Distintos procedimientos antidrogas en Santiago del Estero tuvieron como protagonistas a mujeres de entre 60 y 83 años. Algunas aparecen vinculadas a estructuras familiares; otras, como presuntas responsables de puntos de venta. Detrás de cada expediente hay drogas, dinero y una trama que la Justicia intenta reconstruir.
Hombres jóvenes, vehículos, armas, grandes cantidades de droga y organizaciones que operan en las sombras. Esa es la principal imagen que suele asociarse al narcotráfico. Sin embargo, algunas investigaciones por narcomenudeo fueron mostrando, en los últimos años, un rostro diferente. Mujeres mayores, algunas de ellas abuelas, quedaron en el centro de procedimientos policiales y causas judiciales por presunta comercialización de estupefacientes.
La denominación “narcoabuela”, instalada por el lenguaje policial y periodístico, resulta llamativa, precisamente porque rompe con el estereotipo. Pero detrás de esa etiqueta hay historias muy diferentes entre sí. En algunos expedientes aparecen mujeres que, según las investigaciones, habrían tenido un papel activo en la venta. En otros, surgen familias enteras involucradas y queda abierta la discusión sobre el verdadero grado de responsabilidad de cada integrante.
La sucesión de casos tampoco permite afirmar, por sí sola, que exista una organización común detrás de ellos. No hay elementos suficientes para sostener que todas estas mujeres formen parte de una misma estructura. Lo que sí aparece, al revisar cada uno de los casos, es una modalidad que se repite: viviendas particulares convertidas, presuntamente, en puntos de venta, movimiento constante de compradores, denuncias anónimas, tareas de inteligencia, drogas fraccionadas, dinero en efectivo y, en determinados casos, una fuerte presencia del entorno familiar.
MUJER DE 83 AÑOS Y EN SILLA DE RUEDAS
En Santiago del Estero, estas situaciones no resultan disparatadas. Uno de los antecedentes más llamativos se remonta a septiembre de 2019. En una vivienda del barrio 8 de Abril de la ciudad Capital, durante un allanamiento, una mujer de 83 años y en silla de ruedas fue encontrada mientras, según la investigación, manipulaba material destinado a armar cigarrillos de marihuana. Los efectivos policiales no salían de su asombro al ingresar a la vivienda y encontrar a la abuela “cortando papelitos” para el armado de los porros que luego serían comercializados.
La causa se había iniciado a partir de una denuncia anónima y los investigadores habían realizado tareas de seguimiento, videos, fotografías y compras controladas antes de llegar al procedimiento. En el operativo fueron detenidos dos hermanos y se secuestró droga y dinero.
La investigación realizada por la exfiscal Aída Farrán Serlé y su equipo, con la intervención del juez de Control y Garantías Fernando Paradelo, determinó que los hombres detenidos en la ocasión serían nietos de la anciana.
La escena resultaba impactante, pero también obligaba a formular una pregunta que volvería a aparecer en otros expedientes: ¿la edad de una persona constituye una protección frente al delito o, en determinados casos, puede convertirse precisamente en una pantalla detrás de la cual funciona una estructura familiar? No existe una única respuesta.
MUJER DE 74 AÑOS
En agosto de 2024, otro expediente volvió a colocar a una mujer mayor en el centro de una investigación. En aquella oportunidad, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas allanaron tres inmuebles de los barrios Colón y Centenario, en la capital santiagueña.
La investigación había comenzado a partir de información sobre un movimiento inusual de personas que llegaban a los domicilios caminando o en vehículos y realizaban presuntos “pasamanos”. Con las evidencias reunidas, la Dra. Victoria Ledesma, integrante de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico para la Circunscripción Capital, solicitó las medidas judiciales y la jueza María del Huerto Bravo Suárez autorizó los allanamientos. Hubo tres detenidos y cuatro aprehendidos, todos vinculados, según la acusación, a la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El procedimiento terminó con un importante secuestro: 34 envoltorios de marihuana, con un peso total de 492,07 gramos, 717 envoltorios de cocaína que sumaban 370,24 gramos, ocho balanzas de precisión, teléfonos celulares, un automóvil, una motocicleta y $1.177.980 en efectivo.
En este caso, una mujer de 74 años fue una de las detenidas. Con lo cual, la investigación puso sobre la mesa una característica que aparecería posteriormente con mayor claridad: la presencia de varios integrantes de una misma familia o de personas vinculadas a un mismo domicilio.
EN EL BARRIO PARAÍSO
Uno de los casos más recientes y de mayor repercusión ocurrió en La Banda. La investigación comenzó en mayo de 2026, después de denuncias anónimas de vecinos de la calle 12 del barrio Paraíso, quienes advertían sobre un movimiento permanente relacionado con la presunta venta de drogas. Las tareas de inteligencia de la Policía Federal y de la Dirección de Drogas Peligrosas habrían permitido confirmar esas sospechas.
En el centro de la causa quedó Nilda Veles, una mujer de 60 años.
Pero la historia no habría comenzado con ella. Un mes antes, a comienzos de abril, su hija Jessica Veles había sido detenida en el mismo domicilio. De acuerdo con la información incorporada al caso, la joven se encontraba cursando un embarazo avanzado y obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. Poco después, los investigadores comenzaron a sospechar que la actividad de venta habría continuado desde la misma vivienda.
Frente a la condición de su hija, la sexagenaria no solo se habría dedicado a ayudar a la joven madre y a su bebé recién nacido, sino que también se habría puesto al frente de la atención del kiosco de droga, con lo cual, el negocio permaneció trabajando, liderado por la abuela.
A comienzos de julio llegó el allanamiento. En esta oportunidad, la Policía encontró 198 envoltorios de cocaína preparados para la venta, que en conjunto pesaban 34,3 gramos, además de marihuana, 44 semillas de cannabis sativa, recortes de nylon, 52 gramos de sustancia de corte, teléfonos celulares y $430.750 en efectivo.
La causa avanzó y la fiscal María Pilar Gallo planteó que la mujer podía entorpecer la investigación si esperaba el proceso en su vivienda. La jueza Roxana Menini rechazó el pedido de prisión domiciliaria y dispuso que Nilda Veles permaneciera detenida, aunque estuviera en silla de ruedas.
Por su parte, la defensa había planteado las condiciones personales de la mujer y sus problemas de movilidad, pero la Justicia entendió que esas circunstancias no alcanzaban para concederle el beneficio solicitado.
LOS SIETE MILLONES DEL BARRIO CABILDO
Otro episodio se produjo en diciembre de 2025, en el barrio Cabildo de la ciudad Capital. En este caso, la protagonista fue Laila Beatríz Verdugo, de 63 años.
La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Gendarmería Nacional que, durante varias semanas, realizaron tareas de vigilancia sobre el domicilio investigado. Según la pesquisa, el inmueble registraba un elevado movimiento de visitantes y se sospechaba que allí se comercializaban estupefacientes.
El allanamiento permitió secuestrar 393,6 gramos de cocaína, 10,4 gramos de marihuana y 7,1 millones de pesos en efectivo. También fueron encontrados una balanza digital, elementos para el corte y fraccionamiento de sustancias, anotaciones, pendrives, chips telefónicos y una tablet.
La dimensión del dinero encontrado convirtió al procedimiento en uno de los más significativos entre los casos relevados.
La causa siguió su curso y en febrero de 2026 la jueza María del Huerto Bravo Suárez dictó la prisión preventiva de Verdugo por la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sin embargo, resolvió que la medida fuera cumplida bajo arresto domiciliario. La decisión había sido solicitada por la fiscal Victoria Ledesma. La defensa, ejercida por la abogada Fabiola Arce, había pedido precisamente que la imputada permaneciera bajo esa modalidad.
PREGUNTA INCÓMODA
Una de las preguntas más incómodas y, a la vez, más interesante, tiene que ver con la presencia de estas abuelas en este tipo de delitos: ¿Por qué aparecen mujeres mayores en casos relacionados con el narcomenudeo?
Los expedientes no permiten construir una explicación única. En algunos casos, las mujeres mayores aparecen como presuntas responsables directas de la comercialización. En otros, forman parte de un grupo familiar. También existe la posibilidad, que debe analizarse individualmente, de que determinadas personas hayan sido utilizadas por terceros debido a su edad, condición familiar o características del domicilio.
Por eso, el término “narcoabuela” puede resultar insuficiente como categoría para comprender el fenómeno.
Una mujer de 60 años que presuntamente vende droga desde su casa no representa necesariamente la misma realidad que una mujer de 83 años que era utilizada por sus familiares para realizar tareas vinculadas con el fraccionamiento. Tampoco es comparable automáticamente con una mujer de 63 años a la que se le atribuye el control de un punto de venta.
Las causas son diferentes. Las responsabilidades también. Y esa distinción es fundamental.
TERRITORIO DEL NARCOMENUDEO
Si bien cada uno de estos casos tiene sus aristas particulares y no guardan relación entre sí, pero hay un elemento que se repite con fuerza: la vivienda particular.
Los domicilios aparecen como lugares donde presuntamente se almacena, fracciona y comercializa droga. Para los investigadores, el movimiento cotidiano de compradores puede convertirse en una de las primeras señales.
En el caso de Nilda Veles, fueron los vecinos quienes realizaron denuncias anónimas que dieron origen a la investigación. En el caso del barrio Cabildo, Gendarmería realizó tareas de vigilancia después de recibir información sobre la presunta venta de estupefacientes. En el caso de 2019, la denuncia anónima también había sido el punto de partida.
El dato revela otro aspecto del narcomenudeo: muchas veces la investigación no comienza con una gran operación de inteligencia contra una organización internacional, sino con algo mucho más pequeño y cotidiano. Una casa. Un movimiento extraño. Personas que llegan y se van. Vecinos que observan. Una denuncia.
A partir de allí comienza el trabajo policial y judicial.
CUANDO LA CASA SE CONVIERTE EN TERRITORIO
Hay algo que atraviesa varios de estos expedientes y que quizás resulte más importante que la edad de sus protagonistas: el lugar donde presuntamente se desarrolla la actividad.
No se trata, en principio, de grandes depósitos ni de sofisticadas oficinas clandestinas. Son casas. Viviendas insertas en barrios donde transcurre la vida cotidiana: familias que entran y salen, vecinos que conocen a sus habitantes, chicos que van a la escuela, comercios cercanos y una rutina que puede esconder, detrás de una puerta, una actividad completamente diferente.
Para los investigadores, esa transformación de una vivienda familiar en un supuesto punto de venta plantea dificultades adicionales. La droga puede estar escondida entre objetos cotidianos, distribuida en pequeñas cantidades y entregada a compradores que llegan durante todo el día. El movimiento, por momentos, puede ser casi imperceptible.
Pero también existe otro componente: la familiaridad.
Una persona mayor que vive desde hace años en un determinado barrio puede no despertar inicialmente las mismas sospechas que alguien más joven vinculado al mundo delictivo. Esa percepción social, si efectivamente es aprovechada por quienes manejan una actividad ilegal, podría convertirse en una forma de protección.
Eso es precisamente lo que vuelve especialmente sensibles algunos de estos casos. No alcanza con preguntarse quién tenía la droga en sus manos al momento del allanamiento. Hay que reconstruir quién tenía acceso a la vivienda, quién recibía a los compradores, quién manejaba el dinero, quién obtenía la sustancia, quién la fraccionaba y, eventualmente, quién tomaba las decisiones.
El secuestro de una determinada cantidad de cocaína, marihuana, dinero o elementos para el fraccionamiento puede constituir evidencia relevante, pero no necesariamente responde por sí solo a todas las preguntas. Una balanza indica que algo era pesado. Los envoltorios muestran una sustancia fraccionada. El dinero puede ser un indicio. Los teléfonos pueden contener información decisiva. Pero el verdadero desafío consiste en establecer qué papel cumplía cada persona.
Y allí aparece una diferencia sustancial entre el narcomenudeo y la imagen tradicional del narcotráfico.
En una estructura pequeña, los límites entre familia, vivienda y negocio pueden resultar mucho más difusos. Quien presta la casa puede no ser necesariamente quien dirige la actividad. Quien recibe a un comprador puede no ser quien obtiene la droga. Quien guarda el dinero puede no ser quien controla el circuito. Y quien aparece en primer plano durante un procedimiento puede no ser necesariamente quien ocupa el lugar más importante dentro de la estructura.
Por eso, la edad de las mujeres involucradas puede llamar la atención, pero no necesariamente explica el fenómeno.
La verdadera pregunta es qué lugar ocupaba cada una dentro de la presunta cadena.
RECONSTRUIR LA HISTORIA
Es indudable que la palabra “narcoabuela” produce impacto, porque combina dos imágenes aparentemente contradictorias: la de una abuela asociada culturalmente al cuidado familiar y la de una persona acusada de participar en la venta de drogas. Sin embargo, es la Justicia quien debe determinar qué ocurrió realmente. En los casos relevados aparecen fiscales como Victoria Ledesma y María Pilar Gallo; jueces de Control y Garantías como María del Huerto Bravo Suárez, Roxana Menini y Fernando Paradelo; fuerzas como la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Dirección General de Drogas Peligrosas. Son piezas diferentes de un mismo sistema: investigar, reunir pruebas, solicitar medidas, controlar su legalidad y finalmente decidir sobre la responsabilidad penal.
La sucesión de casos no alcanza para hablar de una “industria de las narcoabuelas” ni de una organización específica integrada por mujeres mayores. Sería una conclusión que la información disponible no permite sostener.
Pero sí permite advertir algo: el narcomenudeo puede atravesar edades, familias y espacios sociales que muchas veces quedan fuera del estereotipo tradicional del narcotráfico. Las investigaciones santiagueñas muestran viviendas familiares, kioscos o casas particulares que, según las acusaciones, habrían sido utilizadas para comercializar drogas. Muestran también estructuras en las que aparecen madres, hijas, hijos y otros allegados.
Pero también dejan una pregunta que excede a cada caso: ¿cuánto del negocio queda en manos de quienes aparecen en primera línea y cuánto responde a redes familiares o terceros que permanecen detrás de escena?
La respuesta, en cada caso, dependerá de la evidencia, ya que una bolsa de cocaína, una balanza, dinero en efectivo o decenas de envoltorios pueden demostrar que existe una situación que debe investigarse. Pero determinar quién compró la droga, quién la almacenó, quién la fraccionó, quién cobró, quién dirigía la operación y quién simplemente estaba allí requiere algo más que una fotografía del allanamiento.
Requiere reconstruir la historia. Y esa historia todavía se está escribiendo en los tribunales santiagueños.
Una cosa parece clara: detrás de la etiqueta de “narcoabuela” no hay un único perfil. Hay mujeres, familias, barrios y expedientes distintos. Algunos casos ya tienen decisiones judiciales; otros continúan bajo investigación. Lo que los une no es necesariamente una organización común, sino la aparición de un actor inesperado dentro de una problemática que, lejos de limitarse a determinadas edades o sectores, encuentra nuevas formas de instalarse en el territorio.
Y quizá allí esté la verdadera historia, en descubrir qué hay detrás de esas abuelas, quiénes las rodean y qué lugar ocupan realmente dentro de las redes de narcomenudeo que la Justicia intenta desarmar.
PREGUNTAS ABIERTAS
Sin dudas, no todas las abuelas son iguales. No todas las causas son iguales. Y, fundamentalmente, no todas las responsabilidades son iguales.
No basta con saber por qué hay abuelas vinculadas a causas por drogas, sino preguntarse con qué las llevó hasta allí y qué lugar ocupaban realmente. Puede haber detrás una decisión individual, una actividad familiar, una relación de dependencia, una oportunidad aprovechada por terceros o una combinación de todos esos factores. Los expedientes relevados no permiten establecer una explicación única.
Lo que sí permiten observar es que el narcomenudeo no responde necesariamente al estereotipo que durante años dominó el imaginario social. No siempre tiene como protagonista a un hombre joven. No siempre ocurre en lugares ocultos. No siempre hay armas, grandes cargamentos o vehículos de lujo.
A veces puede estar detrás de una casa común. Y, en esa casa hay una mujer que durante décadas fue conocida simplemente como madre, esposa o abuela. Ahí reside quizás la parte más inquietante de estas historias: la distancia entre la imagen cotidiana de una persona y el papel que la investigación judicial le atribuye.
Mientras los tribunales intentan determinar responsabilidades, los casos dejan una certeza y varias preguntas. La certeza es que el narcomenudeo atraviesa territorios y generaciones. Las preguntas, en cambio, son mucho más difíciles de responder: quién está realmente detrás de cada punto de venta, quién financia la actividad, quién suministra la droga y cuánto de lo que se observa en una vivienda representa al verdadero entramado que existe detrás.
La respuesta no está necesariamente en la abuela que aparece frente a las cámaras durante un allanamiento. Tal vez esté en quienes nunca aparecen. Y esa es, precisamente, la parte de la historia que todavía falta reconstruir.
