Un nuevo conflicto de tierras afecta a las localidades de Los Tunales y Los Banegas. Antiguos pobladores vendieron lotes comunitarios y ahora se transformaron en usurpadores de las tierras que un día abandonaron.
La lucha de los campesinos por el derecho a la tierra no es tema nuevo. Los avasallamientos de sus derechos sobre el suelo que habitan desde tiempos inmemoriales se convirtieron, lamentablemente, en moneda corriente. Sus reclamos por los atropellos sufridos se acumulan junto a las denuncias contra aquellos desaprensivos que no dudan en utilizar topadoras para arrasar el campo junto con bandas armadas para expulsar a los legítimos poseedores ancestrales.
En ese ámbito se levanta una organización que fue transformándose en el símbolo mismo de esa lucha: el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE). Sus integrantes aprendieron a no claudicar en sus reclamos, en pararse frente a la inmensa maquinaria y detener las usurpaciones, aún con su vida.
Si bien el objetivo principal de todos aquellos que conforman la organización es defender la tierra que les pertenece ancestralmente, las mismas que empresarios foráneos intentan arrebatarles, sobre todo a través de documentos apócrifos u obtenidos ilegalmente merced al accionar de escribanos inescrupulosos, su lucha es diaria y se convirtió en su bandera.
El panorama desolador se repite en muchas localidades del interior de la provincia. Un cuadro donde conviven bandas armadas, topadoras, alambres cortados, avasallamiento, amenazas, denuncias y contra denuncias, empresarios ávidos de usurpar las tierras ocupadas desde siempre por comunidades originarias y campesinos hartos de atropellos, nucleados en movimientos que luchan por sus derechos.
Así, se fueron naturalizando las amenazas y amedrentamientos permanentes, el alambrado con custodia de paramilitares en parte del territorio comunitario. De manera simultánea surgieron asentamientos de personas armadas, que se instalaron en casillas desde donde van alambrando cientos de hectáreas, cerraron caminos vecinales y huellas; también encerraron animales que terminaron muriendo de sed.
La problemática de tierras tiene el mismo denominador en distintos puntos del dilatado territorio santiagueño, poniendo contra la espada y la pared a pobladores que viven en las tierras y no poseen los títulos.
Sin embargo, esta vez no hay empresarios en el medio, sino que se trata de un conflicto generado entre distintas familias campesinas que se disputan un mismo territorio. En realidad, familias que viven ahí desde tiempos inmemoriales y otra que un día se fue y hoy regresa reclamando derechos que perdieron.
EL TERRITORIO
El conflicto se desató en el territorio de Los Tunales y Los Banegas, ubicados en los departamentos Banda y Jiménez, los que forman parte de un megalote llamado
Los Tunales es una pequeña comunidad donde viven 40 familias, productoras caprinas, que cuidan y conservan sus bosques, su fauna y todo lo que hace a su identidad cultural. Estas familias velan por sus recursos naturales en el departamento Jiménez, en una zona que fue arrasada por la frontera del agronegocio de la soja a gran escala.
Sus pobladores sueñan con la llegada de la luz eléctrica, un puesto sanitario y el acceso a una mejor calidad de vida, tanto en salud como en educación. Por lo cual, cuentan con el apoyo del MOCASE. De modo tal que aprendieron a luchar por sus derechos, sus tierras y su propia historia de vida.
Al igual que decenas del lugar del dilatado territorio provincial, las familias que viven en el lugar no cuentan con títulos de sus tierras, sino que son poseedoras desde tiempos ancestrales. Tal es así que cuentan con la posesión comunitaria y comparten modos de vida y producción, al igual que los espacios del monte, donde pastorean los animales y se trabaja en la producción forestal, ya sea de carbón, madera o leña seca.
Es más, la comunidad fue beneficiada con el “Plan de Manejo y Conservación de Bosques Nativos”, en el marco de la Ley de Bosques N° 26.331, posibilitando la recuperación de pasturas. Este plan es acompañado por la ONG “Bienaventurados los pobres”.
En ese entorno vivía la familia de Andrés Vizgarra, la que un día, hace más de 30 años, decidió irse del lugar, con destino a la provincia de Buenos Aires, donde se radicaron en los años ‘90.
LA VENTA
En 2011, la comunidad de Los Tunales se sorprendió al enterarse que Andrés Vizgarra había vendido 221 hectáreas del territorio comunitario a Edgardo Quinteros, una persona oriunda de Tucumán. La operación de venta fue realizada en una escribanía de Termas de Río Hondo.
Se trataba de un territorio comunitario de casi 4000 hectáreas, el mismo estaba con “posesión indivisa”, o sea que permanecía sin delimitación alguna entre las tierras de una y otra familia. Aun así, Vizgarra no consultó con sus vecinos a la hora de la venta, sobre todo la familia Bustos, que era la más cercana a su vivienda.
Así es que Quinteros y el mismo Vizgarra se presentaron en aquél momento, con la pretensión de alambrar la zona. Para ello, contaron con la ayuda de guardas armados, algunos de los cuales se identificaron como miembros de “Los Ale”, una banda criminal reconocida por sus negocios ilícitos en la provincia de Tucumán.
Frente a ello, “las familias se organizaron y resistieron pacíficamente, y esas acciones de violencia comandadas por Andrés Vizgarra y el tucumano Quinteros fueron diluidas por la intervención en el lugar del Juez Dr. Santucho”, explicaron desde el MOCASE.
VIOLENCIA
Sin embargo, previo a ello, “los delincuentes contratados habían quemado el cerco de ramas que era comunitario. Luego, se fueron cada uno a su casa y, como siempre, las bandas operando impunemente en nuestros territorios”, destacaron.
A la vez, el movimiento campesino cuenta que “estas acciones de violencia no cesaron”. Si bien “desistieron de intentar de ingresar por la fuerza, buscaron otras estrategias vengativas muy perversas”, tales como “balear y matar a los animales de una de las familias de la comunidad, donde quedaron varios vacunos ciegos o con heridas de muerte”.
En tal sentido, señalaron que “esto fue una forma de cobrarse que no pudieron ingresar y ponerlo en posesión a Quinteros, que había comprado una parte del lote de Los Tunales con más de 40 familias adentro y a su vez posee, una escuela”. Además, especificaron que “este desmán que estuvo ejecutado por Andrés”.
UNA VEZ MÁS
Desde el MOCASE contaron que “con el tiempo reapareció Quinteros, el comprador, con sus órdenes para que Roberto García y Jacinto Vizgarra, hermano de Andrés, comenzaran a ingresar al territorio intentando hacer producción forestal”.
Frente a ello, Zulema Amaya, pobladora de la zona, los denunció por “hurto forestal, amenazas y abuso de armas de fuego”, ya que “estas personas usaban armas de fuego para amedrentar a la comunidad, que parecía perder nuevamente la paz social”.
Ello fue el inicio de una causa penal (Expediente 131/2011), en la que los pobladores del territorio fueron acompañados por el abogado Pablo Muratore, quien “dejó en claro que el territorio es de uso compartido con el resto de las familias para la producción de supervivencia”.
Sin embargo, Yolando Vizgarra, hizo una contradenuncia contra Domingo Amaya, el esposo de Zulema. Así fue que el 28 de septiembre de 2013, el oficial de justicia Héctor Francisco Abdala notificó a los Amaya que existía un interdicto para “retener la posesión”, que se tramitó en el Juzgado Civil y Comercial de 2° Nominación de los departamentos Banda, Robles y Jiménez.
“En esta nueva estrategia de los Vizgarra, aparece el primo hermano de Andrés, conocido en la zona como “Yoli”, para ver si de esta manera, vulneraban a las familias en forma individual”, destacan desde el MOCASE.
Pero “tampoco tuvieron éxito, porque abandonaron la causa y el abogado pidió su caducidad, igualmente ya tenían los plazos vencidos”, precisaron desde el Movimiento Campesino. A la vez, indicaron que “seguramente, el juez de la causa habrá ideado alguna forma para no condenarlos”. Aun así, “no intentaron mover el expediente, tampoco se notificaron de nada, entonces el juez terminó ordenando el archivo de la causa”.
30 AÑOS DESPUÉS
Más de una década después de esta última denuncia de los Vizgarra contra los Amaya, a fines de septiembre de este año 2024, aparecieron en el territorio Rosa Juárez, esposa de Andrés (ya fallecido) y su hijo Cesar Vizgarra intentando ingresar en lo que fuera su vivienda, hoy convertida en tapera.
En ese sector, los pobladores de la comunidad habían construido hornos para carbón.
Ante esto, madre e hijo se dirigieron a la Subcomisaría de Los Quiroga, donde denunciaron por “usurpación” y “robo de animales vacunos y caprinos” a Ramón Bustos, de la comunidad de Los Banegas, Domingo Amaya y a Roberto Orellana, de Los Tunales.
En su denuncia, “manifestaban -dentro de tantas mentiras- que les robaban sus animales, y solo quedaron vestigios de la casa, en total estado de abandono, y que ningún vecino los reconoce como poseedores ancestrales”, señalan desde el MOCASE. Resulta muy lógico que de su casa no quedara nada, pues la habían abandonado hace más de 30 años, y luego vendido a Quiroga.
“Las mentiras denunciadas llegaron en el Juzgado de la Ciudad de La Banda, desde donde las partes son citadas a una conciliación obligatoria”, indicaron desde la organización campesina. La intención del magistrado era que las partes en conflicto se sienten a negociar y abandonen las acciones que los llevaron a denunciar.
“ESTRATEGIA MENTIROSA”
Si bien ambas partes se presentaron frente al juez, “no llegaron a ningún acuerdo con respecto al conflicto, porque el abogado Roberto Orellana, le desarmó toda la estrategia mentirosa que había armado Rosa Juárez, y que su propio abogado desconocía”, informaron desde el MOCASE.
Aun así, las partes en conflicto firmaron un acta compromiso para resolver por medio de la vía civil. Asimismo, acordaron no inferirse amenazas, agresiones o cualquier tipo de violencia física y psíquica, entre otras.
En igual sentido, se comprometieron a “no hacer ninguna modificación dentro del espacio de 521 hectáreas que pretende la señora Rosa Juárez”. En este punto hay que señalar las divergencias entre la cantidad pretendida por la mujer con respecto a las 221 hectáreas que su esposo le vendió a Quinteros.
El acuerdo se realizó por un plazo de 30 días; una vez finalizado el mismo, Juárez debe presentar la documentación correspondiente e iniciar acciones judiciales en lo Civil. Sin embargo, “ya pasaron dos meses, de la fecha establecida para hacerlo, y todavía nada. ¿Qué va a presentar? Nada”, enfatizaron desde el movimiento campesino.
Pese a lo acordado, la ONG señaló que el pasado 21 de octubre, “el hijo de Rosa Juárez, junto a uno de sus nietos, su yerno y algún otro desconocido habrían robado rollos de alambre, que eran parte del cerramiento del lote comunitario”.
Por ello, se hizo la denuncia en la Subcomisaria de Gramilla. “Luego la inspección ocular por porte de la policía, a pesar de las claras evidencias -se pudo observar rastros del auto que se dirigían a la casa vieja de los Vizgarra- no se realizó ningún allanamiento y todo quedó impune”.
Según lo asegura el MOCASE, “la comunidad de Los Tunales se encuentra en estado de alerta, lucha y resistencia, para disipar cualquier intento de usurpación”. En el mismo sentido indicaron que “Los Tunales es una comunidad que no se resignará y seguirá luchando por sus derechos”. Es más, concluyeron que “merece respeto, sobre todo de aquellos que se fueron, vendieron su lugar y hoy se dan cuenta que, sin la tierra, no hay vida”.
Por ello, concluyeron afirmando que “Es demasiado tarde. Los Tunales está de pie y en dignidad, por la tierra el agua y el monte”.
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