A través de un extenso comunicado, la Dirección de Genero de la Provincia, se pronunció al respecto a las denigrantes arengas que usaba el preparador físico del Club Güemes.

«Se valió de ejemplos lamentables, para motivar a sus jugadores; el mismo, promueve un discurso, que genera y profundiza los estigmas, la discriminación y la violencia contra las mujeres, situación que es reprochable y debe ser sancionada.

Entendemos, que el mecanismo central que sustenta en este caso la discriminación por motivos de género, son los dichos, en los que se naturaliza y banaliza un hecho grave, con un alto grado de desconocimiento hacia los derechos de las mujeres.

La Dirección, además de contribuir a preservar los derechos que consagran la Constitución y las leyes que rigen en la materia que nos ocupa, debe garantizar su efectivo cumplimiento a las disposiciones normativas, la Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. De acuerdo con la citada Ley, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón (artículo 4). La ley reafirma que la violencia hacia las mujeres es el resultado de patrones socioculturales de género que “colocan a las mujeres y niñas en una posición subalterna al género masculino, lo cual crea una relación desigual de poder que directa o indirectamente afecta la vida, libertad y seguridad de las mujeres en todos sus ámbitos” .

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ONU 1979. Se le otorgó rango constitucional en la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 22 Constitución Nacional). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA, Belem do Para, 1994).

Como es evidente, la lucha por combatir un fenómeno que lleva siglos de existencia, es una tarea enorme, y compromete a todas las áreas de la sociedad.

Requiere del compromiso y la participación de todas las personas; en particular, de todos los agentes del Estado, a través de la promoción de articulaciones, compromisos y acciones específicamente destinadas a ello, en este sentido , exigimos y ponemos a disposición del Club la Capacitación en el Marco de la LEY Micaela (7.290).No podemos naturalizar, ni permitir que quienes tienen la obligación de formar, desde cualquier espacio, lo hagan a través de una representación distorsionada, sesgada, estereotipada y violenta sobre lo que significa el “ser mujer”, cosa que atenta consecuentemente contra el derecho de las mujeres a una vida más digna en todos los sentidos.

El discurso de género se enfrenta al pensamiento dominante del patriarcado, que se ha consolidado en la historia a través de acciones y discursos vistos como algo “natural” cuando en realidad son construcciones sociales impuestas de modo brutal o sutil, y de modo tan constante que llegan a valorarse como “normales, que hacen un daño terrible en el proceso formativo de todas las personas y en donde la deformación de la figura de las mujeres cobran mayor repercusión.

Su modificación requiere que todos los poderes, niveles y áreas del Estado ejecuten políticas públicas sistemáticas para modificarlos y erradicarlos; pero, también, un cambio cultural que llegue a la subjetividad de todas las personas. Debemos garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica».