El tribunal penal de la circunscripción judicial Trelew definirá esta semana si los acusados de la violación grupal en Chubut tendrán juicio oral o abreviado. Si bien el hecho que se investiga ocurrió en 2012, cobró relevancia pública el pasado mes de junio cuando el fiscal a cargo de la causa, Fernando Rivarola, calificó la violación como “desahogo sexual”.

En enero del 2019, una joven denunció que fue violada por un grupo de varones en una casa del balneario Playa Unión de la ciudad de Rawson, Chubut. Según su relato, el hecho ocurrió en septiembre de 2012, cuando ella tenía 16 años en una fiesta por el día de la primavera. La denuncia tomó gran repercusión en la provincia y la Justicia abrió una investigación de oficio. Cinco de los seis jóvenes acusados fueron imputados por “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”.

Luego, tres de los seis denunciados quedaron apartados de la causa: dos porque eran menores al momento de los hechos, y el restante porque logró acreditar que estaba con su novia en las cercanías, pero no en el lugar del abuso.

El hecho repercutió públicamente en junio cuando el fiscal Fernando Rivarola acordó un juicio abreviado con los imputados, lo que implica una pena menor y una aceptación de la culpa de los acusados, siempre y cuando también haya aceptación por parte de la víctima.

La polémica se generó cuando Rivarola modificó la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o mas personas”. En un fragmento del pedido de juicio abreviado, el fiscal utilizó la definición “accionar doloso de desahogo sexual”. Este cambio de calificación generó una gran polémica al transformar en excarcelable el delito, reducir la figura a “tocamientos” y aceptar un resarcimiento económico cuyo monto no se conoció por tratarse de “un acuerdo confidencial”.

El juez Marcelo Nieto De Biase, elegido para homologar el trato al que se llegó (con el consentimiento de la víctima), optó por rechazarlo, cuestionando entre otras cosas el acuerdo económico. “Me resulta repugnante porque eso es convalidar que haya una justicia para ricos y una para pobres”, argumentó entonces.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut habían anticipado que se apelaría la medida “por no haber respetado la voluntad expresa de la víctima y soslayar la opinión de su terapeuta, quien explicó las razones por las cuales la joven no puede continuar con este proceso”.

Finalmente, el fiscal Rivarola insistió en la validez del acuerdo e impugnó la decisión del juez, ante el tribunal que integran los camaristas Alejandro Gustavo Defranco, Roberto Adrián Barrios y Luis Maria Pintos; quienes realizaron una audiencia el 30 de julio para escuchar a las partes y ahora deberán expedirse este jueves.

El dato llamativo de dicha audiencia que se realizó de manera virtual, fue que hubo un “vuelco” en la postura de dos de los tres imputados quienes adelantaron que ya no quieren el acuerdo de partes y pedirán ir a juicio oral.