La expansión de los servicios y trámites digitales profundiza desigualdades que afectan especialmente a las personas adultas mayores, para quienes el acceso, el uso y la comprensión de la tecnología siguen siendo una barrera cotidiana.
El teléfono suena, pero no es una llamada. Es una notificación. En la pantalla aparece un mensaje breve, casi impersonal: “Su turno fue reprogramado”. Del otro lado, una mujer de 72 años, observa el celular con una mezcla de desconcierto y ansiedad. No sabe qué hacer. No sabe dónde tocar. No sabe, siquiera, si ese aviso significa que tiene que volver a sacar turno o si alguien se comunicará con ella. Su consulta médica, esperada durante semanas, queda suspendida en una aplicación que no entiende.
Historias como estas se repiten todos los días. No suelen ocupar titulares ni generar debates urgentes, pero atraviesan la vida cotidiana de miles de personas adultas mayores en Argentina. En un contexto donde los trámites esenciales, desde gestiones bancarias hasta turnos médicos, se trasladaron casi por completo al entorno digital, la brecha tecnológica dejó de ser una abstracción para convertirse en una forma concreta de exclusión.
La digitalización avanzó rápido. Para quienes crecieron usando computadoras, celulares inteligentes y aplicaciones, el proceso fue casi natural. Para quienes pasaron la mayor parte de su vida resolviendo todo de manera presencial, el cambio fue abrupto y, en muchos casos, traumático.
Las personas adultas mayores no solo enfrentan dificultades técnicas, como no saber descargar una aplicación o recordar una contraseña, sino también barreras simbólicas: miedo a equivocarse, a “romper” el dispositivo, a ser estafadas, a quedar expuestas. En ese marco, cada trámite digital se transforma en una experiencia cargada de tensión.
Durante años, la presencialidad fue sinónimo de acceso. Ir a una oficina, hacer fila, hablar con alguien detrás de un mostrador. Hoy, en cambio, la puerta de entrada a derechos básicos es una pantalla, y esa pantalla no siempre está pensada para quienes ven mal, leen con dificultad o no están familiarizados con los códigos digitales.
Sacar un turno médico, consultar una receta, autorizar una práctica, descargar una orden de consulta. Acciones que antes requerían, como mucho, una llamada telefónica o una visita a la obra social, hoy exigen un teléfono inteligente, conexión a internet, usuario, contraseña y paciencia.
LA SALUD DIGITAL COMO PROMESA INCUMPLIDA
La mayoría de las obras sociales y prepagas utilizan aplicaciones móviles como canal principal, y muchas veces exclusivo, para gestionar la atención médica. El problema aparece cuando esas aplicaciones no contemplan a una parte significativa de sus afiliados: adultos mayores que no saben usarlas o directamente no tienen dispositivos.
En la práctica, esto genera situaciones de dependencia forzada. Hijos, nietos o vecinos se convierten en intermediarios permanentes para resolver trámites de salud. Lo que debería ser una herramienta de autonomía termina produciendo el efecto contrario: la pérdida de independencia.
No se trata solo de incomodidad. En materia de salud, los tiempos importan. Un turno que no se confirma, una notificación que no se lee, una receta que no se descarga pueden derivar en tratamientos interrumpidos o controles que se postergan indefinidamente.
La digitalización del sistema de salud se presentó como una solución: menos filas, más rapidez, mayor acceso. Y en muchos casos lo es. Pero esa promesa se diluye cuando no se garantiza que todos puedan utilizarla.
Para una persona mayor, enfrentarse a una aplicación médica puede ser una experiencia deshumanizante. No hay a quién preguntar, no hay alguien que explique con calma, no hay margen para el error. Cada paso mal dado puede significar empezar de nuevo.
Además, muchas plataformas están diseñadas sin criterios de accesibilidad: textos pequeños, instrucciones confusas, procesos largos y poco intuitivos. La tecnología no es neutral: cuando no se piensa desde la diversidad de usuarios, termina reproduciendo desigualdades.
ACCESO NO ES LO MISMO QUE USO
Uno de los errores más frecuentes al analizar la brecha digital es reducirla únicamente a la disponibilidad de dispositivos o conexión a internet. Sin embargo, el acceso material no garantiza un uso significativo. Muchas personas mayores cuentan con teléfonos inteligentes, pero no saben descargar aplicaciones, completar formularios digitales o resolver problemas técnicos básicos.
La falta de alfabetización digital es un factor central. A diferencia de generaciones más jóvenes, que incorporaron la tecnología en etapas tempranas de su vida, gran parte de los adultos mayores se enfrenta a estos cambios sin haber recibido formación previa. Aprender en soledad, sin acompañamiento, suele resultar insuficiente. Las plataformas digitales suelen estar diseñadas bajo supuestos que no contemplan la diversidad etaria. Interfaces complejas, letras pequeñas, procesos largos y poco claros, o sistemas de verificación confusos dificultan aún más el uso por parte de personas mayores.
Esta falta de accesibilidad no es menor: cuando el diseño no considera las necesidades de todos los usuarios, la tecnología deja de ser una herramienta inclusiva y se convierte en un factor de desigualdad. La exclusión digital, en este sentido, no es solo una cuestión individual, sino también estructural.
En los últimos años surgieron iniciativas públicas y comunitarias orientadas a reducir la brecha digital en personas mayores. Talleres de alfabetización digital, espacios de formación y programas de inclusión tecnológica buscan acercar herramientas básicas y promover un uso más autónomo de los dispositivos.
No obstante, la cobertura de estas propuestas sigue siendo limitada y desigual. Muchas no alcanzan a zonas alejadas de los grandes centros urbanos o dependen de recursos insuficientes para sostenerse en el tiempo. Mientras tanto, la digitalización continúa avanzando a un ritmo que no siempre contempla estos desfasajes.
UNA EXCLUSIÓN QUE NO SIEMPRE SE VE
Los datos confirman que el uso de tecnologías digitales disminuye de forma significativa a medida que aumenta la edad. En Argentina, distintos relevamientos muestran que más del 40% de las personas mayores de 65 años no utiliza internet de manera regular, y que cerca del 80% no cuenta con una computadora en su hogar. Aunque el acceso al teléfono celular es más extendido, su uso suele limitarse a funciones básicas como llamadas o mensajes, dejando fuera gran parte de las posibilidades que ofrece el entorno digital.
Esta brecha se profundiza cuando se combinan otros factores, como el nivel educativo, los ingresos y el lugar de residencia. Las personas mayores que viven solas, en zonas rurales o con menores recursos económicos enfrentan mayores dificultades para acceder y sostener el uso de tecnologías digitales.
En un contexto de envejecimiento poblacional, este fenómeno adquiere una relevancia creciente. Garantizar la inclusión digital de las personas mayores no implica solo enseñar a usar dispositivos, sino repensar políticas públicas, diseños tecnológicos y modelos de atención que contemplen todas las edades.
Argentina le otorgó jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360). Este marco legal es claro: el Estado y las empresas deben garantizar la igualdad y no discriminación por razones de edad.
Cuando una institución migra todos sus servicios a una aplicación sin ofrecer un "ajuste razonable" (como atención presencial u opciones analógicas), está incurriendo en una forma de discriminación. Los derechos a la información, a la propiedad (gestión de dinero) y a la participación ciudadana están siendo condicionados por una destreza tecnológica que el sistema nunca se encargó de enseñar de manera universal.
La tecnología, lejos de ser neutral, refleja decisiones sociales y políticas. El desafío es que esas decisiones no profundicen desigualdades existentes, sino que contribuyan a reducirlas. Porque en un mundo cada vez más digital, quedar desconectado también significa quedar afuera.
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