La millonaria indemnización que la Justicia obligó a pagar a Manaos volvió a poner a Orlando Canido en el centro de la escena. Pero el histórico fallo laboral es apenas una pieza dentro de un entramado que rodea al empresario e incluye denuncias por evasión fiscal, desmontes ilegales, conflictos con comunidades campesinas y acusaciones ambientales.
Durante años, la historia de “Manaos” fue presentada como uno de los fenómenos empresariales más singulares de la Argentina. Una marca nacida en el conurbano bonaerense, que desafió a gigantes multinacionales como Coca-Cola y Pepsi apostando a precios populares, producción nacional y una estrategia comercial agresiva. Detrás de esa expansión estuvo siempre la figura de Orlando Canido, el empresario de perfil bajo que construyó un verdadero imperio de bebidas desde Virrey del Pino. El dueño de Manaos se presentó siempre como un “self made man”, un empresario surgido desde abajo que conquistó el mercado a fuerza de trabajo y precios accesibles.
Sin embargo, detrás del fenómeno comercial que convirtió a Manaos en una de las marcas más populares del país, creció también una larga lista de denuncias judiciales, conflictos territoriales, acusaciones de evasión fiscal, desmontes ilegales y litigios laborales millonarios que hoy vuelven a colocar a Canido en el centro de la escena pública.
Esta vez, el nombre de Manaos quedó en el centro de la escena por un motivo muy distinto: una condena judicial que obliga a la empresa Refres Now S.A. a pagar más de 800 millones de pesos a un exempleado, tras un extenso litigio laboral que recorrió todas las instancias judiciales posibles en Mendoza. Este fallo es apenas una pieza dentro de un entramado mucho más amplio y complejo.
EL FALLO
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el último recurso extraordinario federal presentado por Refres Now, la empresa que comercializa Manaos, y dejó firme la sentencia que ordena pagar $807.676.293,72 a un exdistribuidor que trabajó para la firma entre 2013 y 2022, en Mendoza, San Juan y La Pampa.
Refres Now intentó llevar el caso ante la Corte Suprema de la Nación mediante un recurso extraordinario federal, pero el máximo tribunal mendocino rechazó la presentación por considerar que no existía una “cuestión federal” que justificara la intervención nacional. Así, la sentencia quedó firme y la empresa recibió un plazo de cinco días hábiles para realizar el pago.
La resolución del máximo tribunal fue refrendada por los jueces Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro, quienes consideraron que la presentación de la empresa era “improcedente” y que no existía una cuestión federal que justificara llevar el expediente hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, los jueces señalaron que se “repitieron argumentos” revisados en instancias anteriores.
Con esa decisión, la compañía quedó obligada a depositar el dinero en un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de continuar acumulando intereses diarios.
El caso tuvo un fuerte impacto no solo por la magnitud económica de la condena, sino también porque expuso cómo un juicio laboral puede transformarse, con el paso del tiempo y los intereses acumulados, en una cifra multimillonaria capaz de afectar incluso a una de las empresas más importantes del sector alimenticio argentino.
INICIO DEL CONFLICTO
La disputa judicial se originó cuando el trabajador denunció irregularidades en su relación laboral con la empresa. Según consta en la demanda, el hombre comenzó a trabajar para Manaos en octubre de 2013, aunque recién habría sido registrado formalmente en 2015. Además, sostuvo que existían maniobras de evasión previsional, descuentos indebidos y una modalidad contractual que no reflejaba la verdadera relación laboral. Frente a esa situación, decidió considerarse despedido indirectamente e iniciar acciones legales.
La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, integrada por Gonzalo Rivero, Mariana Carayol y Javier Castrillejo, le dio inicialmente la razón y estableció una indemnización cercana a los 1.500 millones de pesos, cifra integrada por capital (227 millones), intereses y costas judiciales (1200 millones).
Posteriormente, la Suprema Corte provincial revisó parte de los cálculos y redujo significativamente los intereses aplicados, utilizando la tasa de préstamos personales del Banco Nación y considerando el perfil económico del trabajador. Así, el monto final quedó fijado en poco más de 807 millones de pesos. Sin embargo, aun con esa reducción, la suma continuó siendo extraordinaria.
LA RESPUESTA DE CANIDO
Frente a este fallo del máximo tribunal de la provincia cuyana, el fundador de Manaos, Orlando Canido reaccionó públicamente con sorpresa y malestar ante el fallo.
“Se pagará”, respondió escuetamente cuando fue consultado sobre la decisión judicial definitiva, en una frase que rápidamente recorrió medios nacionales y redes sociales.
Canido no habría dudado en cuestionar duramente los criterios utilizados por la Justicia para calcular la indemnización. “No sé cuánto podía ganar como vendedor, no sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”, señaló el empresario en declaraciones periodísticas.
El empresario sostuvo además que el trabajador ocupaba un cargo jerárquico vinculado a ventas y deslizó que el conflicto podría haberse originado por cambios en la organización comercial de la empresa. “A lo mejor tenía tres provincias y le dejaron una”, comentó.
Pero más allá del caso puntual, sus declaraciones dejaron ver algo más profundo: la visión crítica que mantiene sobre el sistema laboral argentino y la creciente litigiosidad empresarial.
Sin embargo, detrás de la imagen de vulnerabilidad empresarial que podría generar el fallo judicial mendocino, Canido carga con múltiples acusaciones en su contra, que lo ubican como protagonista de una trama en la que no es visto como la víctima, sino que se lo identifica con el rol de villano, tal como lo viene contando LA COLUMNA desde hace años.
LA EXPANSIÓN DE MANAOS
La historia empresarial de Canido comenzó formalmente en 2004 con la creación de Refres Now S.A., instalada en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza. Desde allí, Manaos creció hasta convertirse en una de las marcas líderes del mercado argentino de bebidas.
La estrategia fue simple pero efectiva: precios bajos, fuerte distribución y penetración masiva en sectores populares. Con el tiempo, la compañía sumó nuevas líneas de productos como aguas minerales, jugos y segundas marcas.
En los últimos años, además, la empresa avanzó en un agresivo proceso de expansión. En 2025 adquirió las tradicionales marcas Cunnington y Neuss en una operación valuada en unos 74 millones de dólares, mientras también trascendió su interés por ingresar con fuerza al negocio de aguas saborizadas y bebidas naturales.
Actualmente, la planta de Manaos posee una enorme capacidad de producción y distribución nacional, sostenida principalmente a través de una amplia red de distribuidores independientes. Precisamente, esa estructura comercial es una de las claves de las investigaciones judiciales que hoy complican al empresario.
EVASIÓN FISCAL Y DISTRIBUIDORES “FANTASMAS”
En noviembre de 2025, la justicia federal, a cargo del magistrado Juan Manuel Culotta, citó a declaración indagatoria a Orlando Canido y a su hermano Norberto Canido en una causa iniciada por la entonces AFIP -hoy ARCA- por presunta evasión agravada de impuestos.
La denuncia sostiene que Refres Now habría desarrollado maniobras para evadir más de $1.000 millones entre 2017 y 2020, mediante declaraciones juradas engañosas, simulación de préstamos entre accionistas y operaciones con distribuidores presuntamente apócrifos.
Según la acusación, la empresa habría utilizado una red de distribuidores con escasa o nula capacidad económica real para generar facturación simulada y reducir artificialmente la carga tributaria. La investigación detectó alrededor de 80 distribuidores sospechados de ser “fantasma”, varios de ellos incluidos en la base de contribuyentes “no confiables” de la exAFIP.
El expediente también menciona inconsistencias contables, duplicación de comprobantes y movimientos financieros sin trazabilidad clara. De confirmarse las maniobras, los delitos podrían encuadrarse en evasión agravada, figura contemplada en la Ley Penal Tributaria con penas de hasta nueve años de prisión.
Pero no se trata de la primera denuncia de este tipo. Ya en 2016, la AFIP había acusado a empresas vinculadas a Canido de evadir cerca de $900 millones mediante una firma paralela llamada “The Ultimate Gaseous SA”, considerada por el organismo como una empresa sin estructura real utilizada para canalizar ventas marginales.
Aquella investigación derivó incluso en allanamientos ordenados por el juez federal Néstor Barral, con secuestro de documentación, soportes informáticos y libros contables.
CONFLICTOS POR TIERRA
Las polémicas alrededor de Orlando Canido no se limitan al plano económico o tributario. Desde hace más de una década, comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero lo señalan como uno de los empresarios más agresivos en el avance sobre territorios ancestrales.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denunció reiteradamente al empresario por intentos de apropiación de tierras, desalojos, desmontes y presencia de grupos armados vinculados a conflictos territoriales en distintos departamentos de la provincia.
Para entender la presencia de Canido en territorio santiagueño hay que volver la vista atrás e intentar rearmar una historia de atropellos, desalojos y lucha en desmedro de las comunidades originarias.
Las denuncias se concentran principalmente en zonas de Moreno, Alberdi y Juan Felipe Ibarra, donde comunidades indígenas guaycurúes y vilelas aseguran haber sufrido amenazas, destrucción de viviendas, alambrados ilegales y ataques armados durante conflictos por la posesión de tierras.
En distintos comunicados, el MOCASE acusó directamente a Orlando Canido de financiar bandas armadas para avanzar sobre territorios comunitarios. El empresario siempre negó las acusaciones.
HECHOS REITERADOS
En octubre de 2013, en “Bajo Hondo”, en el departamento Juan Felipe Ibarra, a 15 km de Pozo del Toba y a 80 km. al sudeste de la ciudad de Quimilí, donde habita una comunidad indígena del pueblo guaycurú, Canido llegó ofreciendo viviendas, tendido eléctrico y reubicación de las más de 65 familias que habitan el lugar. Sin embargo, “al no poder negociar por 4 mil hectáreas, avanzó bajo amenazas y amedrentamiento permanente, alambrando con custodia de paramilitares, parte del territorio comunitario. Actualmente, el conflicto sigue tenso porque el sicario "Lachi" Letonai y su banda armada disparan contra los vehículos y las familias”, explicaron desde Comunidades Campesinas Indígenas, una entidad con personería jurídica que se encargó de realizar el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Ley 26.160) con participación del Estado Provincial y Estado Nacional.
Mientras que en la Comunidad “El Tunal”, del pueblo originario “Vilela”, ubicada a 16 km. al norte de Quimilí, “Orlando Canido viene comprando "posesiones" a ex pobladores de la zona afectando el territorio y negando el acceso al agua de un pozo comunitario”, agregaron.
Más al norte de la provincia, en el departamento Alberdi, desde el 2008, la Comunidad “Sacha Sumaj” del pueblo indígena “Lule Vilela”, que nuclea varios parajes, “las familias vienen resistiendo a situaciones complejas que amenazan su producción, la reproducción y sustento familiar debido a los intentos de apropiación de 5 mil hectáreas por parte de Orlando Canido, quien dice haber comprado las tierras en un remate a Banco Nación”, objetaron los campesinos.
“En 2011, 2012 y finales del 2013, la comunidad nuevamente ha frenado el asentamiento de Manaos, vinieron con gente armada, casilla, alambre, topadora para instalarse y, la última vez, alambraron, cerraron caminos vecinales, huellas y encerraron animales que se han muerto de sed. La comunidad sigue alerta y dispuesta a defender el territorio que es pastoreo de los animales”, denunciaron desde Comunidades Campesinas Indígenas.
BANDAS ARMADAS
En noviembre de 2014, LA COLUMNA explicó que, según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Orlando Canido “aparece nuevamente con sus amenazas y paramilitares para acaparar tierras comunales en los departamentos Moreno, Juan Felipe Ibarra y Alberdi”.
Se trata de la comunidad indígena guaycurú que habita el llamado “Lote 5- El Colorado”, ubicado a 45 kilómetros al este de Quimilí. “Hace un mes recuperamos parte de nuestro territorio para impedir el ingreso de máquinas topadoras y rolos del empresario Orlando Canido, quien habría comprado la propiedad a Morel Bullez, empresario del agro-negocio oriundo de Monte Maíz, provincia de Santa Fe, a raíz de fracasados intentos de expulsión de las familias desde el 2004”, destacaron.
Miguel Pérez, miembro de la comunidad indicó que “la gente armada puesta por el empresario sigue aquí, dan vueltas, pegan tiros para asustarnos. Es difícil vivir. Esta gente contrata otra gente que van mostrando armas por las casas, matando animales de las familias, robando. Ahora se ha hecho un relevamiento, tenemos personería jurídica... pero como hay plata en el medio nunca se sabe cómo será el resultado. Nosotros hemos entregado todos los papeles a la justicia".
La organización campesina aseguró que el 15 de octubre de 2014, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 y disparó ante los integrantes del MOCASE que habían instalado una carpa de resistencia. A punta de pistola, los violentos desalojaron la carpa, e intentaron apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú.
“Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR (Grupo Especial de Tareas y Operaciones de Alto Riesgo) de policía provincial se llegara al lugar”, señaló el MOCASE.
ZONA LIBERADA
Sin embargo, denunciaron que “antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del MOCASE que se encontraban defendiendo la posición”.
De modo tal que, cuando llegaron los 60 efectivos del GETOAR, se detuvo a Ladislao “Lachi” Letonai y Pablo Letonai, líderes de la banda, y se secuestraron armas, mientras el resto de los miembros del grupo paramilitar, entre los cuales habría varios ex policías, se escaparon hacia un campo vecino.
“La banda armada está liderada por los Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la empresa de gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou”, explicaron desde el MOCASE.
Por este hecho, en la tarde del 9 de octubre de 2016, Orlando Canido se presentó ante la jueza Rosa Falco, a cargo del entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación, quien le tomó declaración indagatoria. El empresario había presentado un pedido de eximición de prisión, que le fue concedido por la magistrada.
TOPADORAS AL ACECHO
El 18 de diciembre de 2015, las familias de Bajo Hondo habían decido frenar los desmontes. “La comunidad se puso firme ante las topadoras que pretendían arrasar miles de hectáreas de monte nativo, donde viven 60 familias”, destacó Gustavo Vasallo, uno de los integrantes de la entidad campesina.
“El 21 de diciembre exigimos la presencia de la Dirección de Bosque y Fauna y del Comité de Emergencia de la provincia, que vinieron para constatar la presencia de las topadoras, de los hornos y de la gente armada que tiene Orlando Canido, tanto en la salida que las familias utilizan como en diferentes ‘puestos’ distribuidos en las 4000 Ha. de la comunidad. La policía se encuentra presente en el lugar custodiando que no haya enfrenamientos; sin embargo, las amenazas siguen cuando las familias salen del campo por mercadería o por distintas necesidades”, precisaron desde la organización campesina.
“Hoy somos más de 100 compañeros del MOCASE –Vía Campesina-, hombres, mujeres y niños que permanecemos en el lugar acompañando esta lucha. Decimos basta a las amenazas, a los desalojos, a la matanza de animales, a las topadoras porque no vamos a permitir que ni una planta más caiga, este monte es nuestra vida...”, indicaron desde el MOCASE.
A la vez, precisaron que “a pesar de la vigilancia policial y lo ya constatado por la Dirección de Bosque y Fauna, en los últimos días, gente contratada por Orlando Canido, entró al territorio y se llevaron la leña y el carbón de manera ilegal. Por lo tanto, exigimos que esa carga aparezca y sea decomisada”, señalaron a fines de febrero pasado.
“Lo que él hizo es seguir desmontando, seguir haciendo carbón, una vez que el plan fue paralizado. A raíz de eso, la Dirección de Bosques fue, hizo la respectiva constatación y mandó el secuestro de las maquinarias, que están paradas en este momento”, agregó Vasallo.
ZONA LIBERADA
Sin embargo, denunciaron que “antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del MOCASE que se encontraban defendiendo la posición”.
De modo tal que, cuando llegaron los 60 efectivos del GETOAR, se detuvo a Ladislao “Lachi” Letonai y Pablo Letonai, líderes de la banda, y se secuestraron armas, mientras el resto de los miembros del grupo paramilitar, entre los cuales habría varios ex policías, se escaparon hacia un campo vecino.
“La banda armada está liderada por los Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la empresa de gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou”, explicaron desde el MOCASE.
Por este hecho, en la tarde del 9 de octubre de 2016, Orlando Canido se presentó ante la jueza Rosa Falco, a cargo del entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación, quien le tomó declaración indagatoria. El empresario había presentado un pedido de eximición de prisión, que le fue concedido por la magistrada.
TOPADORAS AL ACECHO
El 18 de diciembre de 2015, las familias de Bajo Hondo habían decido frenar los desmontes. “La comunidad se puso firme ante las topadoras que pretendían arrasar miles de hectáreas de monte nativo, donde viven 60 familias”, destacó Gustavo Vasallo, uno de los integrantes de la entidad campesina.
“El 21 de diciembre exigimos la presencia de la Dirección de Bosque y Fauna y del Comité de Emergencia de la provincia, que vinieron para constatar la presencia de las topadoras, de los hornos y de la gente armada que tiene Orlando Canido, tanto en la salida que las familias utilizan como en diferentes ‘puestos’ distribuidos en las 4000 Ha. de la comunidad. La policía se encuentra presente en el lugar custodiando que no haya enfrenamientos; sin embargo, las amenazas siguen cuando las familias salen del campo por mercadería o por distintas necesidades”, precisaron desde la organización campesina.
“Hoy somos más de 100 compañeros del MOCASE –Vía Campesina-, hombres, mujeres y niños que permanecemos en el lugar acompañando esta lucha. Decimos basta a las amenazas, a los desalojos, a la matanza de animales, a las topadoras porque no vamos a permitir que ni una planta más caiga, este monte es nuestra vida...”, indicaron desde el MOCASE.
A la vez, precisaron que “a pesar de la vigilancia policial y lo ya constatado por la Dirección de Bosque y Fauna, en los últimos días, gente contratada por Orlando Canido, entró al territorio y se llevaron la leña y el carbón de manera ilegal. Por lo tanto, exigimos que esa carga aparezca y sea decomisada”, señalaron a fines de febrero pasado.
“Lo que él hizo es seguir desmontando, seguir haciendo carbón, una vez que el plan fue paralizado. A raíz de eso, la Dirección de Bosques fue, hizo la respectiva constatación y mandó el secuestro de las maquinarias, que están paradas en este momento”, agregó Vasallo.
ZONA LIBERADA
Sin embargo, denunciaron que "antes que llegaran estos efectivos, la policia local de Quimili libero la zona y permitio que los paramilitares dispararan contra miembros del MOCASE que se encontraban defendiendo la posicion".
De modo tal que, cuando llegaron los 60 efectivos del GETOAR, se detuvo a Ladislao "Lachi" Letonai y Pablo Letonai, lideres de la banda, y se secuestraron armas, mientras el resto de los miembros del grupo paramilitar, entre los cuales habria varios ex policias, se escaparon hacia un campo vecino.
"La banda armada esta liderada por los Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indigenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la empresa de gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou", explicaron desde el MOCASE.
Por este hecho, en la tarde del 9 de octubre de 2016, Orlando Canido se presento ante la jueza Rosa Falco, a cargo del entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominacion, quien le tomo declaracion indagatoria. El empresario habia presentado un pedido de eximicion de prision, que le fue concedido por la magistrada.
TOPADORAS AL ACECHO
El 18 de diciembre de 2015, las familias de Bajo Hondo habian decidido frenar los desmontes. "La comunidad se puso firme ante las topadoras que pretendian arrasar miles de hectareas de monte nativo, donde viven 60 familias", destaco Gustavo Vasallo, uno de los integrantes de la entidad campesina.
"El 21 de diciembre exigimos la presencia de la Direccion de Bosque y Fauna y del Comite de Emergencia de la provincia, que vinieron para constatar la presencia de las topadoras, de los hornos y de la gente armada que tiene Orlando Canido, tanto en la salida que las familias utilizan como en diferentes puestos distribuidos en las 4000 Ha. de la comunidad. La policia se encuentra presente en el lugar custodiando que no haya enfrentamientos; sin embargo, las amenazas siguen cuando las familias salen del campo por mercaderia o por distintas necesidades", precisaron desde la organizacion campesina.
"Hoy somos mas de 100 companeros del MOCASE - Via Campesina -, hombres, mujeres y ninos que permanecemos en el lugar acompanando esta lucha. Decimos basta a las amenazas, a los desalojos, a la matanza de animales, a las topadoras porque no vamos a permitir que ni una planta mas caiga, este monte es nuestra vida...", indicaron desde el MOCASE.
A la vez, precisaron que "a pesar de la vigilancia policial y lo ya constatado por la Direccion de Bosque y Fauna, en los ultimos dias, gente contratada por Orlando Canido entro al territorio y se llevaron la lena y el carbon de manera ilegal. Por lo tanto, exigimos que esa carga aparezca y sea decomisada", senalaron a fines de febrero pasado.
"Lo que el hizo es seguir desmontando, seguir haciendo carbon, una vez que el plan fue paralizado. A raiz de eso, la Direccion de Bosques fue, hizo la respectiva constatacion y mando el secuestro de las maquinarias, que estan paradas en este momento", agrego Vasallo.
FUEGO, TIROS Y PERSECUCION
Uno de los episodios mas graves ocurrio en 2016 en la comunidad de Bajo Hondo, cuando pobladores denunciaron que grupos armados vinculados al conflicto incendiaron viviendas, dispararon contra familias campesinas y destruyeron animales y pozos de agua.
El 24 de septiembre de 2016, la comunidad guaycuru de Bajo Hondo sufrio en carne propia todo el peso del grupo armado que habria sido enviado por el empresario Canido, segun la denuncia del MOCASE.
"La banda armada empezo a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veian como prendian fuego a las viviendas y a los vehiculos", aseguraron desde la organizacion campesina.
En ese momento, el poblador Pedro Campos, de 46 anos, nacido y criado en Bajo Hondo, al igual que sus padres y abuelos, recibio un balazo en una de sus piernas.
Despues del fuego vino el ataque a los animales. "Mataron a 6 e hirieron a mas de 14", contaron los vecinos. "Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. E incluso atacaron a los dos policias que debian cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo", anadio el MOCASE en un comunicado.
A la vez, senalaron que "habia policia en el lugar, pero el ataque los sobrepaso, incluso les incendiaron a ellos la casilla que tenian para vigilancia".
Este hecho fue investigado por el juez de Crimen de 3 Nominacion, Dr. Dario Alarcon.
LOS EX JUECES
Por otro lado, los campesinos denunciaron que "tenemos innumerables causas como imputados", las que recayeron en los ex jueces Lucrecia Martinez Llanos, Ramon Tarchini Saavedra y Miguel Moreno. Los mismos magistrados que, el 3 de mayo de 2021, fueron condenados a 5 anos de prision por los delitos de defraudacion calificada, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario publico.
"Eran los 3 jueces que perseguian con mayor vehemencia al MOCASE - Via Campesina - y que solian trabar todas nuestras denuncias cuando los companeros las realizaban", explicaron desde el MOCASE.
"Gran parte de la trama burocratica era responsabilidad de estos jueces y sus instructores, quienes respondian directamente a los intereses de los empresarios", senalaron.
A la vez, indicaron que "estos jueces funcionales al agronegocio han perseguido a los poseedores de la tierra y productores de alimentos y no han hecho caso a las innumerables presentaciones de pronto despacho y avocamientos urgentes para agilizar la inactividad de estos jueces y sus instructores en las causas donde los campesinos son victimas querellantes".
Previo a su condena, luego de su renuncia como magistrados, desde el movimiento campesino insistieron que su accionar "deja a las claras que no podemos seguir con una politica criminal inquisitiva en la provincia".
DENUNCIA DEL FISCAL DE ESTADO
En septiembre de 2017, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raul Abate, denuncio la presunta apropiacion ilegitima de mas de 19.000 hectareas fiscales y 32 lotes que pertenecen a la provincia, en los departamentos Moreno y Alberdi. Dicha usurpacion y adquisicion ilegitima le fueron adjudicadas a Orlando Canido.
Segun la investigacion, esas tierras habrian terminado en manos vinculadas a Canido mediante maniobras irregulares. Durante los procedimientos oficiales tambien se constataron desmontes, produccion agricola y presencia de maquinaria pesada.
A la vez, el fiscal fue contundente al senalar que "se trataria de una firma denominada Manaos y cuyo propietario seria Orlando Canido, quien estaria asociado a la empresa Lipsa (Chaco) y que les hace servicios de siembra".
Abate sostuvo publicamente que se trataba de lotes pertenecientes a la provincia y adjudicados historicamente a colonos rurales.
Sin embargo, Orlando Canido aseguro que el fiscal de Estado estaba en un error al acusarlo de usurpar mas de 19.000 hectareas y rechazo las acusaciones en su contra.
GREENPEACE, ACUSACIONES DE ECOCIDIO
La organizacion Greenpeace tambien coloco al empresario en el centro de fuertes denuncias ambientales. En distintas oportunidades acuso a empresas vinculadas a la familia Canido de desmontar miles de hectareas de bosque nativo en Santiago del Estero.
En 2023, activistas bloquearon topadoras en un predio cercano a Nueva Esperanza, denunciando la destruccion de mas de 10.000 hectareas de monte chaqueno.
La organizacion ecologista sostiene que la familia Canido ya habria desmontado mas de 12.000 hectareas en distintas fincas santiaguenas, afectando biodiversidad y comunidades rurales.
"Es un ecocidio que no debe continuar", denunciaron desde Greenpeace, advirtiendo sobre el impacto ambiental del avance agropecuario sobre el bosque nativo del Gran Chaco.
DEMASIADO CERCA
Para algunos sectores, Orlando Canido representa el empresario nacional que desafio a las multinacionales y construyo una marca popular en uno de los mercados mas competitivos del pais.
Para otros, su nombre simboliza un modelo empresarial marcado por conflictos laborales, denuncias tributarias, expansion agresiva y disputas territoriales.
Mientras Manaos continua consolidando su presencia en gondolas y supermercados, los expedientes judiciales que rodean a su fundador avanzan en distintos tribunales del pais.
La condena laboral en Mendoza, la causa por evasion agravada, las denuncias ambientales y los conflictos con comunidades campesinas configuran un escenario cada vez mas complejo para un empresario acostumbrado a crecer en medio de la polemica.
Y aunque Orlando Canido todavia sostiene que muchas de las acusaciones forman parte de una persecucion contra quienes producen e invierten en Argentina, lo cierto es que la justicia comenzo a acercarse peligrosamente al corazon mismo del fenomeno Manaos.
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