Durante el año que comienza la Argentina se enfrenta a una serie de desafíos legales y judiciales que requieren de un profundo compromiso con el cumplimiento de la Constitución Nacional y la consolidación de un sistema de justicia moderno, eficiente y ético.
Estos son temas fundamentales para garantizar que el Estado de Derecho se respete y que los derechos de los ciudadanos sean protegidos de manera efectiva.
Entre las necesidades más urgentes se encuentran la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, la implementación de nuevas leyes y reformas procesales, y la introducción de medidas tecnológicas que mejoren la eficiencia del sistema judicial.
La Constitución Nacional establece que los jueces deben ser designados con un alto nivel de idoneidad, independencia y ética. Para el año 2025 es esencial que el país refuerce este principio, especialmente en la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor del Pueblo.
Es crucial que estos cargos sean ocupados por personas que no solo cuenten con los conocimientos técnicos y la experiencia necesaria, sino que también demuestren un compromiso inquebrantable con los principios constitucionales y los derechos humanos.
La idoneidad y la ética no pueden ser opcionales en la selección de los funcionarios judiciales. Es necesario implementar mecanismos más rigurosos en los procesos de selección, como concursos transparentes y públicos, evaluaciones más detalladas de los antecedentes de los postulantes y la aplicación estricta de estándares éticos que garanticen que quienes ocupen estos cargos lo hagan en beneficio de la sociedad y no de intereses particulares.
Un aspecto central para mejorar el sistema judicial argentino es darle mayor impulso al Consejo de la Magistratura, de manera que se agilicen los concursos para la cobertura de vacantes judiciales. La rapidez en los nombramientos de jueces y fiscales es esencial para garantizar que la justicia no se vea ralentizada por la falta de personal. Este proceso debe ser transparente, eficiente y basado en méritos, para evitar que se politice la elección de magistrados y se asegure la calidad del sistema judicial.
Es urgente nombrar a los jueces y fiscales que actualmente están vacantes en diversas jurisdicciones, lo que permitirá fortalecer el sistema judicial y garantizar un acceso más ágil a la justicia para los ciudadanos.
La implementación del Código Procesal Penal Federal en Todo el País es algo que debe llevarse a cabo de manera urgente, esta norma es un avance significativo para el sistema judicial argentino, pero su aplicación efectiva debe extenderse a todo el territorio nacional.
Es necesario crear las condiciones adecuadas para que esta legislación, que introduce un sistema más moderno y eficiente, se aplique de manera uniforme en todo el país. Para ello, se debe capacitar a los operadores judiciales, como jueces, fiscales y defensores, en su aplicación práctica y garantizar la infraestructura necesaria en todo el país para su funcionamiento.
En el ámbito legislativo, existen varias reformas que deben ser implementadas de manera urgente. Una de ellas es la creación de leyes que aborden de manera integral la ludopatía infantil, una problemática creciente en la sociedad, que afecta a jóvenes y adolescentes.
También es importante avanzar con la ley de "Ficha Limpia", que debería ser una herramienta legal clave para garantizar que quienes tengan antecedentes penales no puedan acceder a cargos públicos de relevancia.
Otro tema pendiente es la definición clara y definitiva del número de miembros de la Corte Suprema. La incertidumbre actual sobre este aspecto puede generar tensiones políticas innecesarias. Por tanto, se debe trabajar en un acuerdo amplio que determine este número de manera estable y consensuada, sean cinco, siete o nueve, con o sin igualdad de género o de representación geográfica o de experticia.
Además, cuando el Congreso no logra ponerse de acuerdo en la designación de jueces de la Corte o del Procurador General, es necesario contar con un mecanismo de resolución que permita superar el bloqueo.
Una posible solución podría ser la intervención de una comisión técnica de expertos, cuya labor sería garantizar que las designaciones se realicen conforme a los principios de idoneidad, imparcialidad e independencia judicial.
Asimismo, se podría incluir una etapa de evaluación pública y consultas con actores del sistema judicial y de la sociedad civil.
También es imprescindible realizar reformas al Código Penal, este debe adaptarse a los nuevos tiempos, y es necesario incluir figuras legales que hoy son urgentes para la protección de la sociedad.
Una de ellas es la tipificación del ecocidio, un delito que debe ser incluido en el Código Penal para sancionar con severidad aquellos actos que atenten contra el medio ambiente y que tengan consecuencias irreparables para las generaciones futuras.
También se debe contemplar el agravamiento de las penas para los ilícitos graves cometidos en la vía pública, en particular aquellos que afecten la seguridad de las personas y la convivencia social. Aquellas conductas donde las víctimas sean abordadas en la vía pública y sean mujeres, menores, discapacitados, ancianos o personas que no puedan defenderse.
La sensación de inseguridad en muchos sectores de la sociedad demanda un tratamiento más estricto de ciertos delitos.
Por otro lado, debemos procurar derogar la Ley de Desfederalización que ha demostrado ser un fracaso, ya que no bajo la venta de drogas, llenó de perejiles al sistema carcelario, y no atiende a la prevención sino solo a la criminalización de los sectores más bajos de este delito, pero también los más vulnerables a ser cooptados por el verdadero narcotráfico y ser, a su vez, víctimas de este flagelo. Además, se ha generado descoordinación entre las distintas jurisdicciones y ha dejado impunes delitos de gran magnitud que deberían ser investigados y sancionados a nivel federal.
La derogación de esta ley es una medida necesaria para restablecer la coherencia en el sistema judicial y garantizar que los delitos graves, como el narcotráfico o el crimen organizado, sean tratados con la seriedad y la efectividad que requieren.
Asimismo, es imprescindible fortalecer las sanciones para aquellos delitos que atentan contra el patrimonio histórico y cultural de la nación.
El daño a monumentos, bienes culturales o sitios históricos no solo es un acto de vandalismo, sino también una agresión a la identidad de un pueblo, hoy el robo del reloj de Belgrano, el corazón de Fray Mamerto Esquiu, no solo han quedado impunes, sino que las posibles condenas tendrían la misma envergadura que si nos roban a cualquiera de nosotros una pertenencia. La legislación debe prever penas más severas para quienes cometan este tipo de delitos.
Por último, es conveniente incorporar nuevas tecnologías en el ámbito judicial es esencial para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema.
El uso de drones, spyware y otras herramientas digitales debe ser regulado para facilitar investigaciones más rápidas y seguras.
Asimismo, es necesario permitir que las fuerzas de seguridad puedan actuar en situaciones de prevención sin la necesidad de contar con testigos presenciales, siempre que existan videos, filmaciones u otras pruebas electrónicas que avalen su accionar.
También es importante autorizar el uso de tasers en situaciones de emergencia, en las que la vida o la integridad de las personas esté en riesgo, garantizando siempre un control estricto sobre su utilización para evitar abusos.
En resumidas cuentas, el año que comienza es una oportunidad única para avanzar en la reforma y fortalecimiento del sistema judicial y legal argentino.
Con la implementación de estas reformas, la sociedad argentina podría contar con un sistema de justicia más eficiente, moderno y transparente, que sea capaz de afrontar los desafíos del presente y del futuro.
Es hora de trabajar juntos, desde todos los sectores, para garantizar que la justicia sea un pilar fundamental del Estado de Derecho, siempre con un compromiso firme con la ética, la idoneidad y la defensa de los derechos humanos.
Julio César Coronel
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