Argentina atraviesa una encrucijada histórica donde se plantea un debate crucial sobre el tamaño y el rol del Estado en una Nación federal, vasta y con serias carencias sociales y económicas.
Este debate se ha intensificado con la figura de Javier Milei, quien fervorosamente promueve la idea de un "Estado pequeño" y un gobierno limitado, con un enfoque que cree firmemente en el mercado como la solución a todos los problemas del país.
Esta postura de Milei se aleja de la visión tradicional de un Estado fuerte, activo y presente en áreas clave, como la seguridad, la salud, la educación y la defensa, principios fundamentales establecidos en el preámbulo de la Constitución Nacional.
El interrogante a despejar sería si ¿es posible tener un Estado mínimo en un país con tantas desigualdades sociales, con una población que aún sufre de la pobreza, la inflación y la desconfianza en las instituciones?
El preámbulo de la Constitución Nacional Argentina establece claramente los fines esenciales de la convivencia política y social, entre los que se incluyen la justicia, la seguridad, la defensa común, el bienestar general y el progreso.
Estos objetivos, que siguen siendo relevantes hoy en día, demandan la presencia activa de un Estado capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables.
Desde esta perspectiva, la propuesta de Milei de reducir el Estado a su mínima expresión entra en conflicto con estos principios fundamentales.
El Estado argentino, según la Constitución, debe ser un ente que no solo garantice el orden y la seguridad, sino que también actúe como un motor de desarrollo en áreas esenciales como la educación y la salud.
En una nación con una rica diversidad geográfica, social y económica como la Argentina, ¿es posible que un Estado más pequeño pueda cumplir con estas funciones esenciales sin desamparar a los sectores más necesitados?
No quedan dudas que Javier Milei es un firme defensor del liberalismo económico, una corriente que aboga por la menor intervención estatal posible. Según este enfoque, los mercados deben ser los encargados de regular la economía, y la competencia será la que garantice la eficiencia y el progreso. Desde esta perspectiva, el Estado debe reducirse a sus funciones más esenciales, como la defensa y la seguridad, y dejar que el sector privado se encargue del resto, incluida la salud, la educación y otros servicios públicos.
Este enfoque se basa en la premisa de que la intervención estatal genera distorsiones en la economía y en la vida social, y que el mercado libre es la mejor forma de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.
Milei ha sido enfático en su propuesta de eliminar ministerios, reducir el gasto público y desmantelar instituciones que considera innecesarias, todo ello en la firme creencia que el Gobierno solo debe ser un facilitador de la economía, no un actor principal en la provisión de bienes y servicios.
Sin embargo, esta visión entra en conflicto con la realidad de la Argentina. El país, con su vasto territorio, sus profundas desigualdades y su estructura económica fragilizada, enfrenta enormes desafíos que requieren una presencia activa y un Estado robusto en áreas clave.
Las políticas que está implementando Milei, donde el eje gira en la reducción del gasto público, plantean una contradicción con la realidad del país.
La creciente violencia en algunas regiones, la expansión del narcotráfico, el crimen organizado y las tensiones en las fronteras requieren de un Estado presente y fuerte, capaz de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Del mismo modo, en un contexto internacional en el que la seguridad geopolítica se ha vuelto cada vez más compleja, es impensable que la defensa de la nación pueda delegarse únicamente a actores privados o empresas de seguridad.
Si bien algunos defienden la idea de que la seguridad privada puede complementar a las fuerzas del orden, la realidad es que, en una nación con desigualdades profundas y regiones marginadas, solo un Estado activo puede garantizar la igualdad ante la ley y la protección de todos los sectores de la sociedad, sin que queden abandonados a su suerte.
A ello debemos sumar todo lo referente a la salud y la educación, que son dos de los pilares en los que se asienta cualquier sociedad democrática y justa.
En la Argentina, el acceso a la salud y a la educación es, en muchos casos, desigual. Las provincias enfrentan serias carencias en cuanto a la infraestructura educativa y sanitaria, lo que provoca una brecha cada vez mayor entre las zonas urbanas y rurales.
La propuesta de un Estado mínimo que se retire de estos sectores plantea riesgos significativos para la igualdad de oportunidades y el bienestar social. En la actualidad, aunque el sistema de salud y educación pública enfrenta serias dificultades y requiere de reformas, no puede ser ignorado el hecho de que millones de argentinos dependen del acceso gratuito y universal a estos servicios.
Además, si bien la curva del nivel de pobreza se ha detenido y comenzado a aminorarse lentamente y teniendo en vista una clase media algo aturdida por los cambios y con bastantes sectores precarizados, se vuelve improbable que el sistema privado pueda ser la solución para todo y todos.
La competencia del mercado, que funciona eficientemente en ciertos sectores, no necesariamente garantizaría la cobertura universal en áreas tan sensibles como la salud y la educación.
El sistema público educativo y sanitario ha sido, y sigue siendo, un pilar de la equidad en Argentina, permitiendo el acceso a estos derechos fundamentales, incluso en las regiones más desfavorecidas. El modelo de un Estado que se reduzca a su mínima expresión podría profundizar aún más las desigualdades sociales, limitando el acceso de los sectores más vulnerables a estos derechos.
No podemos obviar que la Argentina es una nación federal, y esto implica que cada provincia tiene diferentes realidades socioeconómicas.
Las provincias más grandes, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, enfrentan diferentes desafíos que las provincias del norte y sur del país. Un Estado reducido que centralice las decisiones económicas y sociales podría no ser capaz de atender las demandas y necesidades específicas de cada región.
Si bien es cierto que el federalismo argentino genera ciertos cuestionamientos en términos de distribución de recursos, un enfoque de reducción del Estado podría ser aún más perjudicial, perpetuando el abandono de las regiones más necesitadas.
Las políticas del presidente podrán ser atractivas para muchos sectores de la sociedad que consideran que el exceso de intervención estatal ha sido un factor determinante en la decadencia económica y social del país.
La inflación, la deuda externa, el déficit fiscal y la corrupción son problemas que, a juicio de Milei y sus seguidores, solo pueden solucionarse mediante un ajuste drástico, la apertura de la economía y una reducción del gasto público.
Sin embargo, la historia argentina ha demostrado que los ajustes extremos y las políticas de corte neoliberal no han producido los resultados esperados y ello generó de manera reiterada colapsos económicos y sociales como la crisis del 2001.
El camino hacia un "Estado pequeño" es de suyo una vía riesgosa, donde la polarización económica y social podría profundizarse aún más si se persiste en adoptar políticas que abandonen a los sectores más vulnerables a su suerte.
Necesitamos un Estado que, sin duda, sea eficiente y responsable en su gestión, pero también debe ser un Estado presente en los sectores fundamentales como la seguridad, la salud, la educación y la defensa.
Probablemente un Estado pequeño podría funcionar en sociedades con economías maduras y una infraestructura sólida, pero en un país como Argentina, podría ser contraproducente.
Al fin de cuentas todo queda en saber administrar la cosa pública, pequeño o grande un Estado depende de un buen gobierno que, como decía Aristóteles: “No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico”.
Julio César Coronel
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