El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer el staff report donde se analiza las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei y se establece una hoja de ruta hacia adelante, tras la última revisión del acuerdo.

Entre los objetivos se destacan el eliminar eliminar el cepo cambiario, el impuesto PAIS sobre las importaciones y respecto al tipo de cambio pide mantener su competitividad. Al respecto, calcula que después de la devaluación de diciembre, el tipo de cambio real se ubica entre 35 y 40% por encima del nivel que debería tener en el mediano.

Analiza también los aspectos de la ley Base, las desregulaciones en materia económica, los ajustes de precios relativos y la situación social. Considera que las medidas del nuevo gobierno podrán contribuir a la estabilización.

De todas maneras, alerta respecto a que los riesgos del programa “siguen siendo elevados, lo que refleja una herencia muy difícil, así como un contexto político y social complejo, con un Congreso fragmentado, salarios reales en caída y alta pobreza”.

A continuación, los puntos principales:

Se está implementando un ambicioso plan de estabilización para corregir graves desvíos de las políticas en los últimos trimestres de 2023. El plan se centra en el establecimiento de una fuerte ancla fiscal junto con políticas para reducir de manera duradera la inflación, reconstruir las reservas y abordar las distorsiones y los problemas de larga data. 

impedimentos al crecimiento. 

El camino hacia la estabilización será desafiante y requerirá una implementación firme y una formulación ágil de políticas. Una comunicación clara y una asistencia social bien orientada serán fundamentales para generar apoyo social y político para el programa. 

El plan se centra en el establecimiento de una fuerte ancla fiscal (consistente con un gran ajuste inicial de alrededor de 5 puntos porcentuales del PIB), junto con acciones clave para reconstruir las reservas, impulsar la balanza comercial (lograr superávits gemelos), corregir grandes y extensos desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del Banco Central y crear una economía más simple, basada en reglas y orientada al mercado. También prevé la ampliación de la asistencia social para proteger a los más vulnerables. Se ha emitido un Decreto de Emergencia y se ha presentado un proyecto de ley general al Congreso para ayudar a respaldar estos esfuerzos. 

Se detallan las características clave del plan acordado. Se espera que las políticas fiscales estrictas y la corrección cambiaria inicial afecten fuertemente a la demanda interna, con una contracción del PIB real de alrededor de 2,8 por ciento este año. 

Mientras tanto, la inflación se acelerará en el corto plazo a medida que se vayan eliminando los desajustes de precios relativos y otros controles de precios, aunque se espera que la desinflación se active poco después, gracias a la implementación de políticas estrictas. 

La cuenta corriente entrará en superávit (con un fortalecimiento de más de 4 puntos porcentuales del PIB este año), respaldada por un repunte de las exportaciones agrícolas y nuevas mejoras en el balance energético, junto con una fuerte compresión de las importaciones. 

La economía comenzaría a recuperarse a finales de 2024, a medida que los obstáculos iniciales se disipen y se eliminen las distorsiones, aunque las políticas deberán seguir siendo estrictas para preservar los superávits de cuenta corriente y respaldar una mayor acumulación de reservas. 

Las autoridades se proponen lograr un superávit primario del 2 por ciento del PIB este año, consistente con el equilibrio general, principalmente mediante una combinación de impuestos temporales (relacionados con el comercio) y esfuerzos para reducir los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y gasto en infraestructura. 

El programa respalda los esfuerzos de las autoridades para salvaguardar el equilibrio general a lo largo del tiempo, incluso mediante mejoras en la eficiencia de los sistemas tributario y de gasto, algunas de las cuales requerirán el apoyo del Congreso. 

Las autoridades han reforzado significativamente la asistencia social a través de los programas de subsidios por hijos y cupones de alimentos, al tiempo que se alejan de los programas sociales distribuidos a través de intermediarios y preservan el valor real de las pensiones a través de bonificaciones discrecionales. Tal vez sea necesaria una mayor ampliación de la asistencia a medida que evolucionen las condiciones. 

Tras la gran devaluación inicial a mediados de diciembre, las autoridades se han comprometido a mantener una política cambiaria coherente con los objetivos de acumulación de reservas y un régimen basado en el mercado que evite el enfoque anterior de gestionar los mercados de divisas paralelos y de futuros. 

Se ha creado un sistema más simple de acceso a las importaciones basado en reglas junto con un proceso para abordar el gran sobreendeudamiento comercial, ofreciendo una cantidad limitada de instrumentos en dólares a los importadores que registren adecuadamente sus deudas comerciales. 

Las nuevas autoridades, después de haber introducido medidas temporales que contravienen disposiciones del Fondo (artículo VIII), se comprometen a seguir eliminando todas las restricciones cambiarias y los tipos de cambio múltiples en el corto plazo y a desarrollar una hoja de ruta con este fin. 

En conjunto, se espera que estas políticas conduzcan a una acumulación importante de reservas hasta finales de 2024 (USD 10 mil millones) y creen las condiciones para volver a la adecuación de las reservas en el mediano plazo. 

En el contexto de estrictos controles de capital, el Banco Central suavizó la postura de la política monetaria y simplificó el marco operativo. Se espera que la política monetaria evolucione para respaldar la demanda de dinero y la desinflación, incluso mediante el establecimiento de un ancla nominal. Se seguirán adoptando medidas para reducir el gran exceso de pesos, fortalecer gradualmente el balance del Banco Central y simplificar las regulaciones de los bancos comerciales.  

De acuerdo con el programa fiscal, las autoridades no buscarán ninguna forma de financiamiento neto para el gobierno. En el plano interno, se está ejecutando una estrategia para ampliar los vencimientos y al mismo tiempo reducir la dependencia de instrumentos indexados al tipo de cambio. 

El programa está totalmente financiado durante el resto de su duración y se espera que allane el camino para que Argentina regrese a los mercados externos en un plazo acorde con las necesidades de refinanciamiento de la deuda. 

En materia de cambios estructurales, las autoridades están decididas a abordar los impedimentos de larga data al crecimiento, el empleo y las exportaciones, y al mismo tiempo impulsar el vasto potencial energético y minero de Argentina. 

Las recientes iniciativas regulatorias y legislativas representan un paso en esta dirección, aunque el programa garantizará que estén secuenciadas y priorizadas adecuadamente. 

RIESGOS 

En cuanto a los riesgos que enfrenta el programa, el mandato electoral de las autoridades para eliminar los déficits fiscales y los impedimentos de larga data al crecimiento (muchos de los cuales benefician a intereses creados) mitigan los riesgos de implementación.

Dicho esto, los riesgos del programa siguen siendo elevados, lo que refleja una herencia muy difícil, así como un contexto político y social complejo, con un Congreso fragmentado, salarios reales en caída y alta pobreza. Mientras tanto, existen riesgos de que el paquete de políticas no cumpla inicialmente sus objetivos, lo que requerirá una formulación de políticas ágil, planes de contingencia y la necesidad de ampliar aún más la asistencia social.