El gobierno de Javier Milei llegó al poder con una idea definida acerca del país que pretende construir. Menos Estado, menor gasto público, equilibrio fiscal, desregulación, apertura de los mercados, reducción de las regulaciones que considera obstáculos para la inversión y una redefinición de la relación entre el Estado y los particulares.
No se trata, en consecuencia, de una administración que simplemente procura corregir algunos desequilibrios de la economía. Es un gobierno que pretende modificar buena parte de las reglas sobre las cuales funcionó la economía argentina durante décadas.
Ese propósito tiene una lógica interna, una economía con déficit permanente, emisión monetaria, presión tributaria elevada, regulaciones superpuestas y un Estado que interviene en numerosos ámbitos difícilmente pueda construir estabilidad de largo plazo.
La experiencia argentina demuestra, además, que el desequilibrio fiscal no es una abstracción académica, termina trasladándose a los precios, al crédito, al salario y a la capacidad de ahorro de los ciudadanos. El problema aparece cuando la transformación estructural comienza a convivir con otra realidad que no puede ser ignorada, la vida cotidiana de los argentinos no transcurre en el largo plazo.
El ciudadano que debe pagar el alquiler, comprar alimentos, sostener una familia, mantener un comercio o conservar un empleo no puede vivir solamente de una promesa de prosperidad futura. Y allí aparece la principal encrucijada del gobierno de Milei, el debate alrededor de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ofrece un ejemplo particularmente significativo.
La pregunta inicial debería ser casi elemental: ¿era necesario sancionar una ley para declarar inviolable la propiedad privada cuando la Constitución Nacional ya lo establece expresamente? El artículo 17 de nuestra Ley Fundamental dispone que “la propiedad es inviolable” y establece, además, que nadie puede ser privado de ella sino mediante sentencia fundada en ley; regula la expropiación por causa de utilidad pública, exige que sea calificada por ley y dispone la correspondiente indemnización previa.
Es decir, la protección constitucional de la propiedad no nació con Javier Milei, tampoco con el Código Civil y Comercial ni con las reformas económicas de las últimas décadas. Forma parte de la estructura constitucional argentina desde sus orígenes.
Por eso, la discusión verdaderamente importante no consiste en determinar si la propiedad privada merece protección, evidentemente la merece, la cuestión es otra, hasta dónde debe llegar una reforma legislativa destinada a fortalecerla y qué otros valores constitucionales pueden resultar comprometidos cuando esa protección se transforma en una herramienta para modificar, simultáneamente, regímenes vinculados con la tierra, los desalojos, el ambiente y los recursos naturales.
El propio tratamiento parlamentario demostró que allí se encontraba uno de los principales problemas políticos de la iniciativa. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo incluía modificaciones vinculadas con expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego, durante el debate en las comisiones del Senado se incorporaron modificaciones y aparecieron fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos.
Finalmente, la realidad parlamentaria obligó al Gobierno a retroceder parcialmente, el Senado aprobó el proyecto, pero sin los capítulos relativos al manejo del fuego y a la flexibilización del régimen de tierras. No es un dato menor, es la demostración de que el Gobierno conserva capacidad para instalar su agenda, pero no necesariamente para imponerla en los términos originales.
La política suele cometer un error recurrente confundir la legitimidad electoral con la posibilidad de gobernar sin negociar, Milei fue elegido presidente y obtuvo posteriormente respaldo electoral para avanzar con su programa, ese respaldo constituye una legitimidad democrática incuestionable.
Pero gobernar dentro de una República significa algo más que obtener votos, significa convivir con un Congreso, con las provincias, con la Justicia, con organizaciones sociales, con sectores productivos y sindicales y, fundamentalmente, con una sociedad plural.
La dificultad actual del oficialismo consiste precisamente en que su programa económico reclama velocidad, mientras que la política institucional exige negociación y el caso de la propiedad privada lo demuestra con claridad. El Gobierno pretendía presentar una reforma integral vinculada con la seguridad jurídica y el fortalecimiento de los derechos patrimoniales. Sin embargo, la resistencia parlamentaria y social terminó obligando a retirar algunos de los aspectos más controvertidos.
La política apareció allí donde la economía pretendía avanzar con lógica propia. Y quizás esa sea una de las principales enseñanzas de este episodio, las reformas pueden ser técnicamente razonables y, sin embargo, políticamente inviables en determinados momentos.
La eliminación del capítulo relativo a las tierras rurales resulta especialmente significativa, la cuestión no puede reducirse a una discusión entre libertad económica y regulación estatal, la tierra no es simplemente otro activo financiero, es un factor productivo, pero también es territorio. Tiene una dimensión económica, ambiental, estratégica y, en determinadas regiones, social.
La Argentina ya posee un régimen específico sobre la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros. Intentar modificarlo significa necesariamente abrir una discusión que excede el concepto de propiedad privada. Lo mismo ocurre con el Manejo del Fuego, desde una perspectiva estrictamente económica puede sostenerse que determinadas regulaciones limitan el uso productivo de la tierra o generan restricciones que desalientan inversiones.
Pero existen otros miradores, el incendio forestal produce consecuencias que no terminan en el propietario del inmueble, puede afectar ecosistemas, poblaciones, recursos hídricos, actividades productivas y bienes pertenecientes a terceros.
Por eso, el problema no consiste en decidir entre propiedad privada o ambiente, la cuestión consiste en encontrar el punto constitucionalmente adecuado en el que ambos derechos puedan convivir. Y aquí aparece una paradoja para el Gobierno, su propio discurso sobre la propiedad privada necesita de un Estado capaz de garantizarla, pero ese mismo Estado debe establecer reglas cuando el ejercicio individual de un derecho genera consecuencias que trascienden al titular del inmueble.
La libertad económica no significa ausencia absoluta de reglas, implica, en todo caso, que las reglas deben ser razonables, previsibles y compatibles con una economía que permita producir, invertir y competir.
El Gobierno puede exhibir resultados que no deben ser ignorados. El equilibrio fiscal, la reducción del déficit, la desaceleración inflacionaria respecto de los niveles extraordinarios que recibió la administración y una mayor disciplina monetaria constituyen cambios significativos respecto de la dinámica económica que caracterizó a la Argentina durante años.
También existe una agenda de desregulación que procura reducir obstáculos y generar condiciones para que el sector privado tenga un mayor protagonismo. El propio Gobierno viene trabajando en nuevos paquetes destinados a desregular áreas de la economía y fomentar la competencia.
Pero una política económica no puede ser evaluada exclusivamente por sus variables macroeconómicas, debe observarse qué ocurre en el supermercado, en la fábrica, en el comercio y en el hogar.
La pobreza todavía está en niveles altos, la inflación, además, dejó de encontrarse en los niveles descontrolados de los primeros meses de la gestión, pero todavía no constituye un problema definitivamente resuelto y está la real percepción de pérdida de poder adquisitivo.
Para quien cobra un salario que prácticamente no se mueve mientras aumentan alquileres, servicios, alimentos, transporte y otros gastos cotidianos, la discusión sobre equilibrio fiscal puede resultar correcta desde el punto de vista económico, pero insuficiente desde el punto de vista humano.
El ciudadano no discute el déficit fiscal en una planilla de Excel, discute si puede llegar a fin de mes. Aquí se encuentra probablemente el mayor desafío político de Milei, este, tiene una concepción del Estado y de la economía que pretende modificar estructuras construidas durante décadas y eso requiere tiempo.
Pero la sociedad argentina ya ha esperado demasiado, ha soportado inflación, devaluaciones, crisis financieras, desempleo, endeudamiento, pérdida de poder adquisitivo y sucesivos programas económicos que prometieron estabilidad y terminaron fracasando.
Por eso existe una diferencia fundamental entre pedirle a la sociedad que acompañe un programa de transformación y pedirle que soporte indefinidamente sus costos. La primera posibilidad puede generar esperanza, la segunda termina generando agotamiento.
El Gobierno no puede vivir eternamente de explicar lo que ocurrirá mañana, en algún momento deberá mostrar lo que ocurrió hoy. Y allí aparece la verdadera pregunta política: ¿cuánto tiempo está dispuesta la sociedad argentina a esperar para recibir los beneficios de una transformación cuyo costo está pagando en el presente?
Julio César Coronel
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