La reciente confirmación de la condena a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, ha generado una ola de reacciones tanto dentro como fuera del ámbito judicial.
Más allá de los discursos, nos encontramos ante la fuerza de la evidencia, aunque para la condenada ex presidente persiste en insistir que hay lawfare, que intentan proscribirla y la persiguen por ser mujer.
Lo que este este fallo pone en evidencia no es solo la continuidad de un proceso judicial de larga data, sino también la persistencia de ciertos discursos que, lejos de abordar la cuestión judicial en sí, se centran en la construcción de una narrativa política que apunta a deslegitimar el sistema judicial.
En este sentido, la decisión de la Cámara, que ratifica la condena en el caso conocido como “vialidad", se fundamenta en el hecho de que Cristina Kirchner no logró desvirtuar las pruebas presentadas por los fiscales, ni tampoco acreditó su inocencia frente a los cargos que se le imputaban.
La ex mandataria, en su defensa, se dedicó a argumentar que existía una persecución política en su contra, aduciendo que se trataba de un intento de "proscripción" o de una maniobra de lawfare para sacarla de la contienda electoral.
Sin embargo, el fallo de la Cámara, se sustenta en una profunda revisión de las pruebas. En este caso, no solo hubo una investigación, sino también un juicio exhaustivo en el que participaron hasta la fecha diez jueces y cinco fiscales, todos los cuales coincidieron en que existía suficiente evidencia para sustentar la culpabilidad de la ex presidente.
Esta revisión judicial exhaustiva demuestra que las acusaciones contra ella no están basadas en la interpretación de un solo juez o en una parcialidad política, sino en un análisis plural y amplio de la evidencia.
Pero la estrategia a la que recurrió -más que la defensa sino la propia acusada- es la de presentarse como víctima de una conspiración política y, para colmo de ello, postularse como víctima por el hecho de ser mujer.
En sus intervenciones públicas, la ex presidente ha afirmado que se la condena por motivos políticos, apuntando a que su postura ideológica o su figura como mujer en el poder son factores que juegan en su contra. Tal argumento, sin embargo, no se sostiene a la luz de los hechos procesales.
Es cierto que la figura de Cristina Kirchner sigue siendo polarizante en la política argentina, y que el debate sobre su legado y su rol en la historia reciente del país es apasionado y controversial. No obstante, en términos estrictamente judiciales, lo que está en juego no es una persecución, sino la evaluación de las pruebas presentadas por los fiscales, quienes demostraron una trama de corrupción vinculada a la utilización de empresas familiares, como vehículos para recibir pagos ilegales de parte de empresarios beneficiados por contratos con el Estado.
La ex presidente tiene derecho a apelar y a defender su inocencia en todas las instancias judiciales, y lo ha hecho repetidamente, pero eso no convierte al sistema judicial en un actor político. De hecho, la reiterada intervención de múltiples tribunales y jueces en este caso refuerza la idea de que las decisiones tomadas han sido el resultado de un análisis técnico y no de motivaciones ideológicas.
Y, como sostuve previamente, una de las afirmaciones más frecuentes de la defensa de la ex presidente ha sido que su condena busca inhabilitarla políticamente, impidiendo que pueda presentarse a elecciones futuras.
Sin embargo, es necesario aclarar que, según la legislación argentina, una condena no es automática para la inhabilitación para cargos públicos. La ex presidente aún puede seguir presentándose a elecciones, ya que no tiene una condena firme.
De hecho, aún se encuentra en proceso de apelación, y nuestro derecho establece que no puede considerarse a alguien "inhabilitado" hasta que la sentencia esté firme, lo que significa que aún tiene derecho a participar en futuros comicios.
Además, no existe ninguna ley en el país que prohíba específicamente a una persona con condenas en proceso presentarse a cargos electivos. La Constitución Nacional y las leyes argentinas establecen un principio fundamental de presunción de inocencia, el cual se mantiene vigente hasta que el proceso judicial llegue a su última instancia. Por lo tanto, el temor a una "proscripción" es infundado desde una perspectiva legal.
Finalmente, uno de los elementos más polémicos de la defensa de Cristina Kirchner ha sido la referencia al género.
En sus intervenciones, la ex presidenta ha insinuado que su condena está vinculada al hecho de ser mujer, sugiriendo que el sistema judicial tiene un sesgo de género en su contra. Sin embargo, este tipo de alegaciones no son consistentes con los hechos.
La justicia argentina ha tenido en cuenta el análisis de las pruebas y, en este caso, la acusación no se basa en el género de la imputada, sino en una serie de evidencias documentales, testimoniales, periciales e indiciarias que apuntan a la existencia de una red de corrupción.
El hecho de que Cristina Kirchner sea una figura femenina que ha ocupado los máximos cargos del poder político en Argentina no puede ser utilizado como excusa para invalidar el proceso judicial en su contra. Insisto, la justicia no se ha pronunciado por razones de género, sino por las pruebas presentadas y las leyes en vigor.
La victimización por razones de género, aunque válida en muchas luchas, no parece tener cabida en este contexto específico.
Si bien es legítimo que se debata la política argentina y se cuestionen las decisiones judiciales, no debe confundirse la política con la justicia. El sistema judicial argentino tiene los mecanismos necesarios para garantizar la imparcialidad y el debido proceso.
La defensa de Cristina Kirchner, centrada en narrativas políticas, no ha logrado refutar los elementos materiales que han fundamentado su condena, lo que refuerza la idea de que el sistema judicial sigue funcionando en función de las pruebas y no de intereses partidarios o ideológicos.
En este contexto, la justicia argentina da un paso importante en la consolidación de un sistema que, a pesar de sus fallas y desafíos, aún busca garantizar que todos, independientemente de su cargo o poder político, sean tratados de acuerdo con la ley.
Mientras tanto la ex presidente se muestra más preocupada en la decisión de Javier Milei de quitarle la jubilación y la pensión que actualmente percibe, ambas con montos siderales a comparación de lo que gana un jubilado común de la mínima, los privilegios de esos beneficios contrastan con la exigüidad de las percepciones de millones de personas que trabajaron durante toda su vida para ahora estar sobreviviendo con migajas.
Daría la cuenta que ahora su mayor problema no es la condena, en última instancia ello le permite seguir estando en la escena política y con ello logra polarizar con el economista despeinado, lo que más le preocupa es que le han tocado el bolsillo, como a Néstor pareciera que el dinero le produce “eshtasis” o la pone “nerviosha”, como diría su difunto esposo.
Lo tragicómico es que sus seguidores, casi todos sumidos en la pobreza, en la misma que ella ha sabido construir, incrementándola a niveles increíblemente obscenos, son su fuente de apoyo popular, ella, la “reina de la pobreza”, se pone a la cabeza de un ejército casi de mendicantes, y todo porque Milei osó mojarle la oreja en lo que a ella más duele: el bolsillo.
Reina de la pobreza y también del cinismo, arrinconada por la justicia y por la decisión de quitarle las jubilaciones de privilegio, se enfada, vocifera e intenta salir a enfrentar un gobierno que a su vez está sustentado en aquellos que están cansados de ella y de lo que se reconoce como la “casta” y en ello también hay un decisorio como el de la justicia condenada por la pobreza que ella gestó.
Según ella, “la historia la absolverá”, pero por ahora deberá seguir apelando ante la justicia y administrativamente ante el Anses y seguramente seguirá con los relatos a los que nos tiene acostumbrados y al final del camino seguramente será justicia.
Julio César Coronel
Más Leídas
