En distintas zonas del interior provincial, la fumigación es moneda corriente y nadie pareciera hacer nada al respecto. En esta ocasión, la justicia federal decidió hacer lugar a la denuncia de pobladores de un pueblo originario santiagueño sobre la contaminación ambiental provocada con agrotóxicos.
En septiembre de 2020, pleno confinamiento por el Covid-19, la fumigación parecía estar por encima de cualquier normativa de restricción de circulación y horaria. Por entonces, la Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero difundía un comunicado para alertar acerca de lo que vivían en las zonas rurales.
“Pese a la situación en la que está sumida la Humanidad ante la pandemia del virus COVID-19, en función de la cual el Gobierno Nacional estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, el avance de avionetas y máquinas terrestres con agroquímicos sobre las casas de los vecinos continúa, poniendo en riesgo la salud de las comunidades”, expresaron.
A su vez, señalaban la existencia de “más de 40 trabajos científicos que demuestran cómo los agrotóxicos generan inmunosupresión, esto es, debilitan el sistema inmunológico, reduciendo los linfocitos y alterando los niveles de anticuerpos, facilitando, por tanto, el ingreso de virus, bacterias y gérmenes que enferman el organismo humano (…)”.
El portal La Vaca enumeraba entonces a todas las comunidades que denunciaron fumigaciones: El Bagual, Pacará, Casilla del Medio, El Charco, Bobadal, Tusca Pozo, Fisco de Fátima, Monteflor (Departamento Jiménez); Selva (Departamento. Rivadavia); Bajo Hondo (Departamento Juan Felipe Ibarra), Bandera (Departamento Belgrano), Los Soraries (Departamento Río Hondo); Rapelli, Vinal Pozo, La Aloja (Departamento Pellegrini).
En algunas de estas localidades y parajes, las denuncias derivaron en la intervención de las fuerzas de seguridad, aunque poco se pudo hacer.
Lo mismo sucedió con la comunidad indígena “Sentimiento de mi Tierra” del pueblo originario Sanavirón, que habita la zona rural de la ciudad de Pinto, departamento Aguirre, al sur de la provincia. A diferencia de lo que hicieron los afectados en otros lugares, estos pobladores presentaron su denuncia en la justicia federal y se abrió un intenso debate judicial para determinar si la presentación quedaba en esa órbita o era derivada a la jurisdicción provincial.
LA HISTORIA
Para entender la historia hay que volver la vista atrás y acomodar las piezas de un rompecabezas difícil de armar.
El 25 de octubre de 2021, Román Ismael Guerreros e Irma Ofelia Aguirre -miembros de la comunidad indígena “Sentimiento de mi Tierra” del pueblo originario Sanavirón, residente en Santiago del Estero- se presentaron en la justicia federal de esta provincia para denunciar la posible contaminación ambiental del agua, suelo y aire, motivada por la aplicación de agrotóxicos en la producción agrícola de una zona cercana al territorio habitado por aquella comunidad.
Ellos señalaron que Rodolfo Balbi y Ana María Balbi, domiciliados en la ciudad de Rosario, serían los responsables de cometer delitos detallados en la “Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos”. Se trata del primer estatuto de carácter federal sobre cuestiones ambientales. Fue sancionado por el Congreso el 17 de diciembre de 1991 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 8 de enero de 1992, dos años antes de la reforma constitucional de 1994.
Los denunciantes relataron que, el día 16 de octubre de 2021, “desde aproximadamente las 20 horas y hasta el día siguiente a las 7 de la mañana, se realizó una fumigación aérea con ‘mosquitos’ en el campo ubicado justo al frente de sus domicilios en el Paraje ‘El Chañaral’, zona rural de la ciudad de Pinto”.
En su denuncia aseguraron que dicho campo “se encuentra desde hace varios años, usurpado por Rodolfo Balbi y Ana María Balbi, y su cuidado en manos de un encargado, a quien identificaron como Rubén Farías”, según consta en la demanda federal.
DAÑOS PROVOCADOS
Asimismo, los integrantes de la comunidad indígena expusieron que, en cada fumigación, “los animales mueren o nacen deformes las crías y, en el caso de las personas, presentan brotes de granos en todo el cuerpo, dolores de cabeza, vómitos, diarrea y manchas en la piel”.
De igual manera manifestaron que estos daños “suceden no solamente en el momento que fumigan y que respiran esos agroquímicos, sino que también quedan en el agua que almacenan en depósitos de agua de lluvia y en los aljibes”.
A la vez, relataron que “a unos cien metros del campo fumigado y a continuación de las casas de los miembros de la comunidad, pasa un brazo del canal Niquilo, que trae agua del Río Dulce y la lleva a Pinto, en el cual, en algunas ocasiones, lavan los ‘mosquitos’ (maquinaria para fumigar) o cargan agua del mismo para preparar el veneno, y dejan tirados los envases de los agroquímicos en sus orillas”.
LA DECISIÓN DEL JUEZ
En aquel momento, la denuncia fue elevada al Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Sebastián Argibay, quien resolvió declarar su competencia en el caso. Por lo cual, ordenó diversas medidas probatorias, como pericias de muestra de agua y suelo, reconocimiento judicial, junto con planimetría y relevamiento de la zona.
Un año después, el 6 de septiembre de 2022, argumentando que “a partir de la profundización en la investigación se habían incorporados diversos elementos de prueba” que obligaron al magistrado a revisar la determinación inicial de competencia. Tal es así que resolvió “declarar la incompetencia”
Por lo cual, la causa debía pasar “al Juez de Control y Garantías de los Tribunales ordinarios de Santiago del Estero, que por turno corresponda actuar, a quien deberán remitirse las presentes actuaciones”.
Sin embargo, como “medida precautoria”, el juez Argibay resolvió imponer “por el termino de seis meses, un límite restrictivo y de exclusión de 500 metros para las fumigaciones terrestres, y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, ambos a contar desde donde se encuentran ubicados los asentamientos de la Comunidad Sanavirón identificados como Zonas ‘1’ a la ‘6’ en el Informe Pericial N°105.093 de la Unidad Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional realizado en la presente causa”.
Esta medida comprendía “la prohibición de aplicar plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos que contengan atrazina, 2,4D, o glifosato como principio activo, o derivaciones de los mismos, así como cualquier plaguicida que, por su toxicidad, esté clasificado por la O.M.S. como de categoría Ia, Ib, o II”.
SUSTANCIAS CANCERÍGENAS
La medida cautelar del magistrado fue adoptada en función del informe brindado desde el INTA, organismo que explicó que “la hidroziatrazina es un producto de degradación de la atrazina, el cual es un herbicida utilizado generalmente para el cultivo de maíz. La atrazina es un herbicida que se utiliza en varios cultivos”. Si bien “no está prohibido en el mundo, pero está previsto prohibirlo en algunos países de Europa a partir del 2025, en razón de ser considerado cancerígeno desde el año 2015 por la Organización Mundial de la Salud”.
A la vez, señaló que “el AMPA es el producto de degradación de glifosato, es probablemente cancerígeno”. Mientras que “la Atrazina disruptora endocrina es un herbicida sistémico y la OMS lo puso como probablemente cancerígeno en el 2015”.
DECISIÓN FINAL: COMPETENCIA FEDERAL
Ante la declinatoria de Argibay de admitir la denuncia en el fuero federal, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación, que fue tratado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, integrada de manera unipersonal. Así fue que el 22 de junio de 2023, confirmó la resolución del juez santiagueño.
Contra tal pronunciamiento, una vez más, desde Fiscalía, representada por el Dr. Gustavo Gómez, apelaron la medida. Esta vez, la medida fue a manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por jueces Daniel Antonio Petrone (presidente), Diego G. Barroetaveña y Alejandro Slokar (vocales), quienes decidieron declarar que la causa debía quedar en manos de la justicia federal, o sea declarar la competencia en este ámbito. Esta medida fue tomada el pasado jueves 30 de mayo de 2024.
En este sentido, el Dr. Alejandro W. Slokar dijo que la resolución de los magistrados anteriores “omitió” tener en cuenta que “la contaminación que afectaría a una zona interjurisdiccional”. Además, alegó que “nada refiere del vínculo legal mencionado con la violación de los derechos humanos a las comunidades originarias”.
Así, afirmó la existencia de daño interjurisdiccional y puso de resalto los elementos aportados por el fiscal Gómez que “permiten vislumbrar un accionar doloso de los que habrían contaminado el canal `Niquilo´, cercano a la comunidad originaria denunciante”.
DECISIÓN PREMATURA
A la vez, Slokar indicó que hubo “un abordaje superficial del legajo sin advertir el alcance de los elementos objetivos que refuerzan la hipótesis acusadora”, sobre todo porque no contiene “ni siquiera un párrafo que mencione a los derechos reconocidos internacionalmente a los pueblos originarios”.
Entre los múltiples argumentos esgrimidos, el magistrado señala que su decisión sobre la jurisdicción federal “se sustenta en el Art. 41 de la Constitución Nacional, referida a los derechos ambientales y a la potestad de la Nación de dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección”.
Además, adujo que “los motivos que determinan la competencia del fuero federal son dos: por un lado, que aún no pudo descartarse la interjurisdiccionalidad del daño ambiental denunciado y, por el otro, la pertenencia de los denunciantes -posibles víctimas de aquellos hechos- a comunidades de pueblos originarios y la vinculación del conflicto a su relación con la tierra”.
El juez también señaló que “la decisión de declarar la incompetencia del fuero federal resulta -cuanto menos- prematura”.
DAÑO AMBIENTAL
Asimismo, el juez Alejadro Slokar indica que “los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua, al medio ambiente, a la vivienda, a la tierra y a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas resultan vulnerados a través del empleo de agroquímicos elaborados con atrazina o glifosato”.
A la vez, aseguró que “se verificó liminarmente el impacto socioambiental y sociosanitario de un insumo considerado potencialmente cancerígeno en razón de las intensivas fumigaciones aéreas que provocaron muertes o deformaciones en animales y padecimientos múltiples en adultos y niños/as”.
En tal sentido, agrega que la Ley N|° 25.675 de Política Ambiental Nacional, del 28 de noviembre de 2002, consagra los presupuestos mínimos ambientales y establece la categoría de daño ambiental colectivo como ‘hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva”. Y se define daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, los recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.
Mientras advierte que “no se trata de un daño ordinario o tradicional, sino de aquél que puede alcanzar a un número indeterminado de víctimas con nocivos efectos, cuyas consecuencias pueden diferirse en el tiempo y extenderse en el espacio, al punto de comprometer a las generaciones futuras, tal como reza el artículo 41 constitucional”.
De igual manera advirtió “acerca de las consecuencias de la matriz que privilegia el modelo extractivo provoca negativos impactos ambientales, culturales, sociales y humanos”.
COMUNIDAD VULNERABLE
De igual manera, el juez hizo hincapié en que la comunidad indígena “Sentimiento de mi Tierra” perteneciente al pueblo originario Sanavirón, fue reconocida con personería jurídica, mediante la Resolución INAI N° 085, con fecha de inscripción del 23 de octubre de 2009, en virtud de lo cual se encuentra debidamente inscripta en el Registro de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.).
Por lo cual, considera imperativo que “los Estados deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros”. Tal es así que “la necesidad de tal protección especial surge de la mayor vulnerabilidad de estas poblaciones, dadas las condiciones de marginación y discriminación históricas que han sufrido, y del nivel especial de afectación que soportan por las violaciones de sus derechos humanos”.
Además, precisó que “esta obligación estatal positiva de adoptar medidas especiales se acentúa mayormente cuando se trata de los niños y niñas o de las mujeres indígenas, puesto que su nivel de vulnerabilidad es aún mayor”.
Es así que el magistrado decidió no solo aceptar el pedido del fiscal Gómez, en cuanto a la competencia federal, sino también en “exhortar la urgente adopción de cuanta medida sea indispensable para impedir la degradación y contaminación ambiental y el daño a la salud de la comunidad”.
Por su parte, el juez Daniel Antonio Petrone compartió los criterios de Slokar, sobre todo en cuanto a que la decisión de la Cámara Federal de Tucumán fue “prematura”, y votó a favor de que la causa quede en manos de la justicia federal. Similar decisión tomó el juez Diego Barroetaveña. Con lo cual quedó claro que es la justicia federal la que debe investigar y fallar en relación a la denuncia de la comunidad originaria sobre la contaminación ambiental que estarían sufriendo a causa de la fumigación con agroquímicos.
PUEBLOS FUMIGADOS
En sintonía con el sufrimiento de las familias de la comunidad indígena “Sentimiento de mi Tierra” del pueblo originario Sanavirón, desde la carrera de Educación para la Salud de la UNSE se propició una charla denominada “Diálogos sobre la salud campesina de los pueblos fumigados”. De la misma participaron los sacerdotes Sergio Raffaelli, párroco de Pozo Hondo, y Rubén Lassaga, párroco de Nueva Esperanza. Junto a ellos estuvieron Lucas Medina y María Luna, integrantes de sus comunidades.
En diálogo con LA COLUMNA, el padre Raffaelli señaló que hay un “modelo ambiguo”, pues, “por un lado se promueve el cultivo de soja para generar dólares para las arcas de la provincia y del país y, por otro lado, tratar de hacerles ver a los chicos que esto es verdadero y real, que cada vez hay más dólares porque se vede más soja y que es a costa de sacrificar territorios y cuerpos de muchos santiagueños y santiagueñas.
Pese a la lucha que llevan adelante hace años, el cura de Pozo Hondo ve con preocupación el desamparo del Estado a las comunidades que se ven arrasadas por el avance del agronegocio que no distingue ideologías. “El extractivismo está en un nivel más alto que los gobiernos de turno. Las corporaciones del extractivismo tienen más poder, sea cual sea el color político que gobierne; lo que sí, hay matices. No podemos decir que Cristina y Néstor Kirchner y Alberto Fernández son lo mismo que Milei, pero en esto del extractivismo, solo hay matices”, advirtió.
En el mismo sentido indicó que Milei “quiere regalar todos nuestros bienes comunes, eso se empieza a notar porque es como que los grandes empresarios están viendo que tienen como vía libre para seguir haciendo sus negocios a costa del sacrificio de los campesinos”.
“MODELO QUE ENFERMA Y MATA”
Por otro lado, el párroco destacó que “las comunidades más organizadas ven que se van frenando muchas situaciones, sobre todo con lo que nos preocupa ahora que son las fumigaciones con agrotóxicos sobre las familias campesinas, cerca de sus casas o al lado”
A la vez, señaló que “ya no pasan al lado del alambre de las familias. Se respetan un poco más las medidas por todo este trabajo de concientización, de difusión a través de la radio parroquial que se escucha en toda la zona, ‘taladrando’ con esto”. De modo tal que “los sojeros, así como ellos quieren sembrar miedo en la gente, las comunidades a través de su organización, le van haciendo sentir que no se puede hacer lo que quieran. Me parece que es un logro importante de las comunidades, al menos hasta que se termine con este modelo que enferma y que mata, o al menos alejarlos lo más que se pueda”.
“FUMIGAN, FUMIGAN Y NO SE VA”
Por su parte, Lucas “Beto” Medina, quien trabaja junto a Raffaelli en la radio parroquial “FM La Merced”, de Pozo Hondo, señaló que los grandes productores comienzan a darse cuenta de que el uso de agroquímicos no solo perjudica ambiente, sino que es cada vez menos eficiente a la hora de combatir la maleza. “Muchas veces, pasa que fumigan porque les reditúa lo que siembran, pero también se están dando cuenta de que ya no pueden matar el yuyo”, explicó.
Tal es así que contó que tomó conocimiento que en los campos se aplica una mayor cantidad de agrotóxicos y que los resultados no son los deseados. “Antes, en 100 litros de agua ponían quizás, un litro de veneno y mataban la maleza. Hoy tienen que poner 10 litros de veneno a esos 100 de agua para matarla y a veces no la matan”, detalló.
De igual manera, afirmó conocer el caso de un productor que buscó empleados para que cortaran la maleza, dado que los químicos ya no eran efectivos. “Le convenía pagarles a ellos para que vayan a limpiarle el campo que fumigar. Creo que la gente misma que fumiga, se está dando cuenta de que tirar veneno hace que la maleza se vuelva fuerte”, destacó.
En el mismo sentido, agregó que “creo que ellos mismos se están dando cuenta hace dos o tres años. Más específicamente pasa con la malva que es una planta que muchos vecinos, campesinos, usaban como remedio casero. No se puede matar, fumigan y fumigan y no se va”.
DESTRUCCIÓN DE LOS SUELOS
A ello se agrega el problema la destrucción de los suelos. En ese sentido, Medina sostuvo que hay quienes decidieron terminar con la producción de soja porque no les rinde y apostar a la de algarrobo. “El algarrobo blanco hace que el suelo vuelva a ser fértil, se pueda volver a tener sembrados de lechuga...es más, se puede sembrar otra cosa también”, destacaba.
Como alternativas destacaba las plantaciones de arándanos y de trigo que dieron buenos resultados, con menos inversión en venenos para la maleza. “Para el trigo quizás se hace una aplicación nada más, porque en el invierno no hay maleza, hasta en eso les conviene. El veneno es caro, demanda mucho en tema plata y con eso pierden ellos”, consideró.
Por otra parte, contó el caso de personas que debían encerrarse en sus domicilios de manera permanente cuando los productores fumigaban en la zona. “Al sentir el olor del producto ya se tenían que encerrar porque si no les ardían los ojos, y si uno es alérgico empezaba a estornudar y estornudar”, relató.
En el mismo sentido, aseguró que “cuando hay viento ya no fumigan”. Tal es así que “han creado un círculo de conciencia también entre los productores. Creo que eso es como que van poniendo en balanza y diciendo: con esto perjudico al vecino, así que no fumigo. Nosotros llevamos semillas de verduras al que trabaja en la finca y ellos siembran y saben que si tiran un poquito de veneno pueden perder todo”.
AGRONEGOCIO
Durante la pandemia, el padre Raffaelli supo decir que “cada tanto ‘pillan’ algún mosquito que está trabajando de manera ilegal y lo secuestran. Pero bueno, lo secuestran, a la semana el sojero va, paga la multa y siguen fumigando. Las multas para ellos son un caramelo”.
En cuarentena, en la que lo único permitido era estar en casa, el agronegocio continuaba su marcha. “Página12” publicó el testimonio de Américo Escobar, un poblador del paraje La Pajosa, departamento Jiménez, quien filmó con su teléfono a las avionetas que rociaban un líquido incoloro que, más tarde mostraba sus efectos. Según publicó el medio, en esa oportunidad se radicó una denuncia en contra de la Finca Los Aluces y de su encargado, Rubén Bermúdez.
El objetivo, en ese caso era la aspersión en las superficies sembradas con maíz y soja que, de una u otra manera, siempre alcanza a quienes viven en la zona. Tan expuestos estuvieron los vecinos a los productos químicos que aseguraron haber sentido los efectos en su salud.
“Empezamos con dolores de estómago, de cabeza, hay gente que dice que es urticaria y uno se autoconsuela”, decía el poblador. Los otros efectos, como lo explicó Laura Santillán, es que su siembra familiar queda dañada y se quema o deja de crecer.
“No somos libres de sembrar lo que queramos porque el avión te pasa por encima, lo fumiga y te lo seca, te lo envenena. Es un envenenamiento”, comentaba el vecino acerca de estos actos irresponsables que cercenan su derecho a producir de manera sana para su sustento. En esa ocasión, él acudía a un hospital porque tuvo lesiones en la piel, ya que el líquido le cayó encima mientras trabajaba en su campo.
AVIONETAS
En el Departamento Jiménez la situación no es para nada nueva. Raffaelli lleva una década denunciando las fumigaciones aéreas y a través de “mosquitos” (maquinaria específica para rociar los campos). Cuando este sacerdote arribó a la provincia, los agrotóxicos ya hacían estragos en los límites con Tucumán.
Por motivos eclesiales, el padre estuvo fuera de Santiago un tiempo y a su regreso en 2019, la realidad no había cambiado, sino que se había agravado. En una entrevista brindada a LA COLUMNA en marzo de 2021, el párroco explicaba que en “esa zona parecía ser un común denominador la fumigación. Ya venían hace muchísimo tiempo con eso”.
“Deben hacer 15 o 20 años que la gente le viene peleando a la fumigación en la zona. Se intensifica. Cada año van avanzando más sobre las comunidades. La frontera se sigue agrandando, se sigue desmontando en Santiago del Estero y los campos de soja están cada vez más cerca de las comunidades, cada vez peor”, confiaba.
Para Raffaelli, los dueños de los campos de grandes dimensiones que a menudo ordenan fumigar, “son todos de afuera”. Además, consignó que “no hay ningún productor santiagueño”.
FRONTERA QUE AVANZA
Quizás, la mejor de las evidencias del avance de la frontera agrícola son los espacios que pierden las familias de estos parajes constantemente. Ante los reclamos de Américo, por ejemplo, la solución que le brindaban los propietarios de las fincas era que les arrendara su campo “para que fumiguen tranquilos”.
Según comentaba, esa es una práctica más que habitual. No la desean, pero tampoco tienen más remedio, puesto necesitan del dinero para proveerse de lo que no pueden producir.
En una situación similar a la de la familia Santillán, los Escobar cuentan con unas 20 hectáreas. Unas seis están sembradas, en una está su casa rodeada de árboles frutales, como peras, manzanas, duraznos, naranjos y también verduras. Mientras que, en el resto se respeta el monte nativo y lo que se cosecha es para la alimentación de los animales.
Para Américo, el accionar de los finqueros “es un negocio” que los está “matando”. Sin embargo, “la gente no se levanta a luchar”. “A veces es por miedo”, reflejaba en el medio citado.
En este sentido, Raffaelli hablaba de cómo las comunidades terminan “aisladas” por el avance de la frontera agrícola. “En el Departamento Jiménez y Pellegrini, con los que trabajamos, la mayor parte del departamento son campos de soja. Las comunidades campesinas quedan en el medio, como islas”, entendía.
A diferencia de Escobar, el cura considera que en la zona se visibilizó mucho la temática y ve que la gente, harta de ver avasallado su territorio “está más organizada” y “ya no le tiene miedo”.
“TODO SE SECA”
En Río Hondo, las familias de El Bagual y Los Soraires también han radicado denuncias de este tipo. Aseguran que pueden producir poco, debido a las constantes fumigaciones. “A la mayoría se le dificulta el tema de la agricultura porque todo se seca, se quema cuando fumigan”, mencionaba el padre Raffaelli.
“A los animales, si llegan a pasar a la finca, se los matan y no hay monte donde puedan ir a comer. Entonces, ya la gente cría menos”, decía respecto al sustento de los pobladores.
Está convencido de que todo es parte de “modelos de desarrollo que solamente benefician a los ricos”. “La mayoría –de los que fumigan– en la zona son tucumanos, por el límite con Tucumán; pero hay franceses... Está Alperovich, el dueño de Manaos, empresas muy grandes, todas de afuera”, nombraba sin tapujos.
Además de los problemas de salud que mencionaba Escobar, el párroco enumeraba abortos espontáneos, malformaciones en recién nacidos, problemas tiroides y hasta cáncer. Mientras que, quienes padecen ya de problemas respiratorios, como asma, se ven agravados con esto.
“Hay una mamá que tiene a una hijita que no escucha de un oído –relataba el religioso–. Nació con un oído malformado. A los tres años, una médica de Tucumán le dijo que eso es por los agrotóxicos. Entonces, esa mujer ya no le tiene más miedo”.
“Eso se va multiplicando. Esa mamá convence a otra que también ve que su hijito está enfermo y es por culpa de eso. Es un efecto multiplicador que se va viendo en cada vez más familias, más comunidades”, explicaba.
Al margen de los problemas de salud, los campesinos quedan acorralados por las situaciones antes mencionadas. “Los agrotóxicos afectan a todo su modo de vida: se les contaminan los pozos de agua, se les queman los sembrados, los animales nacen malformados o se mueren. Todo el hábitat de las comunidades campesinas se ve dañado por estas prácticas productivas”, ponderaba.
Mientras la justicia federal decidió aceptar la competencia federal en la denuncia realizada por la comunidad indígena “Sentimiento de mi Tierra” del pueblo originario Sanavirón, las consecuencias de los agrotóxicos son innegables y tienen como víctimas a distintas comunidades del interior provincial.
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