El caso de Agostina Páez, la joven santiagueña investigada en Brasil por gestos racistas, volvió a encender un debate profundo y necesario sobre la discriminación, el peso cultural de ciertas conductas y las consecuencias sociales y judiciales que pueden derivarse de actos que, lejos de ser aislados, reproducen violencias históricas aún vigentes.
Un confuso y grave episodio ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro derivó en la retención del pasaporte y la imposición de medidas judiciales contra una joven santiagueña, cuyo caso generó una fuerte repercusión mediática tanto en Brasil como en la Argentina. Se trata de Agostina Páez, abogada e influencer de 29 años, quien se encuentra bajo investigación de la Justicia brasileña por presuntos gestos e insultos racistas dirigidos a un trabajador de un bar en la zona de Ipanema, uno de los sectores turísticos más concurridos de la capital carioca.
El hecho tuvo lugar el miércoles 14 de enero, cuando ella se encontraba de vacaciones junto a amigas. Según la denuncia radicada por un empleado del local, el conflicto se inició a raíz de una discusión por el pago de la cuenta. En ese contexto, la joven habría señalado al trabajador y proferido expresiones discriminatorias, además de realizar gestos asociados históricamente al racismo, como imitar a un mono y reproducir sonidos del animal. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y se viralizó rápidamente en redes sociales, amplificando el impacto del episodio.
En las imágenes se puede ver claramente a la abogada no solo realizando gestos parecidos a los que efectúan los monos e incluso imitando el sonido de estos animales, sino también se evidencia la incomodidad de sus amigas, quienes la sacaron del lugar casi a los empujones, avergonzadas por su actitud.
DENUNCIA
Tras la denuncia, la intervención policial fue inmediata. La 11ª Comisaría de Rocinha tomó el caso y solicitó medidas cautelares ante la Justicia. Como resultado, se dispuso la incautación del pasaporte de la joven, la prohibición de salir del país y la colocación de una tobillera electrónica para asegurar su permanencia en territorio brasileño mientras avanza la investigación. Páez fue derivada al sistema penitenciario únicamente a los fines administrativos para la colocación del dispositivo, permaneciendo en libertad ambulatoria.
El caso tuvo una amplia difusión en medios brasileños y argentinos, donde rápidamente se identificó a la acusada como influencer. Cuenta con una importante presencia en redes sociales, con más de 40 mil seguidores en Instagram y cerca de 80 mil en TikTok, aunque tras la viralización del video decidió cerrar o restringir sus perfiles ante la ola de críticas y amenazas recibidas.
En medio del escándalo, una agencia de viajes con la que había trabajado, Cataleya Travel, anunció públicamente la desvinculación y retiró todo el material promocional en el que aparecía, argumentando que la decisión respondía a sus principios de turismo inclusivo y no discriminación.
“ARREPENTIDA”
Ante la gravedad del escenario, la joven brindó declaraciones en las que reconoció su arrepentimiento, aunque intentó contextualizar lo ocurrido. Según su versión, la discusión comenzó cuando el personal del boliche les reclamó consumos que –asegura- ya habían sido abonados. Tras pagar nuevamente, afirmó que empleados del lugar comenzaron a seguirlas y a realizar gestos obscenos, lo que habría desencadenado su reacción.
“Fue la peor reacción que pude haber tenido. Estoy muy arrepentida”, expresó, aunque sostuvo que no tuvo intención de dirigir los gestos directamente al trabajador que luego la denunció.
Más allá de su descargo, reconoció el profundo impacto personal que atraviesa desde que el caso se hizo público. “Estoy encerrada en un departamento. Estoy recibiendo amenazas y tengo mucho miedo”, dijo, señalando además que fue advertida de que, si intentaba abandonar Brasil, sería detenida de inmediato.
SITUACIÓN PROCESAL
En ese marco, la joven confirmó que deberá portar la tobillera electrónica y permanecer en el país hasta que la Justicia defina su situación procesal.
La causa quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro. En paralelo, el Consulado argentino tomó intervención formal para brindar asistencia consular y facilitar el acceso a una defensa técnica en Brasil. Páez fue recibida por el cónsul argentino, mientras que su abogado en Santiago del Estero, el Dr. Sebastián Robles, acompaña el proceso de manera remota y articula con letrados brasileños.
La defensa considera que las medidas cautelares dispuestas son excesivas y buscará que se flexibilicen para permitir que la joven regrese a la Argentina y continúe el proceso de manera virtual. “Tiene arraigo en el país, una profesión y se presentó voluntariamente ante la policía”, sostuvo Robles, quien además cuestionó que las restricciones se hayan impuesto a partir de una denuncia unilateral, sin una instancia previa de descargo.
En las últimas horas, la situación sumó un episodio alarmante: desconocidos ingresaron al departamento donde se aloja Páez haciéndose pasar por policías, hecho que luego fue desmentido por una comisaría local. El incidente generó preocupación adicional y llevó a la defensa a evaluar la presentación de un habeas corpus para proteger la integridad de la joven y revisar las condiciones en las que se encuentra.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Para los santiagueños, no es la primera vez que Agostina Páez se involucra en un hecho de ribetes policiales. Al contrario, durante fines del año pasado, se metió de lleno en el conflicto judicial en el que estaba implicado su padre, Mariano Páez, empresario del transporte, quien estaba detenido en una causa de violencia de género.
El hombre fue acusado por la justicia local de agredir físicamente y amenazar a su expareja, Estefanía Budán, también abogada. Si bien fue excarcelado el 15 de diciembre, con el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acercamiento a la mujer, pronto se mostraron juntos públicamente, haciendo gala de su relación afectiva, dejando atrás los hechos de violencia que se generaron entre ambos.
En ese contexto, y mientras su padre aún estaba detenido, Agostina presentó una denuncia penal contra la abogada Budán, en ese momento expareja del hombre. La acusó de hostigamiento, difamación y violencia digital, de la que habrían sido víctimas ella misma y una hermana menor de edad.
Sin embargo, tal denuncia pareciera haber quedado en el olvido, e incluso Budán salió a defenderla públicamente a través de sus redes sociales.
RACISMO
El caso de Agostina Páez, investigada por la Justicia brasileña tras ser denunciada por gestos y expresiones racistas en un bar de Ipanema, no solo expuso una situación personal y judicial compleja, sino que volvió a poner en el centro del debate un tema tan incómodo como necesario: la persistencia del racismo, sus múltiples formas de manifestación y las consecuencias que puede acarrear, incluso cuando quien incurre en ellas no dimensiona plenamente su gravedad.
El episodio ocurrió en un contexto cotidiano, una salida nocturna que derivó en una discusión por el pago de una cuenta y que, según la denuncia del trabajador del local, escaló hacia insultos y gestos de carácter racial. Las imágenes que circularon posteriormente, registradas por cámaras de seguridad, fueron interpretadas por las autoridades brasileñas como una conducta discriminatoria, suficiente para activar el engranaje judicial de un país que mantiene una política de tolerancia cero frente al racismo.
Brasil es una sociedad profundamente atravesada por su historia de esclavitud y por desigualdades raciales estructurales que aún hoy persisten. En ese marco, los gestos, palabras o imitaciones que remiten a estereotipos racistas no son considerados simples exabruptos ni reacciones aisladas, sino expresiones de violencia simbólica. La legislación brasileña tipifica el racismo como un delito grave, imprescriptible y no excarcelable en determinados supuestos, y la Justicia suele actuar con rapidez, incluso cuando los acusados son ciudadanos extranjeros.
IMPACTO SOCIAL
En este contexto, el caso de Páez evidencia el fuerte contraste entre la percepción individual de una conducta y su impacto social. La joven reconoció públicamente que su reacción fue inapropiada y manifestó arrepentimiento, aunque sostuvo que actuó en medio de una situación de tensión y provocación.
Sin embargo, el debate excede las intenciones personales: el racismo no se mide únicamente por la voluntad de quien lo ejerce, sino por el daño que reproduce y legitima en una sociedad que históricamente ha sufrido sus consecuencias.
Los gestos racistas, aun cuando se los intente justificar como “impulsivos”, “privados” o “dirigidos a terceros”, refuerzan lógicas de deshumanización profundamente arraigadas.
En Brasil, la utilización de expresiones como “mono” o la imitación de animales para referirse a personas negras está cargada de un peso histórico que remite directamente a la esclavitud y a la negación de la igualdad.
Por eso, lo que en otros contextos podría ser minimizado, en el país vecino adquiere una gravedad institucional y social que se traduce en sanciones concretas.
CONDENA SOCIAL
El impacto del caso también se amplificó por la condición pública de la acusada. En tiempos de redes sociales, la figura del influencer ya no es solo un rol comercial o mediático, sino también un espacio de responsabilidad. Las reacciones no tardaron en llegar: cancelación de contratos, desvinculación de marcas y una exposición que, en cuestión de horas, transformó un episodio nocturno en un escándalo internacional.
La viralización no solo acelera los procesos sociales de condena, sino que también deja al descubierto la fragilidad de las reputaciones construidas en el entorno digital.
Al mismo tiempo, el caso reabre interrogantes sobre los límites entre la sanción judicial y el linchamiento simbólico. Las amenazas recibidas por la joven, el miedo expresado públicamente y el episodio denunciado por su defensa sobre el ingreso de personas desconocidas a su departamento en Río de Janeiro muestran otra arista del problema: cómo la condena social, aun frente a hechos repudiables, puede derivar en situaciones de riesgo personal que tampoco deberían naturalizarse.
ANTECEDENTE
El caso de la abogada santiagueña no es un hecho aislado. Al contrario, reavivó el recuerdo de un antecedente reciente que involucró a otra santiagueña, la futbolista Candela Díaz, quien meses atrás permaneció más de 50 días retenida en Brasil tras una acusación de racismo durante un torneo internacional.
El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2024, cuando Candela disputaba un partido de fútbol en un torneo denominado “Ladies Cup”. En esa ocasión, las imágenes televisivas expusieron que la deportista y tres compañeras de equipo realizaron gestos racistas, lo que derivó en una posterior denuncia e incluso la detención de las cuatro futbolistas involucradas, quienes estuvieron tras las rejas durante casi dos meses, hasta que fueron liberadas y pudieron regresar a Argentina.
Si bien ambos episodios ocurrieron en contextos distintos, exponen la postura firme de la Justicia brasileña frente a conductas discriminatorias y la rapidez con la que se aplican sanciones, incluso a ciudadanos extranjeros. También demuestra que las consecuencias pueden ser duras y prolongadas.
En ambos episodios, más allá de las diferencias de contexto, se pone de manifiesto una advertencia contundente: en Brasil, el racismo no es tolerado ni relativizado.
DELITO IMPRESCRIPTIBLE
El abogado Máximo Murad realizó un análisis jurídico del caso, tomando como base los hechos difundidos públicamente, sin entrar en los detalles intrínsecos del hecho.
Lo primero que señaló es que en surge la aplicación espacial del derecho penal, denominado territorialidad. “En virtud de este principio, cada Estado tiene jurisdicción para perseguir, juzgar y castigar los delitos cometidos dentro de su territorio, esto en razón de su soberanía”, explicó.
Por otro lado, se refirió a “la conducta o el hecho en sí mismo”, pues la santiagueña “ha realizado gestos de mono y ha utilizado el término de manera peyorativa para insultar al mozo de un bar y esto ha quedado grabado. En nuestro país esto podría encuadrarse en el delito de injuria, pero en Brasil la cosa cambia”.
En ese sentido, el profesional explicó que “hasta el año 2023, su Código Penal regulaba el delito de injuria de la misma manera que en Argentina y aplicaba una pena una prisión de 1 a 3 años más multa”.
Sin embargo, con la sanción de la Ley 14.532, “la injuria, cuando es por razones de raza, color, etnia, religión o nacionalidad, pasa a considerarse racismo”.
Tal es así que “dicha ley ha ampliado la clasificación de lo que se considera racismo e incluso ha incrementado la pena, pasando de 1 a 3 años a 2 a 5 más multa”.
A la vez, destacó que “hay que considerar otras cuestiones que nosotros no sabemos, porque en el vídeo se ve que ella sale del bar y realiza lo que ha realizado, acompañada de dos amigas aparentemente, y esta ley prevé como agravantes la comisión del delito entre dos o más personas, por lo cual la pena podría ser incluso mayor”.
Asimismo, el abogado destacó que “este delito es imprescriptible, lo cual implica que puede ser perseguido en cualquier momento”.
PERSONA NON GRATA
El Dr. Murad también se refirió a que “a diferencia de Argentina, donde la injuria es un delito dependiente de acción privada, en Brasil, el caso del racismo es un delito dependiente de acción pública. Por lo cual, el Estado va a poder perseguir, juzgar y acusar e incluso establecer una pena si correspondiera de oficio, o sea, sin esperar autorización de nadie”.
Sin embargo, reconoció que “este caso tiene elementos de distintos ordenamientos jurídicos, por lo cual también hay que prestarle atención al derecho internacional”. En ese sentido, dijo que “se sabe que actualmente esta chica está en Brasil con una tobillera y que le han retenido su pasaporte, esto ha pasado porque se está investigando el caso y se teme que ella entorpezca la investigación fugándose del país”.
A este respecto, entró en el plano de lo que podría suceder. “Supongamos que retorna al país y se fuga, en este caso Argentina y Brasil han celebrado en el año 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, un tratado en el cual se han comprometido a una extradición recíproca de personas que cometen un delito en el territorio del otro”. De modo tal que “si yo soy argentino y cometo un delito en Brasil, Argentina se ha comprometido con Brasil a extraditar a esta persona, pero la condición para esto es que sean delitos en los cuales la pena el máximo de la misma sea dos años mínimo”.
Asimismo, el profesional comentó que “Argentina tiene consulados en Brasil, por lo cual los funcionarios del mismo deben estar velando por los intereses de ellos y, desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, Brasil podría declararla como una persona non grata y prohibirle su ingreso de por vida en el país”.
Por último, expresó que, frente a este panorama, “su defensa es complicada, incluso más por la condición de su profesión”.
PROBLEMA CULTURAL
Hablar de discriminación y gestos racistas implica, necesariamente, incomodarse. Implica revisar prácticas, palabras y actitudes que durante mucho tiempo fueron naturalizadas o minimizadas. Implica entender que no se trata solo de una cuestión legal, sino de un problema cultural profundo, que exige responsabilidad individual y colectiva.
El caso de Agostina Páez, aún con final abierto en la justicia brasileña, deja una enseñanza que trasciende a la persona involucrada. Expone la necesidad de comprender los contextos culturales en los que se interactúa, de asumir que ciertas conductas no son interpretables de manera liviana y de reconocer que el racismo, incluso cuando aparece disfrazado de reacción impulsiva, sigue siendo una forma de violencia que las sociedades ya no están dispuestas a tolerar.
Más allá de cómo se resuelva la situación procesal de la joven, el episodio invita a una reflexión más amplia: la lucha contra la discriminación no se agota en los tribunales, sino que se libra todos los días en los gestos, en el lenguaje y en la capacidad de reconocer al otro como un igual. Y en ese camino, la conciencia social es tan determinante como la ley.
“EL ERROR SE PAGA CON HUMILLACIÓN PÚBLICA”
La psicóloga Carla Sánchez reflexionó sobre el amplio debate generado en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de odio hacia Agostina Páez.
En principio, la profesional dejó bien en claro que “el racismo y la discriminación están mal y no tienen justificación y lógicamente deben tener su consecuencia”. Sin embargo, señaló que “lo que me preocupa profundamente, desde lo clínico y desde lo humano, es la cantidad de comentarios que se leen en las redes hacia esta persona, que están cargados de odio, de insultos y que son sentencias absolutas puntualmente a esta persona, que no buscan justicia sino exactamente castigo”.
En este sentido, explicó que “en psicología sabemos que juzgar al otro no educa, no sana, no repara. Muchas veces ese juicio masivo termina deshumanizando al otro y nos coloca a nosotros en un lugar peligroso, que es el sentirnos moralmente superiores”. De modo tal que “estamos hablando de una persona que está lejos de su país, alejada de su sede de apoyo, atravesando una situación legal y emocional extremadamente estresante”.
A la vez, señaló que “vivimos en una época en donde equivocarse parece imperdonable y donde el error se paga con humillación pública”.
Entonces, “como psicóloga me pregunto qué nos pasa como sociedad cuando disfrutamos del castigo del otro”.
A modo de conclusión, expresó que “responsabilizarse es dejar que la justicia actúe y juzgar es descargar odio y el odio nunca va a construir una sociedad más justa”.
Por último, la Lic. Sánchez señaló que “podemos rechazar el racismo y elegir no ser crueles y podemos condenar una conducta sin destruir a una persona y eso también es salud mental”.
El juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca da capital Río de Janeiro, es quien a su cargo la investigación. Mientras la causa avanza contra Agustina Páez y se esperan definiciones judiciales, el caso sigue generando debate público, no solo por sus implicancias legales, sino también por el trasfondo social que pone en evidencia la gravedad con la que Brasil aborda el racismo y las consecuencias que pueden derivarse de actos captados y difundidos en un contexto de alta exposición mediática.
Anamá Ferreira: “La quiero presa”
La exmodelo y conductora brasileña, Anamá Ferreira, arremetió con dureza contra la santiagueña Agostina Páez, acusada de realizar gestos racistas hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro. La investigación se encuadra en la figura de injuria racial, delito que en Brasil fue equiparado al racismo y prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.
Frente a ello, en su perfil de X (ex Twitter), Anamá afirmó: "Lo que gritó esa chica no es un exabrupto, es racismo. Y el racismo no se relativiza, no se justifica y no se aplaude".
"Que sirva de ejemplo: la libertad de expresión no incluye humillar ni odiar. El respeto no es opcional”, añadió.
A la vez, agregó con contundencia: “Deseo que pases unos años presa en Brasil", reflexionó.
En el siguiente posteo, fue más firme y reiteró respecto a la situación judicial de Agostina: "Presa la quiero".
Los posteos de la conductora derivaron en un impensado cruce con el abogado Mauricio Dalessandro, quien defendió a la abogada santiagueña. “Meten presa a una chica de 29 años por hacerles el gesto de gorila a un par de muchachos exaltados, una locura”, dijo.
Frente a este comentario, Anamá le preguntó: "¿Una locura en qué sentido? ¿Que debe estar presa o a usted le parece bien ser racista? O usted es racista y le parece divertido ir a Brasil y hacer el mono a la gente; le recuerdo que es crimen en la ley brasileña".
Después, la exmodelo citó al sistema legal brasileño para amparar sus declaraciones: "Ley Nº 14.532/2023, equiparó la injuria racial al crimen de racismo, haciendo que ambas infracciones sean imprescriptibles e inafianzables, y prevé penas más severas, incluyendo la suspensión de derechos en deportes y artes".
Dr. Sebastián Robles: “Confiamos en la justicia brasileña”
El Dr. Sebastián Robles, abogado de Agostina Páez comentó que están en permanente contacto y haciendo todo lo posible para ayudar desde esta provincia, sobre todo teniendo en cuenta la preocupación de la familia de la joven.
En tal sentido, destacó que “ella tiene una audiencia en la Embajada de Argentina, allá en la ciudad de Rio de Janeiro” y que tratan de que “el proceso judicial avance”. Por lo cual, la idea es “ser respetuoso y prudente sobre estas cuestiones que van llevando a cabo un proceso judicial de investigación incipiente. Confiamos en la justicia brasilera, que se va a conceptualizar en todos sus puntos de lo ocurrido en ese bar, y la justicia va a tener una determinación”.
Sin embargo, destacó que su pretensión es “tratar de tener una morigeración de esa medida cautelar, para que Agostina pueda venir a Argentina, y someterse al proceso, ya sea de manera virtual, o si el juez así lo requiere, de una manera presencial, pero ya en su ámbito, con gente de su entorno, su familia”.
Por otro lado, el Dr. Robles comentó que “Agostina está muy asustada, es una chica joven, recién recibida, que está en otro país, con un proceso judicial que no sabemos cuándo puede terminar”. En virtud de ello “tratamos de acelerar los trámites”. Tal es así que su defensa en el vecino país quedó a cargo del estudio jurídico Roitman, mientras que el abogado santiagueño acompaña desde Santiago del Estero.
“NO SACAR CONCLUSIONES ANTICIPADAS”
A la vez, el Dr. Robles indicó que “el material que circula públicamente tiene que ser analizado en el proceso. Por tanto, creo que sacar conclusiones definitivas, o hacer un análisis más exhaustivo de lo que ocurrió, sería una falta de respeto ante la investigación”.
Con respecto a las imágenes que se viralizaron dijo que “solamente se vio un tramo de todo el hecho, por eso -hablando con un colega de Brasil- lo que pretendemos es que no ha habido un dolo específico en la actitud de Agostina”.
De modo tal que el letrado explica que “debería analizarse todo el contexto e investigarse, con su debido proceso legal, qué es lo que lleva la justicia brasileña. No sacar conclusiones anticipadas”.
El abogado explicó que buscan que “Agostina pueda regresar al país, obviamente sometida hasta en el proceso penal, ya sea de manera virtual o de manera presencial”.
Con respecto a lo que podría suceder en los próximos días, el Dr. Robles señaló que se presentará un pedido de morigeración de la medida cautelar que le impide salir del país. Sin embargo, admitió que hay que esperar a ver “cómo avanza, cómo son los tiempos, no tengo conocimiento, sería muy respetuoso de mi parte decir cuáles son los tiempos en la justicia brasileña, porque no litigo ahí, pero seguramente llevará su tiempo hasta la decisión del juez”.
Por último, aclaró que no se le retuvo el pasaporte, pues “se entra a Brasil con el DNI del Mercosur” y a su defendida nunca se le quitó esa documentación.
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