En Santiago del Estero, especialistas y organismos locales advierten una profundización del cuadro y la necesidad de políticas con anclaje territorial.
La violencia intrafamiliar volvió a dejar una marca inquietante en las estadísticas del primer trimestre de 2025. Según el informe más reciente de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las denuncias por violencia de género y doméstica crecieron un 9% respecto del último tramo de 2024. La cifra no solo expone un incremento sostenido, sino que confirma, una vez más, que los índices no retroceden y que cada período revela nuevas capas de un fenómeno arraigado.
El documento, elaborado a partir de las intervenciones diarias de la OVD —organismo creado por resolución 39/2006 con la misión de garantizar el acceso a la justicia para personas afectadas por violencia doméstica o de género—, muestra además un dato que enciende alarmas: las personas con lesiones producto de estos episodios aumentaron un 4%. Los equipos interdisciplinarios que trabajan en la recepción de denuncias y evaluación de riesgo advierten que el daño físico suele ser la punta visible de dinámicas que combinan control, aislamiento, dependencia económica y amenazas constantes.
Desde 2016, con la acordada 21/16, la OVD amplió su actuación a casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Esa ampliación fortaleció su rol como espacio institucional clave para comprender el mapa actual de violencias, tanto por el volumen de denuncias como por la calidad de los relevamientos periódicos que elabora y que, cada trimestre, funcionan como insumo para equipos técnicos, consultoras legislativas y políticas públicas.
En este contexto nacional, Santiago del Estero constituye un escenario donde la problemática se vuelve particularmente visible. La provincia registra desde hace años números altos de intervenciones judiciales por violencia intrafamiliar, y 2025 no es la excepción. Fuentes de los organismos provinciales vinculados a la atención y seguimiento de casos —entre ellos áreas de género municipales, comisarías del la mujer y servicios de protección de derechos— señalan que la tendencia del primer trimestre se alinea con el incremento nacional. La mayoría de las denuncias corresponde a mujeres de entre 20 y 45 años, muchas de ellas convivientes con el agresor y a cargo de hijas e hijos menores.
En barrios periféricos de la capital santiagueña, las situaciones de violencia suelen convivir con escenarios de precariedad económica que dificultan la ruptura del círculo. Referentes territoriales destacan que los pedidos de intervención se multiplicaron en febrero y marzo, especialmente en zonas donde los dispositivos de acompañamiento estatal llegan con intermitencias. El acceso al asesoramiento jurídico gratuito y a redes de contención comunitaria continúa siendo un desafío, a pesar de que la provincia incorporó nuevos equipos interdisciplinarios en los últimos dos años.
Los datos oficiales revelan además que la violencia psicológica sigue siendo la modalidad más frecuente, seguida por la violencia física y la económica-patrimonial. Sin embargo, el crecimiento de casos con lesiones evidencia que muchas situaciones escalan antes de que las víctimas puedan acceder a una instancia de protección efectiva. Los equipos técnicos insisten en que el primer contacto con la denuncia suele llegar cuando el riesgo ya es alto, un patrón que se replica desde hace al menos una década.
En el Ministerio Público Fiscal santiagueño afirman que se observa una mayor disposición a la denuncia, producto tanto de campañas locales como del fortalecimiento de unidades especializadas. No obstante, admiten que el sistema de protección enfrenta demoras, saturación de profesionales y dificultades para garantizar medidas urgentes, como botones antipánico o perímetros de exclusión. En zonas rurales, donde las distancias y la falta de transporte complican cualquier trámite, la respuesta es todavía más lenta y depende en gran medida de redes informales.
Los organismos especializados coinciden en que el aumento del 9% registrado por la OVD no puede leerse aisladamente. “Las denuncias crecen porque la violencia no cede, pero también porque hay mayor visibilidad y menos tolerancia social”, repiten funcionarias vinculadas al abordaje del fenómeno. Sin embargo, esa visibilidad contrasta con la persistencia de patrones culturales conservadores que legitiman el control y la subordinación en el ámbito doméstico, especialmente en contextos donde la institucionalidad estatal llega fragmentada.
INFORME
El informe de la OVD —uno de los más consultados por equipos legislativos y actores del sistema judicial— subraya que la articulación entre Poder Judicial, fuerzas de seguridad y áreas sociales continúa siendo un eje crítico. La fragmentación institucional genera superposiciones, demoras y, en algunos casos, vacíos que terminan dejando a las víctimas desprotegidas. En Santiago del Estero, donde la red interinstitucional se fortaleció, pero aún enfrenta limitaciones, las organizaciones sociales insisten en la necesidad de mayor presupuesto, más refugios y capacitaciones obligatorias con perspectiva de género para el personal estatal.
Mientras tanto, cada número del informe representa una historia que todavía espera respuestas. Una mujer que decide denunciar después de años de amenazas. Una madre que llega con hijos pequeños sin saber dónde pasar la noche. Una joven que sufre violencia económica y teme por su independencia. Un barrio que se organiza para acompañar. El primer trimestre de 2025 vuelve a poner la lupa sobre una problemática que no retrocede y que exige políticas profundas, sostenidas y territorializadas.
Las cifras son claras. Las experiencias, también. Lo que está en disputa es la capacidad colectiva —institucional y social— de transformar un escenario que, aun con avances, se mantiene en alarma permanente. Para Santiago del Estero y para todo el país, el desafío no es solo registrar la violencia: es impedir que siga creciendo.
Más Leídas
