Una investigación por presunta venta de cocaína terminó con dos mujeres de La Banda detenidas. La Justicia confirmó la prisión preventiva, aunque la hija, embarazada, obtuvo arresto domiciliario bajo estrictas condiciones. El caso vuelve a poner el foco en los vínculos familiares dentro de las causas por narcomenudeo.
La escena que encontró la Policía durante un allanamiento en La Banda, el 17 de abril de 2026, sumó un nuevo capítulo a las investigaciones por narcomenudeo en Santiago del Estero. En una vivienda que ya estaba bajo investigación a partir de denuncias recibidas durante 2025 y comienzos de este año, los investigadores encontraron 20 envoltorios de cocaína en poder de una mujer y otros 140 ocultos entre las prendas de vestir de su hija, quien atravesaba un embarazo.
La causa llevó a la Justicia a mantener tras las rejas a ambas mujeres, acusadas de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación está a cargo de la fiscal María del Pilar Gallo, de la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico, quien sostuvo que existían elementos suficientes para vincular a madre e hija con una presunta actividad de venta de drogas.
El caso adquiere una dimensión particular porque la relación familiar no aparece solamente como un dato circunstancial. Según la acusación fiscal, Malvina Soledad Paz habría tenido un papel central en la actividad investigada, mientras que Rita Fernanda Paz, su hija, habría colaborado. La Justicia deberá determinar, a lo largo del proceso, cuál fue concretamente la participación de cada una y si las evidencias reunidas permiten sostener las imputaciones.
El expediente comenzó a tomar forma a partir de distintas denuncias anónimas. Según la información judicial difundida, hubo presentaciones durante 2025 y una última denuncia en febrero de 2026. A partir de esos datos, el Ministerio Público Fiscal y la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía provincial desarrollaron tareas investigativas destinadas a determinar si en el domicilio señalado se comercializaban sustancias estupefacientes.
El operativo del 17 de abril terminó convirtiéndose en uno de los elementos centrales de la causa. Además de los 160 envoltorios de cocaína, distribuidos entre ambas mujeres según consta en la investigación, se secuestraron teléfonos celulares, tablets, dinero en efectivo, recortes de nailon y otros elementos que los investigadores consideraron de interés para determinar cómo funcionaba la presunta actividad.
La situación judicial de Rita Fernanda tuvo, además, una particularidad: estaba embarazada. Esa condición llevó inicialmente a que la joven pudiera cumplir arresto domiciliario, una medida que luego fue discutida durante el proceso.
El 18 de mayo, la fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambas imputadas y pidió expresamente que se revocara el beneficio de prisión domiciliaria concedido a Rita. La defensa de la joven no se opuso a la prisión preventiva, pero solicitó que continuara cumpliéndola en su domicilio debido a su embarazo. La defensa de Malvina, en cambio, pidió su libertad y planteó la falta de mérito.
El juez Gino Niccolai finalmente resolvió revocar el arresto domiciliario de Rita y dictar la prisión preventiva para madre e hija.
Pero la historia judicial no terminó allí. La defensa apeló la resolución y el expediente llegó a la Cámara de Apelaciones. Allí, según la información difundida sobre el caso, las vocales Sandra Generoso y Cecilia Vitar confirmaron la prisión preventiva para ambas mujeres respecto de la conducta investigada, aunque adoptaron una decisión diferente en relación con la situación de Rita.
El tribunal concedió nuevamente el arresto domiciliario para la joven embarazada, bajo estrictas reglas de conducta. La resolución contempló de ese modo la particular situación derivada del embarazo y la maternidad, sin modificar la decisión de fondo respecto de la prisión preventiva.
Ese punto resulta central para comprender el caso: la prisión domiciliaria no significa el cierre de la investigación ni una declaración de inocencia, sino una modalidad de cumplimiento de la medida cautelar determinada por la Justicia a partir de circunstancias particulares.
EL EMBARAZO COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL
El expediente plantea así una tensión que aparece con frecuencia en las investigaciones penales: por un lado, la necesidad de asegurar que una persona sometida a proceso permanezca vinculada a la causa y no pueda obstaculizar la investigación; por otro, la consideración de circunstancias personales que pueden requerir una modalidad diferente de detención.
En este caso, el embarazo de Rita Fernanda fue precisamente uno de los elementos que atravesó las distintas decisiones judiciales. Primero permitió que accediera al arresto domiciliario; posteriormente ese beneficio fue revocado por el juez de Control y Garantías; finalmente la Cámara volvió a concederlo bajo condiciones estrictas.
La resolución, por lo tanto, no eliminó las acusaciones formuladas por la fiscalía ni alteró la investigación sobre la presunta comercialización de cocaína.
CUESTIÓN DE FAMILIA
El caso de estas mujeres permite observar otra dimensión del fenómeno del narcomenudeo que merece atención: la aparición de vínculos familiares dentro de las investigaciones por venta de drogas.
No significa, desde luego, que exista una regla según la cual las organizaciones de narcomenudeo funcionen necesariamente como estructuras familiares. Tampoco el expediente permite afirmar, por sí solo, que madre e hija hayan conformado una organización de ese tipo. Lo que sí muestra, según la acusación fiscal difundida, es una investigación en la que dos integrantes de una misma familia aparecen imputadas por un mismo delito y con roles que la fiscalía considera diferenciados.
La diferencia es importante. En el relato inicial de la investigación, la madre habría ocupado un lugar central en la presunta comercialización y la hija habría actuado como colaboradora. Esa hipótesis deberá ser probada durante el proceso judicial.
Por ahora, lo que existe sería una acusación respaldada por denuncias previas, tareas investigativas, un allanamiento y el secuestro de droga y otros elementos considerados relevantes.
La Justicia tendrá que determinar si ese conjunto de evidencias alcanza para demostrar las responsabilidades individuales que se atribuyen a cada una.
DE LAS DENUNCIAS AL ALLANAMIENTO
La cronología también permite entender cómo se construyó el expediente. No se trató, de acuerdo con la información disponible, de un procedimiento originado exclusivamente en un hallazgo casual. Primero aparecieron las denuncias. Luego se desarrollaron tareas de investigación. Finalmente llegó el allanamiento y el secuestro de la droga.
Ese recorrido es relevante porque muestra uno de los mecanismos habituales mediante los cuales las fiscalías especializadas intentan avanzar sobre puntos de venta: las denuncias iniciales se transforman en hipótesis investigativas que posteriormente son sometidas a tareas de vigilancia, recopilación de información y procedimientos judiciales.
En este caso, la fiscalía sostuvo que ese proceso permitió establecer que en el domicilio investigado se comercializaban sustancias estupefacientes.
La incautación de 160 envoltorios de cocaína, junto con dinero, teléfonos, tablets y materiales para fraccionamiento, pasó entonces a constituir parte de la evidencia que deberá ser analizada durante el proceso.
ESPERANDO LA SENTENCIA
Hay un último aspecto que conviene subrayar sobre la presencia de mujeres mayores y madres dentro de causas por drogas: Malvina Soledad Paz y Rita Fernanda Paz están imputadas, no condenadas.
La prisión preventiva es una medida cautelar y no equivale a una sentencia. Del mismo modo, la prisión domiciliaria concedida a Rita no representa un pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia.
La causa continúa abierta y será la Justicia la que deberá establecer, con las garantías correspondientes, si las acusaciones de la fiscalía pueden ser demostradas. Pero el expediente ya deja planteada una pregunta que excede a sus protagonistas: ¿qué ocurre cuando las redes del narcomenudeo se mezclan con los vínculos familiares más cercanos?
En la investigación sobre las mujeres mayores vinculadas a causas por drogas, este caso funciona como una pieza diferente pero complementaria. No se está todavía ante una “narcoabuela” en sentido estricto, sino frente a una mujer –a punto de convertirse en abuela- acusada junto a su hija embarazada, y frente a un expediente en el que la Justicia intenta determinar si ambas formaban parte de una misma actividad de comercialización. La historia, como tantas otras causas de drogas que comienzan con una denuncia y terminan revelando una trama mucho más compleja, todavía está lejos de su capítulo final.
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