La comunidad universitaria volvió a marchar en defensa de la educación pública y del financiamiento universitario. Mientras la Ley de Financiamiento continúa frenada en la Justicia, se advierte la reducción de recursos y las consecuencias que el ajuste puede generar sobre el sistema científico.
La comunidad volvió a movilizarse en defensa de la educación pública y pedir por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso aprobó en 2025. La ley actualizaba las partidas para universidades según la inflación y la ratificó pese al veto del Gobierno, pero actualmente se encuentra frenada por la Justicia.
La resolución final depende de la Corte Suprema. Mientras tanto, el gasto universitario es el más bajo en 21 años. En 2025, la aplicación de la ley hubiera implicado un incremento de partidas del 40% respecto de los $4,4 billones ejecutados ese año. Hoy, si se cumplen las proyecciones de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las partidas deberían ser un 72% superior a las que el Gobierno efectivamente otorgó.
Es por esto por lo que el panorama actual, tanto de docentes, no docentes y estudiantes, es cada vez más complejo. El Esp. Omar Layús Ruiz, docente universitario e integrante de la Asamblea Universitaria Permanente de Santiago del Estero, en diálogo con LA COLUMNA expresó: “Es importante en primer lugar que toda la comunidad universitaria se movilice en defensa de la educación, de la ciencia y de la universidad pública. En primer lugar, porque somos quienes formamos parte del día a día de la universidad, quienes conocemos cuáles son nuestras condiciones y necesidades, que son muchas, y siempre necesitamos nuevas fuentes y formas de sostener nuestro trabajo.”
En ese contexto, uno de los principales reclamos tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. Desde el sector universitario advierten que los ingresos quedaron muy por detrás de la inflación durante los últimos meses, generando dificultades para sostener las tareas académicas, de investigación y extensión que se desarrollan diariamente en las universidades públicas.
El presupuesto asignado al pago de autoridades, docentes y no docentes, que representa más del 90% del presupuesto total, cayó 6,2% frente al 2025 y acumula una baja del 26,3% respecto de 2023.
A esto se suma la caída de la inversión por estudiante, una situación que impacta directamente en el funcionamiento de las instituciones. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) informó que “en términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $ 2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004”.
La reducción de recursos afecta desde el mantenimiento edilicio y los servicios básicos hasta el financiamiento de proyectos científicos, becas y actividades de acompañamiento estudiantil.
En ese sentido, Layús remarcó: “Nuestra vida universitaria no se limita solamente a ir a clases y recibir una titulación al final de nuestras carreras, sino que quienes conformamos la vida universitaria hacemos convivir nuestras clases con actividades de extensión, con actividades de investigación y con toda una serie de actividades que están vinculadas a una vida integral en el ámbito de la universidad.”
La marcha fue multitudinaria. Reunió a profesionales, estudiantes, docentes, no docentes y familias. El reclamo se realizó en todo el país y constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.
Para la comunidad universitaria es importante el apoyo de la sociedad y recordarles que el rol y la función social de la universidad es fundamental para el desarrollo de un país, ya que se estudian y trabajan las disciplinas necesarias para el desarrollo de la vida diaria.
Tal como explica Omar Layús: “Desde el médico que nos atiende en un consultorio hasta la enfermera que nos atiende en un hospital y hasta el ingeniero o el arquitecto que trabajan en los planos de nuestras casas, han tenido un entrenamiento y han tenido una formación desde la universidad y que desde su lugar aportan al desarrollo de nuestra sociedad.”
Auditorías y autonomía universitaria
En medio del conflicto universitario, uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno nacional es la necesidad de “transparentar” el funcionamiento de las universidades públicas. Sin embargo, desde el sector académico rechazan la idea de que las casas de estudio no sean auditadas y sostienen que existe desinformación sobre cómo funciona el sistema universitario.
“El gobierno habla de reordenamiento financiero y de necesidad de mayor transparencia porque en realidad la sociedad no conoce cómo funciona el sistema universitario. Y al tener capacidad de instalar agenda, terminan diciendo cualquier cosa”, señaló Omar Layús. En ese sentido, cuestionó afirmaciones vinculadas a que “las universidades no se dejan auditar” o que “no rinden cuentas”, y sostuvo que esos discursos responden a “una mirada neoliberal e individualista” que desconoce el carácter colectivo de la educación pública.
De acuerdo con la Ley de Educación Superior, el control administrativo externo de las universidades nacionales corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, mientras que cada universidad, además, debe contar con mecanismos de auditoría interna.
Chequeado explicó que las universidades sí son auditadas, aunque las revisiones de la AGN no se realizan todos los años y suelen presentar demoras debido al funcionamiento del sistema de control y a la aprobación parlamentaria de los planes de auditoría.
En esa línea, Layús remarcó que “las universidades funcionan con sistemas de transparencia porque se trata de fondos públicos que luego deben ser rendidos”. Si bien reconoció que “siempre hay cosas para mejorar”, cuestionó que se utilice el debate sobre auditorías para “embarrar la cancha” y generar desconfianza sobre el trabajo universitario.
Actualmente, además, existe una disputa entre el Gobierno nacional y varias universidades respecto del rol de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo que depende del Poder Ejecutivo. Mientras el oficialismo sostiene que la SIGEN también debería auditar universidades, distintos sectores académicos argumentan que eso podría afectar la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Nacional.
El riesgo de quedarse sin futuro
Para Layús, la caída presupuestaria no solo afecta el presente de las universidades, sino también el futuro del sistema científico y tecnológico argentino. En ese sentido, advirtió que las consecuencias pueden ser “devastadoras” para el desarrollo del país, especialmente por el impacto que genera sobre las nuevas generaciones de profesionales e investigadores.
El docente sostuvo que la pérdida de recursos y las dificultades económicas empujan a muchos jóvenes a abandonar sus estudios o priorizar trabajos para sostenerse, mientras que investigadores y docentes optan por dejar sus cargos o emigrar al exterior.
“Nos va a llevar mucho tiempo recuperar esos científicos que se van, esos chicos que deciden dejar la universidad y trabajar en una plataforma porque no tienen para llegar a fin de mes. De la misma manera, los docentes que se ven obligados a dejar sus puestos por cuestiones económicas. Poder recuperar y renovar esas plantas que se van sistemáticamente va a tener consecuencias en las próximas décadas”, explicó.
Además, destacó que Argentina posee algunas de las universidades más reconocidas de América Latina y un sistema científico valorado internacionalmente. Sin embargo, advirtió que el debilitamiento sostenido de estos espacios puede convertirse en “un golpe mortal” para la universidad pública, debido a que la formación de recursos humanos y el desarrollo científico requieren procesos de largo plazo difíciles de reconstruir.
Para el docente, las consecuencias más profundas probablemente impacten sobre las próximas generaciones: “Las nuevas generaciones se encuentran fuertemente limitadas en sus sistemas de trabajo y su desarrollo en las universidades y en el sistema científico y, lamentablemente, esto va a generar consecuencias muy fuertes dentro del sistema”.
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