La Red Ruido junto a la Fundación Connectas realizaron un informe titulado “Impresión de votos: la multimillonaria caja negra de la política argentina”, publicado el 16 de octubre de 2023, donde analizan en detalle cómo funciona este negociado y destaca el rol de algunas agrupaciones políticas que “desplegaron una industria floreciente: la de los sellos electorales”.
Así es que destacan que la obligación del Estado argentino de financiar la impresión de boletas partidarias que se usan en las elecciones nacionales derivó en un gigantesco negocio con fondos públicos para algunas agrupaciones.
Es un trabajo fundamental para entender qué sucede, por qué y quiénes serían los responsables de esta situación hasta ahora desconocida.
EL MECANISMO
Así es que Ruido se encarga de contar cómo funciona el mecanismo de este negocio.
Para las Paso de 2023 el Estado argentino estimaba girar al conjunto de agrupaciones políticas de todo el país 10.931 millones de pesos, una cifra equivale a 18,9 millones de dólares comerciales, si contemplamos la cotización del 11 de agosto, el viernes previo a los comicios.
El monto no es definitivo: quedan pendientes reclamos judiciales, por lo que puede variar en algunos millones. El destino de esa fortuna fue financiar la impresión de casi 3.744 millones de boletas en todo el país.
No hay error en esos números: 3.744 millones de boletas para 35,3 millones de personas; 106 boletas por cada mayor de 16 años. Basta una comparación para graficar esto: si se imprimieran todas las boletas que financia el Estado y se las colocaran una al lado de otra, ocuparían una superficie casi similar a la de la Ciudad de Buenos Aires; una sábana de papel para cubrir a la capital del país.
Son tantas boletas que ningún organismo estatal puede controlar que efectivamente esa sea la cantidad que se imprimió, lo que impide saber cuántos de esos fondos se utilizaron en la impresión de las boletas y cuántos fueron a los bolsillos de los gerentes de los sellos partidarios.
Las auditorías son tan laxas, que es responsabilidad de los partidos políticos devolverle al Estado nacional el sobrante de esos fondos. Casi una cuestión de buena voluntad. Al cierre de este informe, y con los plazos para presentar la documentación ya vencidos, sólo una lista de las 1.818 que participaron de las Paso había reintegrado fondos públicos que no utilizó.
UN NEGOCIO EN EXPANSIÓN
En el mismo sentido, desde Ruido señalaron que en las Paso participaron en todo el país 1.818 listas que postularon a 24.144 precandidatos, tanto en la jurisdicción federal –las categorías de presidente y vicepresidente y parlamentarios del Mercosur– como en las 24 provincias, donde se eligieron diputados nacionales, parlamentario regional del Parlasur y senadores nacionales (en ocho provincias).
Sobre ese universo de precandidatos se montó el despilfarro de fondos y el negocio para algunos. En cada elección, la Justicia electoral le exige a cada partido garantizar a los electores un mínimo de 50 votos (boletas) por cada urna dispuesta en los centros de votación, ubicados en las escuelas. Este año se habilitaron 104.577 urnas en el país.
Por una cuestión material, la única auditoría posible desde el Estado es sobre esa pequeña muestra de votos exigida. Si el resto de las boletas efectivamente se imprimieron, nadie lo controla.
Para dar un ejemplo del descontrol que representa el sistema electoral argentino: en el tramo presidencial, el único que se vota en todo el país, participaron 27 listas de precandidatos (solo cinco pasaron a las generales). Recibieron financiamiento público para imprimir las boletas del tramo presidencial por 2.714,6 millones de pesos (4,5 millones de dólares), monto con el cual debieron haber impreso 929,6 millones de boletas para todo el país. Una cifra físicamente imposible de colocar en los espacios dispuestos para votar en las escuelas.
Entonces, el mecanismo de esta trampa es recibir fondos para imprimir millones de boletas, pero apenas entregar a la Justicia electoral las 50 que irán en cada urna, y algunas más para mejorar el simulacro.
De hecho, de las 1.818 listas que se presentaron en todo el país, sólo 235 compitieron el 22 de octubre en todo el país y para todas las categorías, apenas el 13% del total. Y de los 24.144 precandidatos, sólo 1.507 fueron consagrados candidatos.
Estas listas recibieron fondos públicos para imprimir 787.627.560 boletas. En otras palabras: sólo el 20 por ciento de las boletas impresas fueron de agrupaciones competitivas. Pese a esto, la cifra del despilfarro sigue siendo astronómica.
LA CREACIÓN
Como todo mecanismo, la creación de la fábrica de votos demandó un andamiaje legal: en diciembre de 2009 el Congreso argentino sancionó la “Ley de democratización, de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, que creó las PASO, lo que les permitió a los partidos políticos tercerizar en la ciudadanía, no en los afiliados, la selección de sus candidatos.
En ese texto, y a contramano de la lógica, se garantizó que cada agrupación reciba recursos para imprimir una boleta partidaria por cada elector empadronado. Ese fue el origen. Con el financiamiento público a cada sello electoral y los laxos controles sobre el uso de los recursos, se multiplicaron las agrupaciones fantasmas.
Sin embargo, el negocio podía ser más rentable aún. En julio de 2015, el frente UNEN, que lideraba Elisa Carrió, presentó un recurso de amparo para que el Estado nacional financie la impresión de boletas para todas sus listas que competían en la interna.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al amparo y le ordenó al Gobierno nacional tratar a cada lista como si fuera una agrupación. Así se puso en marcha el mecanismo, así se descalabró el sistema y así el negocio de imprimir votos en cantidades industriales se volvió exorbitante.
CUÁNTO DEVOLVIERON
Aunque la ley prevé que las listas reintegren el dinero sobrante de la impresión de boletas, esto prácticamente no ocurre. Como ya se dijo, los controles son laxos frente a la magnitud del negocio y los volúmenes de papel que se utilizan.
Al cierre de esta investigación, y con los plazos de presentación de informes de campaña vencidos, sólo una agrupación había reintegrado al Estado argentino fondos que no utilizó en la impresión de sus votos para las PASO. Se trata del espacio confesional Nueva Unión Celeste, una fuerza política que tiene como bandera su rechazo a la interrupción legal del embarazo.
En este partido no había discusión interna, pero -por la ley electoral argentina- igual deben competir para alcanzar el 1,5 % de los votos de su distrito, que habilita a la agrupación a disputar las bancas del Congreso Nacional. Nueva Unión Celeste presentó precandidatos para los tramos senadores nacionales, diputados nacionales y Parlasur regional, todas candidaturas para la provincia de Buenos Aires, la más importante del país.
Por esas tres categorías, el partido “celeste” (el color que identifica a quienes rechazan el aborto) recibió 114,8 millones de pesos, de los cuales reintegró 40,5 millones de pesos. Con ese monto, debió imprimir 39,3 millones de boletas.
Raúl Magnasco, el referente financiero de la agrupación, explica que ajustándose al presupuesto de 2,92 pesos que el Estado argentino le asignó como costo a la impresión de cada boleta, ponderaron que una cantidad lógica era imprimir unas 17 millones de boletas para las 38 mil mesas electorales que se desplegaron en esa provincia, un promedio de 150 boletas por urna y un mínimo stock para que los candidatos puedan repartir en mítines y actividades proselitistas.
Así, utilizaron 74,3 millones de pesos de los fondos públicos. Pese a la devolución del dinero, el despilfarro es inevitable: la agrupación logró solo 64.188 votos en las tres categorías, frente a los 17 millones que se imprimieron.
LAS ADVERTENCIAS NO OÍDAS
En mayo 2023, cinco meses antes de las PASO, la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió sobre la utilización para otros fines de los fondos públicos destinados a la impresión de las boletas que se utilizan en las elecciones nacionales, y ordenó a los auditores judiciales en las provincias que refuercen los controles. Determinó que los pagos a las imprentas sólo podrían realizarse por medio de cheque cruzado o transferencia bancaria, sistemas que permiten tener la trazabilidad del dinero. Además, solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos que preste colaboración para detectar irregularidades.
En el mismo sentido, unos días antes de las primarias 2023, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, se preguntaba “¿por qué tantos partidos y por qué tantas listas?”. Y respondía: “Algunas agrupaciones son absolutamente desconocidas y ni qué decir de la mayoría de los 27 candidatos a presidente, a los que estamos viendo en la publicidad que paga el Estado a todos los competidores. (…). La razón de esta proliferación de partidos y listas es muy sencilla. En ambos casos la respuesta es: un muy lucrativo negocio”.
Por su parte, un mes después de las PASO, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla comunicó a la Cámara Nacional Electoral una advertencia sobre la proliferación de listas internas “con escaso margen de representatividad”.
También en septiembre pasado, la Cámara Nacional Electoral le pidió al Congreso Nacional que modifique la normativa de financiamiento de los partidos políticos, para que se baje el gasto público en la impresión de boletas de votación. Reclamó que se revise el mecanismo de asignación de estos fondos.
La CNE señaló que la normativa vigente "conduce a resultados irrazonables", y puso el caso del Partido Unión Popular Federal, en Córdoba, la agrupación de “El Sapo” Peral, que reclamó ante la Justicia que le cubran el costo de cada una de las cinco listas que presentó en las PASO.
ALTERNATIVAS
En una entrevista con Ruido y CONNECTAS, Lourdes Lodi (Integrante de la Red Federal de Investigadores Electorales de CIPPEC) dice que “el problema no es que el negocio (de la impresión de boletas) se da en los márgenes o por fuera de la ley, sino dentro de la ley; es la propia ley la que habilita el negocio”; situación que también motiva a la atomización de la oferta electoral que provoca un “desconcierto y apatía” en el electorado, con “partidos generados ad hoc, días antes del cierre de listas, gracias a leyes electorales de bajos requisitos”.
Para Lodi hay dos soluciones. Sin cambiar la herramienta electoral, una posibilidad sería asignarle al reparto de fondos algún parámetro de racionalidad: por ejemplo, que los fondos para imprimir boletas fueran proporcionales a la cantidad de votos que obtuvo la fuerza en la elección anterior, una forma de alentar la competencia política.
Y quizá la mejor solución: un cambio en la herramienta electoral. De las boletas partidarias a la boleta única (un solo papel con todos los candidatos), que “imprime sólo un padrón y no tantas listas como compiten”. Para Lodi, los partidos políticos no sólo resisten la boleta única por el negocio que esconde la impresión de votos, sino también por “temor a un cambio en la cultura política”.
“A este sistema saben cómo articularlo, saben qué hace el puntero, saben cómo llevar adelante las prácticas tramposas. Con la boleta única se acaban los chanchullos sin que se acabe el financiamiento del Estado a los partidos”, agrega.
En 2015, antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hiciera lugar a un amparo que abrió la caja de Pandora de negocios partidarios, Carlos Fayt, el único ministro del alto tribunal que votó en contra de darle a cada lista los mismos fondos para la impresión de boletas que a una agrupación, vaticinó que “la pulverización de la representación se vería alentada de otorgarse a cada lista los recursos que la ley concede a toda la agrupación política”. No era tan difícil ver el futuro.
(Fuente: Red Ruido y Connectas)
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