Con la irrupción de Javier Milei en la escena política nacional se hizo más manifiesta la discusión sempiterna sobre el rol del Estado.
Es así, que hoy la Argentina atraviesa, una vez más, una discusión de fondo que no es coyuntural ni exclusivamente económica, sino esencialmente política y cultural: qué Estado necesita el país para desarrollarse, qué funciones debe asumir, cuáles debe abandonar y, sobre todo, cómo debe financiarlas sin reproducir los desequilibrios crónicos que lo han llevado a crisis recurrentes.
Esta discusión, lejos de ser abstracta, se vuelve urgente en un contexto de restricción fiscal extrema, inflación persistente, deterioro social y eventos extraordinarios —como catástrofes naturales— que ponen a prueba la capacidad real del Estado para responder cuando el mercado no puede hacerlo.
Para los “libertarios” el Estado debe tener una mínima incidencia, prevalece entonces el concepto de libertad, pero amplificado a su máxima expresión, donde es el hombre hacedor de todo y para todo.
Pero hete aquí que la discusión sobre el tamaño y el rol del Estado no es nueva en la Argentina. Desde mediados del siglo XX, el país oscila entre modelos de fuerte intervención estatal y etapas de repliegue, privatización y liberalización.
Antes fueron Alvaro Alsogaray, Martínez de Hoz, Alemann, hoy están Stuzernegger, Caputo y obviamente el presidente.
Pero más allá de nombre, el problema central no ha sido únicamente cuánto Estado se necesita, sino qué tipo de Estado se requiere, y a veces estos economistas liberales o libertarios, no se atrevieron a preguntarse qué es lo que realmente necesitamos por fuera de la actividad individual y del mercado, ese ignoto y desconocido jugador que mueve recursos y genera tantas intrigas como esperanzas.
Durante décadas, el Estado argentino asumió múltiples funciones: proveedor de servicios básicos, empleador de última instancia, regulador, empresario, redistribuidor del ingreso y amortiguador social.
El resultado fue un entramado estatal amplio pero muchas veces ineficiente, superpuesto, capturado por intereses corporativos y atravesado por lógicas clientelares. A la vez, ese mismo Estado fue —y sigue siendo— el único garante de derechos básicos para millones de personas excluidas del mercado formal.
La paradoja es evidente: un Estado que gasta mucho, pero que llega mal; que interviene mucho, pero resuelve poco; que promete protección, pero genera inflación, déficit y desorden macroeconómico.
El interrogante a despejar es entonces ¿Estado grande o Estado inteligente? Plantear la discusión en términos binarios —Estado grande versus Estado pequeño— suele ser una simplificación funcional al debate ideológico, pero poco útil para la realidad concreta. La experiencia internacional muestra que no hay países desarrollados sin Estados fuertes, pero sí hay Estados que priorizan funciones estratégicas y renuncian a aquellas que el sector privado puede desempeñar mejor.
La pregunta clave no es si el Estado debe existir —eso está fuera de discusión— sino dónde agrega valor y dónde lo destruye.
Un Estado que administra empresas deficitarias sin control, que subsidia consumos de manera indiscriminada o que multiplica estructuras burocráticas sin impacto real, termina financiándose de la peor manera posible: con inflación, endeudamiento o presión tributaria asfixiante.
Nuestra experiencia no nos ayuda, YPF llegó a ser la única petrolera que daba pérdidas, Aerolíneas Argentinas no levantaba vuelo, y llegó el colmo que nadie pagaba los servicios que utilizaba de luz, gas, agua y transporte, todo ello en nombre de la “justicia social”.
En ese sentido, la racionalización del gasto público no implica necesariamente ajuste social, sino redefinición de prioridades.
Un Estado más austero en lo superfluo puede ser más fuerte en lo esencial: educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura básica y protección social focalizada.
Vivimos durante mucho tiempo dentro de la trampa del populismo fiscal, muy propio del período kirchnerista, que hoy se rasgan las vestiduras en cuanto a que proyecto de país nos promete este gobierno, por lo menos nos asegura no gastar lo que es de todos en cuestiones banales o secundarias.
Basta de festivales populares pagado con fondos públicos, basta de piqueteros que vivían “con la nuestra”, basta de regalar pensiones por discapacidad o planes sociales, basta de comedores inexistentes.
Todo ello era uno de los rasgos más persistentes de la política argentina la utilización del gasto público como herramienta de construcción de poder, más que como instrumento de desarrollo.
Subsidios generalizados, empleo público como contención social, programas sin evaluación de impacto y transferencias discrecionales han sido parte de una lógica que prioriza el corto plazo electoral sobre la sostenibilidad.
El problema no es solo fiscal, sino moral y político: cuando el Estado promete lo que no puede pagar, termina financiándolo con inflación, un impuesto invisible que castiga especialmente a los sectores más vulnerables.
La emisión monetaria descontrolada no es una abstracción técnica: se traduce en pérdida de poder adquisitivo, informalidad, destrucción del ahorro y desconfianza estructural en la moneda.
Así, el populismo fiscal termina siendo regresivo: dice proteger a los pobres, pero los empobrece más. La discusión sobre eficiencia y racionalidad en las políticas públicas no es una concesión al “mercado”, sino una condición para que el Estado pueda cumplir su función social sin destruir la economía.
Existe consenso —al menos en el plano discursivo— en que el Estado debe garantizar un piso mínimo de dignidad: acceso a la alimentación, salud, educación y protección frente a contingencias. El desacuerdo surge cuando se debate cómo hacerlo.
La evidencia sugiere que no todo debe ser gestionado directamente por el Estado para ser público. Sistemas mixtos, regulación inteligente, competencia controlada y evaluación permanente pueden mejorar resultados. El problema argentino no ha sido solo la presencia estatal, sino la falta de control, transparencia y medición de resultados.
Cuando el Estado se concentra en administrar en lugar de regular, muchas veces descuida su rol central: establecer reglas claras, garantizar igualdad de oportunidades y corregir fallas de mercado. Un Estado omnipresente pero débil termina siendo funcional a privilegios, no a derechos.
Hoy vemos como suceden eventos que nos interpelan seriamente, las catástrofes naturales —como los incendios forestales en el sur del país— exponen con crudeza los límites del debate ideológico.
En situaciones extraordinarias, no hay mercado que reemplace al Estado. La prevención, la coordinación de emergencias, la reconstrucción y la asistencia inmediata requieren capacidad estatal, planificación y recursos.
Aquí aparece otra dimensión del problema: un Estado debilitado por años de mala administración llega tarde o mal a las emergencias, mientras que un Estado hipertrofiado pero desorganizado tampoco responde eficazmente. La respuesta no está en la ausencia del Estado, sino en su profesionalización.
Invertir en capacidad estatal no es sinónimo de despilfarro. Tener brigadas capacitadas, sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente y fondos de emergencia no es populismo: es previsión. La diferencia clave es que estas políticas no generan rédito electoral inmediato, pero sí evitan costos humanos y económicos enormes a largo plazo.
La Argentina necesita redefinir su contrato social. No se trata de abandonar la justicia social ni de glorificar el ajuste permanente, sino de reconstruir la legitimidad del Estado. Para eso, el Estado debe volver a ser creíble: gastar lo que tiene, priorizar lo esencial, rendir cuentas y dejar de ser una herramienta de facciones.
Un Estado que se financia con inflación es un Estado que traiciona su razón de ser. Un Estado que no llega cuando hay una emergencia pierde autoridad moral. Y un Estado que confunde derechos con prebendas termina erosionando el tejido social que dice defender.
El desafío es enorme y no admite soluciones mágicas. Pero hay una certeza: sin un Estado eficiente, racional y enfocado, la Argentina seguirá atrapada en su ciclo de crisis. Y sin una sociedad dispuesta a aceptar límites, prioridades y responsabilidades compartidas, ningún modelo —grande o pequeño— funcionará.
La verdadera discusión, entonces, no es ideológica, sino pragmática y ética: qué Estado necesitamos para dejar de sobrevivir y empezar, finalmente, a desarrollarnos.
Por Julio César Coronel
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