La lucha de dos familias por conocer la verdad ahuyentó el miedo de toda una sociedad que se levantó harta de la impunidad y los “tejes y manejes” del poder de turno. A 22 años de los asesinatos de Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba habla el hermano de una de las víctimas y revela el temor familiar al olvido colectivo.
Hacia fines de enero de 2003, en los periódicos locales comenzó a circular la fotografía de una sonriente muchacha de 22 años que había desaparecido de su hogar. Se trataba de Leyla Bshier Nazar, quien había sido vista por última vez durante la madrugada del 16 de enero. 21 días después, en las primeras horas del 6 de febrero de aquel año, Rosa
Vergara, una humilde mujer dedicada a recoger huesos, se encontró con el panorama más espeluznante que habían visto sus ojos: una cabellera negra, algunos restos óseos y, metros más allá, el cuerpo torturado de Patricia Villalba, una joven bandeña de 26 años, que la noche anterior no había regresado de su trabajo y a quien su familia buscaba con desesperación.
El hallazgo macabro se produjo en La Dársena, un paraje ubicado apenas a 12 kilómetros de la ciudad capital.
Las primeras imágenes mostraron la absoluta desprolijidad con que los efectivos policiales arrojaban, literalmente, el cuerpo de Patricia y los restos de Leya –aunque todavía no se sabía a quién pertenecían- en la parte trasera de una camioneta.
Nadie, ninguna autoridad, ni juez, ni policías, se encargaron de preservar la escena para recoger pruebas. Unos y otros pisotearon el lugar, sin importar los datos que el sitio pudiera develar. Es más, una semana después, la familia de Leyla escudriñó el lugar y encontró varias prendas de vestir de la joven.
A partir de allí, el caso denominado “doble crimen de La Dársena” adquirió dimensiones impensadas. Las más descabelladas hipótesis –como decir que Leyla había sido literalmente comida por un grupo de antropófagos siniestros del barrio Misky Mayu- se tejieron a su alrededor. Fue el principio de una de las hojas más negras de la historia policial santiagueña.
DE FEMICIDIO NI HABLAR
Lo que vino después fue una debacle de hechos y situaciones que terminaron arrastrando el gobierno de Mercedes Aragonés de Juárez y significaron la caída del poder de Carlos Arturo Juárez y la posterior Intervención Federal a la provincia.
Nadie lo imaginó, pero poco más de dos décadas atrás, los crímenes de dos mujeres lograron quebrar institucionalmente a la provincia. En ese entonces nadie hablaba de femicidio, ni mucho menos existía como tipología legal en el Código Penal (incorporado a la norma en diciembre de 2012).
Los crímenes ocurrieron dos meses después que asumiera al cargo de gobernador la hasta entonces vicegobernadora Mercedes Aragonés, quien asumió en remplazo del gobernador Carlos Díaz, quien fuera acusado de deslealtad por el matrimonio Juárez. Esto ocurrió luego de que el cuñado de Díaz, Fernando Sibilat, dueño de un prostíbulo en el norte de la ciudad, asesinara a Nora Coronel, una muchacha de 17 años, quien era obligada a trabajar en el lugar. Otro femicidio, disfrazado de crimen pasional.
TORCIENDO EL RUMBO
Casi inmediatamente de descubiertos los cuerpos de las jóvenes, Younes Bshier, padre de Leyla, parado en las puertas de Catedral Basílica, comenzó una protesta pública; a la que luego se sumó la familia de Patricia. Una protesta que habría de repetirse durante 70 semanas consecutivas, cada una de las cuales culminaba con una marcha realizada todos los viernes a la tarde, y que sumó a miles de personas.
Parecía que los santiagueños habían perdido el miedo y comenzaron a culpar de las muertes a “los hijos del poder”, forzando la renuncia de altos funcionarios, tal el caso, del entonces vicegobernador de la provincia, Dr. Darío Moreno, cuyo hijo fue señalado en un primer momento como sospechoso del crimen.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo Provincial dejó pasar mucho tiempo antes de tomar noticia oficialmente de los crímenes y de las protestas, hasta que por fin ofreció una recompensa de 20.000 pesos a quien diera datos concretos de los homicidios. Pese a lo que se temía, las marchas no fueron prohibidas ni reprimidas.
Esto no significó que el gobierno y Carlos Juárez se mantuvieran de brazos cruzados. Por el contrario, el juarismo destacó emisarios que, por diversos frentes, intentaron conectarse con el presidente Néstor Kirchner o con miembros del equipo gobernante.
Sin embargo, el gobierno nacional ignoró en repetidas oportunidades esos contactos, al menos en forma pública y, en cambio, respondió enviando a integrantes del Ministerio de Justicia con el cometido de investigar los asesinatos y el contexto de resguardo institucional de esos derechos vigentes en la provincia.
Del mismo modo, como una muestra de apoyo a los reclamos de quienes marchaban semana a semana, llegaron a la provincia Eduardo Duhalde, Pablo Lanusse y miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Eran personas alineadas con la defensa de los derechos humanos y cuyos informes dieron lugar a que el gobierno nacional permitiese que una Comisión de la OEA realizase una investigación que más tarde habría de internacionalizar la denuncia de las violaciones de derechos humanos en la provincia.
En el mismo sentido, vinieron la monja Martha Pelloni, y los padres de diversos jóvenes que habían sido víctimas de la violencia, como Luis Bordón y Juan Carlos Blumberg.
MAMARRACHO JURIDICO
Desde un principio, la causa estuvo plagada de irregularidades. Juristas de fuste la calificaron como un “mamarracho jurídico”. No era para menos, la recolección de pruebas en el lugar del hallazgo fue defectuosa. Las imágenes del cuerpo inerte de Patricia, literalmente arrojado sobre una camioneta descubierta, y la forma harto grosera con que un policía tiraba en el mismo vehículo los huesos y la cabellera de Leyla, rápidamente, se convirtieron en el sinónimo de lo que no hay que hacer.
Otro hecho que sustentó la pésima instrucción policial y judicial fue que las familias de las chicas realizaron un rastreo personal, y muy casero, del lugar donde fueron encontrados sus restos, y encontraron las sandalias de Leyla y más huesos de su cuerpo.
Muchas conjeturas se tejieron desde el principio. Las investigaciones fueron tomando distintos rumbos, con muchas aristas, mucho para pensar y la sensación de que la justicia no iba a ser del todo justa.
DEMASIADOS JUECES
Mario Castillo Solá fue el primer juez que actuó en la causa y procesó al carnicero José Patricio Llugdar como responsable de la muerte de Leyla.
Meses después, ya apartado del caso, el juez fue detenido bajo sospecha de haber incurrido en prevaricato, retardo de justicia, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público en concurso real de delitos y asociación ilícita.
Fue puesto tras las rejas por la jueza María del Carmen Bravo, quien posteriormente dejó sin efecto la acusación, y le dictó la excarcelación, previo pago de 50.000 pesos como fianza real. Estuvo detenido cinco meses en el Cuerpo de Infantería, y renunció a su cargo para evitar el juicio político.
Posteriormente, la causa pasó a manos del Dr. Dardo Mario Herrera, quien mantuvo la hipótesis de que Llugdar era el único culpable de las dos muertes, aunque investigó la teoría de que Leyla habría pasado por el hotel Palace.
Precisamente, esto fue lo que informó a los diputados que integraban la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Provincial, aunque a los legisladores no les cerraba la versión que una sola persona pudiera haber matado a las dos jóvenes, degradado los cuerpos y tirarlos en La Dársena.
Herrera también fue el juez que desestimó la vinculación con “los hijos del poder”, y quien ordenó allanar, por primera vez, el departamento de Llugdar en el barrio Miski Mayu. Sin embargo, el lugar habría sido inundado intencionalmente. Con lo cual desapareció cualquier prueba, aunque los vecinos escucharon gritos de mujer, coincidentes con el tiempo en que Leyla desapareció.
Luego le llegó el turno al Dr. Arrulfo Hernández, quien tuvo a su cargo la causa durante un mes, en el que no hubo avances significativos.
LA JUEZA BRAVO
El juez Hernández fue reemplazado por la Dra. María del Carmen Bravo, a quien se acusó de poner a salvo al matrimonio gobernante, y deslindar las responsabilidades hacia el grupo de tareas del ex jefe de Informaciones, el comisario Musa Azar.
La magistrada imputó a Musa Azar y su cuerpo de tareas e incorporó al perito en Criminalística Enrique Prueger, con cuyas teorías el caso tomó un giro trascendental.
Con determinación, la jueza Bravo libró órdenes de detención contra nueve personas, entre ellos el defensor del Pueblo, el abogado Gilberto Perduca y el referente de la Juventud Peronista, Carlos “Pololo” Anauate, quien había sido elegido como diputado nacional, cargo al que nunca pudo acceder.
Es más, llegó a tener 16 personas detenidas por el doble crimen, hasta el momento de la Intervención Federal, cuando fue destituida.
El último juez de la causa fue Mario José Medina, quien se desempeñaba como secretario del Juzgado mientras aún estaba en manos de la Dra. Bravo. Fue él quien elevó la causa a juicio oral y público.
LA CAIDA DEL GOBIERNO
Ante la evidencia de una movilización que contaba con apoyo, tanto del Ejecutivo nacional como de la prensa y de otros partidos de oposición, el gobierno provincial de “Nina” Aragonés de Juárez modificó su postura de ignorar las protesta, produciendo un apresurado cúmulo de acciones, como impulsar el cambio de jueces tratando de mostrar imparcialidad y eficacia.
A la vez, los vocales del Superior Tribunal de Justicia rechazaron públicamente la existencia alguna influencia sobre ellos e informaron al Senado Nacional sobre las actuaciones que se habían llevado a cabo.
Uno de las medidas más importantes del juarismo fue quebrar su “alianza” con las fuerzas policiales. Así fue como se logró la destitución y el encarcelamiento de
Musa Azar.
Sin embargo, el tablero ya estaba definitivamente inclinado en contra del gobierno y ninguna de dichas acciones logró impedir la creciente oposición. Por el contrario, incrementaron los temores que dichas acciones lograran neutralizar los pedidos de Intervención Federal.
Esto no impidió que un sector de la población y de algunos partidos de oposición se opusiesen a una posible intervención Federal, dada la pésima experiencia producida por la anterior Intervención Federal –que tuvo al actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, como interventor- que, al fin de cuentas había terminado legitimando más a Juárez como representante de los santiagueños y conductor de la provincia.
Sin embargo, el poder de Juárez no había decaído del todo. Por eso fue que, cuando el
Poder Ejecutivo nacional solicitó al Congreso la Intervención Federal a Santiago del Estero, los diputados votaron en contra de la medida.
LA INTERVENCIÓN
Cuando la presión alcanzó grados superlativos, el gobierno nacional dictaminó la Intervención Federal a la provincia. Era el 1° de abril de 2004, habían pasado casi 14 meses desde los crímenes de Leyla y Patricia.
Su llegada tuvo un rotundo apoyo popular. Se pensó que llegaba la solución para el caso Dársena y muchos otros temas.
La Justicia aparecía como tendiendo un manto de piedad sobre tanto dolor y tantas emociones contenidas. La depuración venía de la mano de la esperanza. Grave error. La Intervención Federal se quedó en el amague, y la gestión de Pablo Lanusse, en ese y otros aspectos, se fue por las ramas. Se procedió más a una “caza de brujas” contra los partidarios del régimen juarista que a satisfacer los pedidos de justicia de los santiagueños.
Lo único concreto que aportó la Intervención sobre el tema fue aumentar el “premio” para quien aportara datos concretos sobre el horrendo suceso, que fue llevado a 200.000 pesos.
Un año después, con muy pocos aciertos e infinidad de errores, la Intervención se fue en silencio.
VIENTOS DE CAMBIO
El 23 de marzo de 2005, luego de un contundente triunfo en las urnas, el Dr. Gerardo Zamora, se convirtió en el nuevo gobernador de la provincia.
En forma paralela, la causa Dársena se reavivó y entró en un camino de realización, de ejecución.
Hubo más detenidos, interrogatorios, investigaciones, hasta que casi a un año y medio de iniciada la nueva era, el 23 de octubre del 2007, comenzaron a juzgarse a los supuestos vinculados con la desaparición y muerte de Patricia y Leyla.
Fueron largas jornadas, agotadoras. Una especie de ajedrez donde cada uno jugó sus cartas lo más inteligentemente posible. Con algunas fallas claro está, porque no debe olvidarse que algunos de los que fueron citados a declarar lo hicieron cuando quisieron, e incluso otros ni se presentaron, testimonios que finalmente fueron desestimados, según el Tribunal no aportarían demasiado al caso. Entre ellos, el de la propia ex gobernadora, que fue citada un par de veces y en ambas ocasiones estuvo ausente.
El desarrollo de cada jornada marcó el interés de los santiagueños por “saber más” sobre qué fue lo que realmente pasó con las chicas. Fueron más de 90 audiencias extenuantes, que cerraron con los no menos extensos alegatos de las partes, querella y defensa, en un último intento por convencer al Tribunal, cada uno con su verdad
LA SENTENCIA
La Cámara del Crimen de II Nominación, integrada por los vocales Osvaldo Pérez Roberti, Graciela Viaña de Avendaño y Rosa Piazza de Montoto debatió durante ocho meses y un día, los crímenes de Leyla Bshier y Patricia Villalba.
Finalmente, cinco años después de los homicidios, los jueces encontraron a Musa Azar responsable de “homicidio doblemente calificado con alevosía y ensañamiento” en perjuicio de Patricia Villalba y se lo sindicó como “jefe y administrador de una asociación ilícita”, condenándolo a prisión perpetua.
Pese a las otras cuatro condenas a perpetua (por delitos de lesa humanidad) que pesaban sobre las espaldas del ex jefe de Inteligencia de la policía, fue beneficiado en enero de 2018 con prisión domiciliaria. En más de una oportunidad, los vecinos lo captaron en las afueras de su casa. Lo que motivó sendos escraches en redes sociales. El asesino de la dictadura que siguió matando en democracia murió el 25 de septiembre de 2021 en una clínica local.
Similar condena tuvo el ex policía Jorge Pablo Gómez, considerado autor del homicidio doblemente calificado de Patricia e integrante de la asociación ilícita, bajo las órdenes de Musa Azar. Sobre él, ya pesaba una condena de 20 años por el crimen del ganadero Oscar Seggiaro.
Quien corrió con similar suerte fue otro ex policía, Héctor Albarracín, también considerado coautor del crimen de Patricia y miembro de la organización delictiva. Fue condenado a la pena de prisión perpetua. En forma paralela había sido condenado a 19 años de prisión por el homicidio de Seggiaro.
Mientras que el ex agente Daniel Francisco Mattar recibió la misma condena, por considerárselo partícipe primario del crimen de Patricia y miembro de la asociación ilícita.
El último de los condenados fue el carnicero José Patricio Llugdar, a quien se le impuso una pena de 22 años de prisión como autor del homicidio de Leyla y como partícipe primario de la muerte de Patricia. Hoy ya se encuentra en libertad.
“MUSITA”
El veredicto del tribunal llegó a la hora de las absoluciones, pues quien hasta ese momento figuraba como uno de los más comprometidos en la causa, Musa Antonio Azar Cejas, hijo de Musa Azar, acusado de participar en la muerte de Leyla, fue dejado en libertad, sin culpa y cargo, luego de haber estado detenido durante más de 4 años.
A la luz del fallo de los jueces, su rol en la causa habría estado estrictamente ligado con el nombre de su padre. Ser el “hijo de Musa” fue su karma.
Cuando fue detenido estaba a punto de recibirse de médico, carrera que finalmente concluyó.
TAMBIÉN ABSUELTOS
Las absoluciones también alcanzaron a otros de los involucrados, quienes también estuvieron detenidos durante largo tiempo, hasta que llegó el momento de su liberación.
Ellos fueron:
* Damián Silvero, peón de la finca de Árraga, quien también estaba involucrado en esa muerte y continuaba detenido hasta el día del veredicto.
*Eduardo Abdala, sobrino de Musa Azar, acusado de asociación ilícita para esconder los restos de Leyla y Patricia.
*Daniel Moukarzel, dueño de Saravah.
*Javier Juárez, mozo de Saravah.
*Marta Cejas, madre de Musita, ex pareja de Musa Azar.
*Daniel Sonzogni, acusado de adulterar documentación en la comisaría 12.
*Luis Cejas, comisario retirado.
*Carlos Anauate, ex diputado nacional.
*Ramón «El gordo» Palacios, quien había relatado que Leyla murió en una fiesta de sexo y drogas en la villa catamarqueña de Guayamba y más tarde fue descuartizada en una ruta.
Por su parte, Mario Corvalán, encargado de la reserva, fue absuelto por el beneficio de la duda.
LA TEORÍA FINAL
Esta fue la suerte legal que corrieron los 17 imputados en la causa: 5 fueron condenados (4 a prisión perpetua y 1 a 22 años de prisión) y 11 absueltos.
A pesar del fallo judicial, en la sociedad santiagueña quedaron abiertos planteamientos que se repiten en uno y otro lugar, y que aún hoy permanecen. Por ejemplo, si los hechos ocurrieron tal como se describen en el fallo. O sea, que Leyla fue asesinada por Llugdar, en su departamento del barrio Misky Mayu. Luego, le habría pedido a Musa Azar que lo ayude a ocultar los restos, en virtud de una cadena de favores donde el robo de ganado cobraba vital importancia. Para ello, trasladaron los restos de Leyla hacia su finca, en Árraga, donde tenía un zoológico privado. Allí fue devorado por pumas y aguará guazú.
A la vez, Llugdar le habría contado lo sucedido a Patricia, a quien conocía de la verdulería donde ella trabajaba, durante un encuentro en el baile “Árbol Solo”. Por lo cual, el grupo de tareas de Musa, con la ayuda del carnicero, se habría encargado de llevar a Patricia hacia la finca, donde habría sido torturada.
Luego se llevaron los restos de Leyla y a Patricia aún con vida hacia La Dársena, donde la habrían asfixiado hasta quitarle la vida.
CASO BISAGRA
Pese a que esa fue la teoría aceptada por la justicia, los interrogantes aún se mantienen. ¿La causa estuvo sustentada en hechos y pruebas contundentes o fue una cadena de suposiciones las que fueron constituyendo el fallo?
¿Por qué es tan frágil el veredicto en relación a la muerte de Leyla? ¿Cómo murió la joven? ¿Sólo Llugdar puede cargar con este homicidio? ¿No faltan protagonistas en esta escena? ¿Están todos los culpables adentro? ¿Musa Azar protegía a alguien más?
Preguntas como éstas se repitieron hasta el hartazgo. Para unos, el juicio no fue más que un montaje, pues alguien debía ser encontrado culpable. Para otros, fue el broche de oro de una investigación defectuosa pero que, al final, logró su cometido: dar con los responsables de las muertes.
Sólo los asesinos, saben la verdad. Leyla y Patricia nunca pudieron contar su parte de la historia. Más allá del fallo, el llamado «Caso Dársena», significó una verdadera bisagra en el devenir de Santiago del Estero.
Leyla desapareció el 16 de enero de 2003 y Patricia el 5 de febrero. Al día siguiente, los restos de una y el cuerpo de la otra fueron hallados en una zona montuosa. Fue el principio de una de las hojas más negras de la historia policial santiagueña. Sin duda alguna, hay un antes y un después de esos femicidios. Es imposible olvidar que la gente salió a la calle a reclamar justicia. El tema trascendió hasta las esferas periodísticas internacionales, y fue el determinante de una nueva Intervención Federal en la provincia. Fue el final y el comienzo de muchas cosas para la provincia.
CRONOLOGÍA
-6 de febrero de 2003: Los cuerpos de Patricia Villalba y Leyla Bshier Nazar fueron hallados por Rosa Vergara en La Dársena, un descampado a 15 kilómetros de esta capital. Leyla había desaparecido el 16 de enero. Patricia desapareció el 5 de febrero.
-7 de febrero de 2003: Detuvieron a José Patricio Lludgar como principal sospechoso por muerte de Villalba.
-11 de abril de 2003: Comienzan las marchas de familiares de las víctimas en reclamo de justicia que se repetirán durante tres años, con apoyo de la iglesia y organizaciones sociales.
-26 de junio de 2003: El presidente Néstor Kirchner recibió en la Casa Rosada a los padres de las víctimas.
-2 de julio de 2003: Acto en apoyo del gobierno de Mercedes Aragonés de Juárez.
-Marzo de 2003: Se suceden las negociaciones entre agrupaciones sociales santiagueñas, diputados y funcionarios nacionales hasta lograr que el Congreso apruebe la intervención a los poderes de la provincia.
-1 de abril de 2004: Llega la intervención federal a Santiago del Estero, encabezada por el ex fiscal Pablo Lanusse.
-2 de noviembre de 2004: Arrestaron a Musa Azar, ex hombre fuerte de la provincia, imputado por el homicidio de Villalba.
-19 de setiembre de 2006: El juez Mario Medina elevó a juicio a pedido de la fiscal el caso Dársena.
-23 de octubre de 2007: Comenzó el juicio oral contra 16 procesados ante la cámara del Crimen de Segunda Nominación.
-24 de junio de 2008: Finalizó el juicio oral después de ocho meses de debate con las condenas a prisión perpetua a Musa Azar, Jorge Gómez, Héctor Albarracín y Francisco Mattar, y 22 años a José Lludgar.
-24 de mayo de 2012: La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las sentencias a prisión perpetua contra Musa Azar y el resto de los condenados.
Más Leídas
