilidad apenas falleció la segunda niña. Los informes socioambientales revelaron que las pequeñas permanecían muchas veces solas, con escasa alimentación y sin los cuidados básicos. Vecinos del barrio Villa Griselda recordaban haberlas visto caminar descalzas durante el invierno y relataban que era frecuente escuchar sus llantos cuando permanecían encerradas en la vivienda.

Para entender qué sucedió, resulta necesario volver la vista atrás y desandar una historia que tuvo como trágicas protagonistas a niñas que terminaron sus días a consecuencia de las decisiones de su mamá.

ANA LAURA, UN AÑO Y MEDIO

En la tarde del miércoles 11 de junio de 2014, una mujer llegó al viejo Hospital de Niños “Francisco Viano”, de la ciudad de La Banda, con su beba en brazos. De inmediato, los médicos se dieron cuenta que la nena estaba sin vida.  La pequeña Ana Laura tenía apenas un año y medio.

En medio de una crisis de llanto, su mamá, Celsa Sández contó que el día anterior la criatura había tenido una “reacción” cuando estaban en su humilde hogar, en el barrio Villa Griselda, y que se puso “morada”, por lo que la trasladó hacia el nosocomio. Sin embargo, los médicos le habrían diagnosticado una simple inflamación en sus amígdalas.

Aseguró que, ya de regreso en su hogar, la nena continuaba molesta. Ni siquiera quería jugar con sus otras dos hermanitas de 3 y 4 años. Antes de dormir, ella la amamantó. La pequeña no volvió a abrir sus ojos.

Los profesionales del hospital dieron conocimiento de la situación a las autoridades y éstas comunicaron la novedad al personal de la Comisaría 13º, que inició las correspondientes investigaciones.

Pese a estar acostumbrados a escenas de congoja ante circunstancias similares, el sufrimiento de aquella mujer quedó grabado a fuego en la memoria del personal de salud que nada pudo hacer para salvar a la menor. “Seguro que fue la muerte súbita”, dijo una mucama que se conmovió al ver a esa mamá desgarrada por el dolor y el desconsuelo.

Sin embargo, todo ese sufrimiento quedó sumido en la duda 12 días después, cuando vieron a la misma mujer, con otra de sus niñas, en circunstancias similares.

 

CAMILA, TRES AÑOS

En la mañana del 23 de junio de 2014, Celsa se presentó en la UPA del barrio Villa Griselda llevando en sus brazos a otra de sus niñas, sin signos vitales. Sin pérdida de tiempo, la criatura fue llevada al Hospital de Niños “Francisco Viano”, donde tres médicas lograron reanimarla, después de 30 minutos de arduo trabajo.

La mamá decía que su hija había tenido vómitos, y que los médicos de ese centro de salud le habrían dicho que era un simple resfrío, aunque días antes le habría dolido el pecho.

Mientras tanto, en los pasillos del hospital recordaron que hacía pocos días atrás habían presenciado una escena repetida, con la misma protagonista.

Una vez estabilizada, la nena fue trasladada hacia el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), en la ciudad Capital, donde fue pasada rápidamente a la Unidad de Terapia Intensiva. Los análisis y tomografías realizados luego determinaron que la nena presentaba muerte cerebral.

Los médicos del nosocomio bandeño ya habían advertido a sus colegas que la hermanita de la niña había fallecido días pasados. Por lo tanto, de inmediato, se dio intervención a las autoridades policiales. Al mismo tiempo, el agente sanitario que la había recibido en la UPA hizo una exposición en la comisaría de la zona.

Al día siguiente, la vida de Camila se apagó para siempre. Tenía sólo 3 años.

INFORME SOCIOAMBIENTAL

Esta vez, la muerte de la segunda hermanita despertó una serie de interrogantes entre los profesionales de la salud que atendieron a las nenas. Algo había pasado para que dos criaturas, aparentemente sanas, fallecieran en circunstancias prácticamente idénticas en tan corto lapso de tiempo.

Sin dudas, había que investigar. Es lo mismo que pensó el Dr. Juan Alende, fiscal de Crimen de la ciudad de La Banda, quien ordenó realizar todas las averiguaciones pertinentes a fin de determinar qué había pasado con las niñas.

Fue por ello que, mientras Camila aún estaba con vida, requirió la realización de un informe socioambiental del lugar donde vivían las menores. Tal es así que personal de la Comisaría 13º llegó hasta el barrio Villa Griselda, donde los vecinos contaron que hacía muy poco tiempo que Celsa y sus hijas vivían en el sector.

A la vez, contaron que nunca habían visto a su madre golpearlas, pero les llamaba la atención que en los días fríos las niñas anduvieran descalzas y con muy poca ropa, muchas veces vagando por la calle, solas, sin importar los peligros que pudieran existir para ellas.

Luego, los investigadores se trasladaron hacia el barrio Palermo, también en la vecina ciudad de La Banda, donde habían vivido las menores desde su nacimiento, junto a su mamá y su papá Pablo Calegari. Los vecinos de este sector contaron que era usual escuchar el llanto de las nenas, mientras estaban dentro de la vivienda, sobre todo cuando el papá de las criaturas estaba ausente.

 

LA TERCERA HERMANITA

Camila aún estaba con vida cuando los investigadores descubrieron un dato importante: la existencia de una tercera hermanita, de 4 años.

Mientras se lo informaban al fiscal Juan Alende, éste recibió una noticia desde el CEPSI: Camila, la hermanita que estaba internada, había fallecido. De inmediato, el funcionario judicial convocó a las autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) para que tomaran los recaudos necesarios con respecto a la tercera hermanita.

Por su parte, alertada por sus vecinos de la presencia policial, Celsa Sández se presentó en la comisaría para realizar una exposición reservada, aclarando que ella no era la responsable de lo sucedido con sus hijas.

Las divisiones de Homicidios y Delitos Complejos quedaron a cargo de las investigaciones policiales de lo sucedido con las criaturas. Mientras tanto, la justicia ordenó exhumar el cuerpo de Ana y la realización de la autopsia en el de Camila.

Por otra parte, a la luz de los informes preliminares, y en resguardo de la seguridad de la nena de 4 años, desde la Unidad Fiscal de Crimen, de la ciudad de La Banda, se determinó que esa nena quedara a disposición de la DINAF. Desde ambas instituciones se determinó que, de manera provisoria, la criatura quedara bajo el cuidado de una tía paterna de las nenas.

Mientras la justicia bandeña esperaba los informes forenses realizados sobre los cuerpos de las dos hermanitas, la mira estaba puesta en Celsa Sández, la mamá de las niñas.

ESTRÉS EMOCIONAL

En el área psiquiátrica del hospital Independencia se examinó a la mujer, afectada por un severo cuadro de estrés emocional y se le recomendó un tratamiento. Mientras tanto, repetía que no podía vivir sin sus hijas, a sabiendas que todos los dedos acusatorios caían sobre ella.

Calegari, el papá de las nenas, se encargó de contar que toda la familia vivía junta en la casa de sus propios padres, en el barrio Palermo, pero que Celsa se había marchado hacia un lugar demasiado precario. Al principio, se habría marchado sola, dejando a las hermanitas a su cuidado, pero después se las llevó, pese a su oposición.

Con respecto a las niñas, dijo que “mis hijitas estaban con Celsa. Ella se las ha llevado. ¿Por qué? Si las nenas estaban bien en casa”.

Con respecto a la posibilidad que la mujer pudiera haber tenido algo que ver con el fallecimiento de las nenas, en aquel momento, Calegari dijo que “si les hizo algo lo tendrá que pagar”.

A la vez, enfatizó que la mujer “no está apta para criar a mi otra niña”.  Asimismo, especuló que “ella necesita ayuda psiquiátrica porque no está bien”. Pero también dejó entrever que el estado emocional de la mujer no se debía solo a la muerte de las niñas, sino que, antes de esto, incluso habría llegado a hostigarlo.

Sobre el futuro de la única hija que quedaba con vida, el hombre sostuvo que haría todo lo posible “para que quede conmigo”. Sin embargo, con el correr del tiempo habría dado marcha atrás con esa afirmación, aduciendo que no podía hacerse cargo de la niña.

 

“YO NO MATÉ A MIS HIJAS”

Por su parte, en aquel momento, Celsa Sández se encargó de aclarar, a todo el que la quisiera oír, que ella no tuvo nada que ver con la muerte de sus hijas. Sin embargo, fueron varios los vecinos que habrían señalado que ella maltrataba a sus hijas y que no las atendía como corresponde, aunque la mujer desestimó tales acusaciones.

Ella dijo que se fue del lado de Calegari porque ya no quería vivir en la casa paterna de él. “Estaba esperando que nos dieran una casita propia”, dijo como justificativo al haberse marchado del lado del padre de las nenas.

“Ahora me quitaron a mi hija mayor, hasta me acusan que las maltrataba. Pero yo no maté a mis hijas”, dijo en medio de lágrimas.

Pese al severo cuadro depresivo que estaba sufriendo la mujer, los investigadores estimaron que ella habría tenido algún tipo de participación en el deceso de las pequeñas.

EL JUICIO

Cinco meses después de aquellos decesos, en noviembre de 2014, el fiscal Juan Alende ordenó la detención de la mujer, acusada de “homicidio calificado” en perjuicio de las menores. Luego de sus autopsias, los forenses determinaron que ambas nenas presentaban lesiones similares en sus cabecitas, productos de los golpes que les habría ocasionado la mujer.

Tres años después, más precisamente el 14 de agosto DE 2017, comenzó el juicio oral contra Celsa Rosa Sández, acusada de doble homicidio calificado, agravado por el vínculo, en perjuicio de sus hijas Ana y Camila.

El tribunal encargado de examinar las pruebas estuvo conformado por los doctores María Angélica Peralta de Aguirre, Élida Suárez de Bravo, y Alfredo Pérez Gallardo.

Mientras que el fiscal Alende tuvo a su cargo las acusaciones contra la mujer, sobre todo teniendo en cuenta los informes forenses, que indicaron que ambas niñas habían muerto como consecuencia de golpes en sus cabecitas.

El fiscal entendía que ambas niñas formaban parte de una misma historia y que solamente observándolas en conjunto podían explicar lo ocurrido. No era una tarea sencilla. La justicia debía demostrar que aquellas niñas no habían muerto por enfermedades, accidentes domésticos o una fatal coincidencia. Debía probar, además, que quien tenía el deber de protegerlas había sido la responsable de su muerte.

La mujer fue condenada, en septiembre de 2017, por las muertes de Ana Laura, de un año y medio, en junio de 2014 y de Camila, de tres años, cuya tragedia sobrevino apenas días después.

Finalmente, en septiembre de 2018, el Tribunal de Alzada confirmó la prisión perpetua en contra de Celsa Sández, acusada de “doble homicidio calificado por el vínculo en concurso real de delitos".

 

FILICIDIO

Hay homicidios que pueden explicarse desde la violencia, la codicia, la venganza o el conflicto. El filicidio, en cambio, desafía incluso a quienes llevan décadas estudiando la conducta criminal.

Matar a un hijo constituye una de las conductas menos frecuentes dentro de la criminología moderna y, al mismo tiempo, una de las más difíciles de interpretar. Por esa razón, cada caso suele requerir investigaciones interdisciplinarias en las que intervienen fiscales, médicos forenses, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en protección de la infancia.

No existe un único perfil. No existe una única explicación. Y tampoco existe una causa común que permita anticipar estos hechos con absoluta certeza.

Fue el psiquiatra estadounidense Phillip Resnick, considerado uno de los principales investigadores sobre homicidios intrafamiliares, quien realizó la primera gran clasificación científica del filicidio a fines de la década de 1960. Su trabajo continúa siendo una referencia para peritos y tribunales de todo el mundo.

Según esa clasificación, existen distintas modalidades. Hay padres o madres que matan creyendo, bajo un cuadro psicótico severo, que están protegiendo a sus hijos de un sufrimiento mayor. Otros lo hacen impulsados por deseos de venganza contra la pareja. También existen casos vinculados con trastornos mentales graves, episodios de violencia extrema, abandono prolongado o negligencia que termina provocando la muerte del menor.

Cada expediente responde a una realidad diferente. Por eso, los especialistas insisten en que resulta imposible construir un "perfil" único de quienes cometen este tipo de delitos.

Lo que sí suele repetirse son algunos factores de vulnerabilidad, como el aislamiento social, la violencia familiar, los problemas de salud mental no tratados, el consumo problemático de sustancias, los antecedentes de abandono o negligencia y los conflictos familiares crónicos, entre otros.

Pero incluso la presencia simultánea de varios de esos indicadores no significa que una persona vaya a cometer un crimen. La enorme mayoría de quienes atraviesan esas situaciones jamás llegan a ejercer violencia letal contra sus hijos. Por eso los investigadores prefieren hablar de factores de riesgo y no de causas determinantes.

 

DOS HISTORIAS, UNA MISMA PREGUNTA

Separan más de mil kilómetros. También doce años. Una ocurrió en un humilde barrio de La Banda, en Santiago del Estero. La otra conmueve hoy a Villa Gesell y al país entero. Los nombres son distintos. Las épocas también. Sin embargo, cuando se observan ambos expedientes en perspectiva, las coincidencias resultan inevitables.

En los dos casos hubo madres bajo sospecha. En los dos casos las víctimas fueron sus propios hijos. En ambos expedientes aparecieron antecedentes que hoy vuelven a revisarse bajo otra luz. Y en los dos casos el Estado llegó cuando la tragedia ya había golpeado más de una vez. Esa es quizá la mayor enseñanza que dejan estas investigaciones. Los homicidios de niños dentro del ámbito familiar casi nunca comienzan con el homicidio.

Antes suelen existir pequeños indicios que, vistos de manera aislada, parecen insuficientes para justificar una intervención extrema. Una consulta médica. Una denuncia. Un informe escolar. Un vecino preocupado. Una asistencia social. Una actuación policial…

Cada organismo observa apenas una parte del problema. Recién cuando todas esas piezas logran unirse aparece el verdadero cuadro. Y muchas veces eso ocurre demasiado tarde.

El caso de las hermanitas Sández produjo un fuerte impacto en Santiago del Estero. No solamente por la brutalidad del hecho ni por la condena a prisión perpetua que recibió su madre. También porque obligó a revisar la forma en que interactuaban la justicia, el sistema sanitario y los organismos de protección de la infancia.

Doce años después, el expediente de Villa Gesell vuelve a instalar exactamente el mismo debate. ¿Cómo detectar antes una situación de riesgo? ¿Quién debe intervenir? ¿Cuándo una sospecha alcanza para proteger a un niño? ¿Hasta dónde puede avanzar el Estado sin vulnerar derechos? No existen respuestas simples. Cada decisión implica caminar sobre una delgada línea que separa la protección de la intromisión indebida en la vida familiar.

Detrás de cada expediente hay mucho más que un proceso penal. Hay una infancia que no pudo ser protegida. Hay hermanos que sobreviven con heridas difíciles de reparar. Hay familias atravesadas para siempre por la tragedia. Y hay una sociedad que vuelve a preguntarse si esas muertes pudieron evitarse.

 

El caso de las hermanitas Sández ya tiene sentencia firme. El de Villa Gesell recién comienza. Será la Justicia la que determine si existen responsabilidades penales y quiénes deberán responder por la muerte de Isabella. Pero más allá del desenlace judicial, ambos casos dejan una enseñanza que trasciende cualquier tribunal: Cada vez que un niño muere dentro del ámbito donde debía sentirse más protegido, no fracasa solamente una familia.

También fracasa, en alguna medida, toda la red institucional que tenía la obligación de advertir el peligro antes de que fuera demasiado tarde.