El Parlamento indonesio aprobó este martes 6 de diciembre una ley que penaliza las relaciones sexuales fuera del matrimonio y la cohabitación, una medida denunciada por activistas de derechos humanos como un paso atrás y un avance hacia el fundamentalismo en el país musulmán más poblado del mundo.

La reforma del código penal, que se remonta a la época colonial neerlandesa, fue aprobada por mayoría de los diputados. El texto, que aún debe ser firmado por el presidente, entrará en vigor dentro de tres años. La ley castiga con un año de cárcel las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y con seis meses de prisión la cohabitación de parejas no casadas, según una copia de la ley vista por la AFP.

«Hemos hecho todo lo posible por tener en cuenta las cuestiones importantes y las distintas opiniones que se han debatido», declaró al Parlamento la ministra de Justicia, Yasonna Laoly.

«Sin embargo, es hora de que tomemos una decisión histórica sobre la modificación del código penal y dejemos atrás el código penal colonial que heredamos» cuando el país obtuvo la independencia en 1949, añadió la funcionaria.

Albert Aries, portavoz de la comisión encargada de redactar el proyecto de ley en el Ministerio de Justicia, declaró que la reforma protegerá la institución del matrimonio. Subrayó que los actos sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales solo pueden ser denunciados por los cónyuges, los padres o los hijos, lo que limita de hecho el alcance de la ley. Pero los críticos de la nueva ley la han denunciado como un ataque a la libertad moral.

«Democracia en declive»

Los primeros borradores del proyecto de ley incluían la penalización de la homosexualidad, pero esta disposición desapareció del texto final.

Los grupos de derechos humanos afirman que las nuevas enmiendas ponen de manifiesto un creciente giro hacia el fundamentalismo en un país que durante mucho tiempo ha sido aclamado por su tolerancia religiosa y donde el laicismo está consagrado en la Constitución.

La nueva normativa podría tener también importantes repercusiones en la comunidad LGBTIQ+ de Indonesia, donde no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.

«Estamos retrocediendo… deberían haberse abolido las leyes represivas. Pero el proyecto de ley demuestra que los argumentos de los académicos extranjeros son ciertos, que nuestra democracia está indiscutiblemente en declive», declaró a la AFP Usman Hamid, director de Amnistía Internacional Indonesia.

Blasfemia ampliada

En 2019, decenas de miles de personas salieron a la calle para protestar contra un proyecto de ley similar, lo que obligó al Gobierno a dar marcha atrás. El nuevo código contiene varios artículos nuevos sobre la blasfemia, ya tipificada como delito en Indonesia, que amplían su definición. Alentar u obligar a otros a renunciar a su religión, la apostasía, es ahora también un delito castigado con penas de prisión.

La reforma también castiga con hasta cuatro años de cárcel la difusión de una ideología «contraria a Pancasila», la ideología oficial indonesia, que hace hincapié en la unidad y el respeto a las minorías étnicas y religiosas.

En otra reforma aprobada el martes, la pena de muerte, a menudo impuesta en Indonesia por delitos relacionados con el tráfico y uso de drogas, se combinará a partir de ahora con un periodo de libertad condicional de diez años, tras el cual podrá conmutarse por cadena perpetua si el condenado ha mostrado un comportamiento ejemplar.

Un centenar de personas que protestaban contra el proyecto de ley desplegaron el lunes en Yakarta una pancarta amarilla en la que se leía: «Rechazad la adopción del código penal revisado».

Algunos colocaron pétalos de flores en la pancarta a modo de funeral. Según Abdul Ghofar, activista del grupo ecologista indonesio WALHI, estos actos simbólicos reflejaban el «dolor» de la población ante la inminente aprobación de la revisión.

Bambang Wuryanto, jefe de la comisión parlamentaria que supervisó las deliberaciones sobre el texto, reconoció que «es un producto humano y, por tanto, nunca será perfecto». Pero instó a los críticos a «presentar un recurso legal ante el Tribunal Constitucional» en lugar de protestar./France24