La justicia federal comenzó a juzgar al exsenador nacional Emilio Rached por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad. Las denuncias incluyen rendiciones incompletas, facturas presuntamente apócrifas y un grave perjuicio al Estado. El tribunal deberá determinar su responsabilidad en el desvío de fondos destinados a la comuna de Pinto, mientras era su intendente.
El 17 de julio de 2008 los argentinos seguían de cerca lo que sucedía en el Congreso de la Nación. No era para menos, se debatía la famosa “resolución 125”, una ley clave en el enfrentamiento del campo con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Faltaban pocos votos, las especulaciones eran demasiadas. El último senador en emitir su voto fue Emilio Rached, quien se manifestó en contra del proyecto y, de esa manera produjo el empate en el recinto. Lo que vino luego es el desempate del presidente del Senado, Julio Cobos, con su ya memorable voto “no positivo”.
La decisión de Rached fue puesta bajo la mirada de todos, pues él había logrado su banca parlamentaria por el Frente Cívico, en 2007, luego de haber sido vicegobernador de la provincia, y sus pares santiagueños votaron a favor del proyecto de ley. El protagonismo alcanzado lo llevó a la mesa de Mirtha Legrand y a otros programas periodísticos de televisión nacional.
Luego de su mandato como senador, regreso a la ciudad de Pinto, en el sur de la provincia, donde había vivido casi toda su vida. Precisamente, en esa localidad comenzó su actividad política con el retorno de la democracia. En 1983, se unió a la Unión Cívica Radical. En 1985 fue elegido convencional constituyente. En 1993 fue designado concejal y dos años después, en 1995, fue elegido intendente, cargo que ocupó durante 10 años.
Sin posibilidades de ser elegido nuevamente como senador, quería reinsertarse a la vida política. Así es que volvió a trabajar políticamente en Pinto, logrando convertirse, una vez más, en intendente, función que cumplió entre el 30 de octubre de 2014 y el 31 de octubre de 2018, período que coincidió con la presidencia de Mauricio Macri.
Ambos mantenían una buena relación, debido al voto emitido en aquella memorable definición por “la 125”. Podían sentirse aliados, lo que incluía que el presidente podría “ayudar” al intendente, sobre todo con obras.
Ese fue el comienzo de un camino que lo llevó a estar hoy en el banquillo de los acusados.
LA CAUSA
El lunes 1° de diciembre, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Carina Farías, comenzó a juzgar al exsenador nacional, exvicegobernador y exintendente de Pinto.
Está acusado de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad. Hechos que no solo exponen presuntas irregularidades administrativas, sino que también ponen bajo la lupa décadas de protagonismo político del dirigente radical, mencionado durante años como una figura moral dentro de la oposición santiagueña.
La causa se inició tras el envío de $44.325.199,60 por parte de la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior de la Nación -durante la presidencia de Mauricio Macri- para ejecutar un conjunto de obras clave en Pinto.
Tales obras tenían que ver con infraestructura básica en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad, un polideportivo tipo “nido” y un sistema de desagües cloacales que beneficiaría a toda la ciudad.
Sin embargo, las autoridades nacionales confirmaron que la Municipalidad solo rindió $39.813.018,10, quedando sin justificar $4.511.881,40. Ese faltante motivó una intimación formal, el 24 de octubre de 2019, que nunca fue atendida y derivó en la denuncia penal.
Si bien estos números pueden sonar casi a nada en este tiempo, hay que tener en cuenta que el dinero llegó a Pinto desde 2016 a 2018, cuando la valuación era completamente diferente y el monto cuestionado era una cifra altamente significativa.
Pero la investigación reveló algo más grave: parte de las obras directamente no existía. Es más, no se había colocado un solo ladrillo para su ejecución.
PROCESAMIENTO CONFIRMADO
En febrero de 2021, el Juez Federal Nº 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, por el delito de malversación de caudales públicos. También les trabó embargos de bienes por tres millones de pesos. Esta situación procesal fue apelada ante la Cámara Federal de Tucumán.
El 7 de julio de 2021, la Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento Rached y también el de Ana Vera, quien fuera secretaria de Economía de ese municipio, por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad, en concurso ideal de delitos (Arts. 260, 261, 248, 45 y 54 del Código Penal).
La Cámara Federal concluyó que, tras el análisis del expediente y las pruebas reunidas, “se advierte que Rached y Vera habrían sustraído fondos del convenio, por cuanto se evidencia una clara diferencia entre los fondos girados por la Nación y lo acreditado por el municipio en su rendición de cuentas”.
Asimismo, afirmó que “los imputados habrían dado un destino diferente al acordado en el convenio a una parte de los desembolsos efectuados por el Estado nacional para la ejecución de las obras públicas, por lo que resultarían presuntos autores responsables del delito previsto y penado por el art. 260 del Código Penal (malversación de caudales públicos)”.
Los magistrados señalaron que, de acuerdo con las pruebas reunidas en el expediente, “los hechos detallados demuestran a todas luces que la presente investigación cuenta con sobradas pruebas de cargo y que no se trata de una creación artificial, ni de conductas que tengan que ver con meras ‘negligencias administrativas’”, que afirmaron los defensores de los imputados en los fundamentos de la apelación. “En efecto, resulta evidente que el único fin perseguido por ellos es lograr deslindar de toda responsabilidad penal a los imputados”, aseguraron.
FACTURAS APÓCRIFAS DE LA PIZZERÍA
Durante el proceso de instrucción, una de las irregularidades más llamativas fue la inclusión repentina de un proveedor denominado Nemeste SA, cuyo objeto social, según el Boletín Oficial, era gastronómico: pizzería, bar, restaurante, despacho de bebidas.
A pesar de ello, en 40 días la firma emitió 37 facturas correlativas al municipio, por un total de $3.673.029,89.
Frente a ello, la AFIP la clasificó como “riesgo” y luego entró en proceso de quiebra. Para la justicia, las actividades facturadas “nunca fueron prestadas”.
Las facturas de esta empresa representan el 9% del monto total recibido por la Municipalidad para realizar las obras de cloacas. Para los investigadores, los documentos hacen presumir que ese dinero fue retenido por Rached.
A estos elementos se suman pagos irregulares a una ONG, contrataciones sin sustento legal, desembolsos a profesores por actividades no contempladas en el convenio original y el pago de casi $200.000 a un abogado santafesino por un asesoramiento no justificado.
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento destacando que existía un claro desvío de fondos, que el dinero tuvo un destino diferente al acordado, y que no se trató de “negligencias administrativas” sino de hechos graves con pruebas contundentes.
PRÁCTICA IRREGULAR
El tribunal tuvo en cuenta que “a lo largo de los dos años desde la firma del convenio entre Nación y la Municipalidad de Pinto, los pagos de las facturas difieren totalmente del objeto para el cual se recibieron los fondos, que va desde el pago a una ONG por diversos cursos y jornadas, o el pago a profesores de diversas índoles por actividades realizadas, los cuales no son de montos mayores en base al gran presupuesto que se manejaba, pero sí una práctica irregular que se repitió a lo largo de los meses”.
Por otra parte, el fallo señalaba que “existe constancia de pago por la suma de $ 197.759,80 a un abogado santafesino, quien facturó en concepto de ‘asesoramiento’ en la construcción del Centro Cultural y Deportivo, sin justificarse la contratación directa por sobre el tope legal, ni adjuntarse el convenio correspondiente”.
Asimismo, “las rendiciones posteriores a la derrota electoral del 12 de agosto de 2018 presentan ciertas particularidades”. De acuerdo con la auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia, “existían fondos cercanos a los $ 15 millones que se gastaron hasta el 31 de agosto de 2018”.
EL JUICIO CONTINUA
Finalmente, el juicio oral contra el exintendente Emilio Rached, Ana Vera, exsecretaria de Economía de Pinto, y Diego Kenel, exempleado de esa comuna, por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad.
El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Carina Farías, escuchó la requisitoria de la Fiscalía Federal, que presentó 70 actos presuntamente irregulares.
Si bien, el defensor de Rached intentó frenar el proceso con pedidos de nulidad y recusación del tribunal, luego de un cuarto intermedio, los jueces rechazaron todos los planteos tras un cuarto intermedio.
Hoy avanza la etapa de testimoniales, que será clave para determinar si hubo desvío, apropiación e incumplimiento de funciones.
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS CUESTIONADA
Si bien el Tribunal Oral Federal está en plena etapa de exhibición de pruebas y testigos, el proceso que hoy sienta en el banquillo a Emilio Rached no es un episodio aislado. Al contrario, forma parte de una secuencia sostenida de escándalos que, pieza por pieza, fueron configurando este caso.
Es que los cuestionamientos a su figura comenzaron a circular mucho antes del actual proceso. En 2013, investigaciones periodísticas, tanto en España como en Argentina, señalaron irregularidades en el programa de adjudicación de viviendas vinculado a la Fundación Pinares.
En esos informes aparecían menciones a beneficiarios ligados a su entorno, incluida una hija, en listados de adjudicatarios. Las publicaciones alertaban sobre la posible utilización política de programas sociales y la falta de transparencia en la asignación.
Ese fue el primer ruido fuerte, lo demás llegó con las acusaciones y el juicio que ahora se está realizando en los tribunales federales.
FINAL ABIERTO
Hoy, Emilio Rached está en el banquillo de los acusados, el juicio no solo interpela la conducta de un exfuncionario, sino también el modo en que se administran fondos nacionales destinados a infraestructura social.
Aunque los hechos judiciales se circunscriben a Pinto, el caso impacta en la política provincial, en la credibilidad institucional y en la historia reciente de uno de los dirigentes más influyentes de la oposición santiagueña.
La etapa oral permitirá verificar, con evidencia testimonial y documental, si existió un manejo irregular de caudales públicos, tal como viene sosteniendo la Justicia desde 2021.
El debate continuará con la declaración de testigos clave, entre ellos funcionarios nacionales que participaron en el convenio, auditores y exfuncionarios municipales.
El juicio que hoy lo tiene sentado frente a los jueces no solo busca determinar si Emilio Rached desvió fondos públicos. También pone bajo análisis una forma de gestión, un estilo político y una red de decisiones que, durante años, quedaron envueltas en sospechas.
Lo que se dirima en estas audiencias tendrá un impacto que trasciende a la ciudad de Pinto: es un caso testigo sobre transparencia, control y responsabilidad política en la administración local.
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