Un proyecto busca protegerlos. Fue presentado en la Cámara Diputados y busca ampliar las capacitaciones en materia de violencia de género que dispuso la Ley Micaela.
Micaela García era una joven entrerriana que fue asesinada en 2017 en Gualeguay. Entonces tenía 21 años y militaba en el Movimiento Evita. Su femicida, Sebastián Wagner, había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones previas y estaba en libertad condicional. El asesinato se convirtió en un emblema de la lucha feminista: la imagen de Micaela, sonriente, con un puño alto y una remera de Ni Una Menos recorrió el mundo.
Menos de dos años después de su muerte, el 10 de enero de 2019, se promulgó la ley que lleva su nombre y establece una capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todos los trabajadores de los tres poderes del estado.
A mediados de febrero de 2021 trascendió una iniciativa legislativa para ampliar el alcance -y el contenido- de la actual Ley Micaela. Básicamente, si la ley que ya existe habla de “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres”, el proyecto de ley Alejo plantea que la capacitación debe tratar la violencia “desde la perspectiva de los diferentes géneros y diversidad sexual”. Así, con un cambio semántico, se incluye a los hombres.
La llamada “ley Alejo”, fue presentada en Diputados el 16 de febrero y toma su nombre de Alejo Oroño, un joven de 25 que fue asesinado por su ex novia. Fue apuñalado en la vía pública en Hurlingham. Según consignó entonces el diario Crónica, una prima de la víctima relató que ambos tenían problemas de adicciones y que Alejo sufría violencia, pero tenía vergüenza de relatar lo que le sucedía en la comisaría. “Una vez se animó a entrar, pero no se la quisieron tomar”, dijo.
Eduardo Cáceres es el diputado nacional por San Juan -de Juntos por el Cambio- que impulsó la Ley Alejo. “La violencia de género contra los hombres existe y quizás haya llegado el momento en la sociedad para que lo analicemos desde diferentes sectores sin intentar imponer verdades absolutas”, explicaba. Según dice, su iniciativa apunta a que la capacitación “sea para toda persona, es decir, que incluya a hombres, transgenero, transexuales y travestis”.
Él mismo votó a favor de la Ley Micaela cuando se trató en el Congreso. Por otra parte, también fue acusado y procesado por violencia de género en diciembre de 2020: su expareja -Gimena Martinazzo, vicepresidenta del Pro de San Juan- lo acusó de haberla golpeado. Cáceres asegura que ahora tiene un bozal legal que le impide hablar de la causa pero, apenas conocido el episodio, dio a entender que se trataba de una falsa denuncia.
Mientras tanto, un grupo de diputadas del Frente de Todos pidió que se suspenda a Cáceres hasta que finalice la investigación.
Las llamadas “falsas denuncias” están listadas dentro del proyecto de ley que presentó, que clasifica los tipos de violencia y las incluye dentro de la psicológica. Allí también se menciona a las acciones de distanciamiento e impedimento con los hijos, entre muchas otras variantes Consultado acerca de la magnitud del tema, Cáceres menciona el caso de Agustín Muñoz, un joven barilochense que se suicidó en el 2018 tras una falsa acusación de violencia de género. “Hay otros casos, pero me parece que este es uno muy característico para que podamos llevarlo como puntapié para comenzar el análisis”, explica. Al respecto, el proyecto de ley propone la creación de un Observatorio de la Violencia de Géneros, que dependa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Y propone quitarle autoridad al Ministerio de la Mujer, actual autoridad de aplicación de la Ley Micaela. Dentro de los fundamentos del proyecto de la Ley Alejo, se mencionaba que, de los pocos datos relevados, según la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia, el 23% de las personas denunciadas en 2019 fueron mujeres. Ese mismo informe explica que las víctimas varones representan un 24%, pero detalla que dentro de ese grupo el 61% son niños y adolescentes menores de 18 años.
Esto reflejaría que los hombres que sufren violencia de pareja representan un porcentaje mucho menor.
Para Mabel Bianco, médica y presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), los casos en que los hombres sufren violencia por parte de las mujeres son mínimos. “Esto es en todo el mundo, no solo aquí, lo que pasa es que ahí están las diferencias: está naturalizada la violencia contra las mujeres por este rol estereotipado de varón patriarcal que tiene derechos sobre ellas, y eso es lo que debemos cambiar. Porque eso es lo que afecta a la mayoría de las víctimas, que son mujeres”.
Bianco considera que la ley Alejo toma lo menos frecuente -las falsas denunciasen defensa de la situación privilegiada de los hombres. “Lo siento mucho, pero esto no es la realidad que toda la sociedad reconoce ahora. Y considero que esta ley es una afrenta a las mujeres”.
Cáceres, por su parte, plantea que solamente busca ampliar los alcances de la Ley Micaela para que no contemplen la violencia con respecto a un solo sexo. Otros catorce diputados co-firmaron la iniciativa.
(Fuente: La Nación, por María Ayzaguer)